Con esto se garantiza que ejidatarios y gobierno de Zacatecas acepten negociar, dice

Los tepehuanos, dispuestos a salir de Bernalejo y Pajaritos: Guerrero Mier

El gobernador de Durango lamenta que Monreal se niegue a aportar 2.5 millones

ROSA ROJAS ENVIADA

Pajaritos, Dgo., 13 de marzo. Después de más de cuatro horas de negociaciones con los líderes de la comunidad tepehuana de Santa María Ocotán, el gobernador de Durango, Angel Sergio Guerrero Mier, informó que los indígenas manifestaron su disposición a replegarse y retirarse a partir de esta tarde de este poblado y de Bernalejo, "para evitar que se siga diciendo que no se respeta el estado de derecho". Con esto, consideró el mandatario, disminuye la tensión en el conflicto que enfrenta esta comunidad con ejidatarios de Zacatecas y se elimina la posibilidad de una irrupción violenta de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Guerrero Mier se reunió con los dirigentes Carmelo Mendoza, presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María Ocotán; Faustino Reyes, de la comisión de vigilancia, y Santos Galindo, ex comisario. Participaron también el representante de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar; el procurador agrario, Isaías Rivera, y el director de la Policía Ministerial de Durango, Eulalio Aldama Enríquez.

La negociación se realizó en una choza de madera anexa a la escuela de Pajaritos, en la que en forma apresurada los ejidatarios mestizos que desde 1956 la habitaban terminan de empacar sus enseres domésticos y desarmar techos, ventanas... todo lo que sea posible transportar antes de que venza el ultimátum que les dieron los tepehuanos para retirarse, que vence el próximo domingo.

Dos horas antes, en Huejuquilla -poblado jalisciense ubicado a 70 kilómetros de Pajaritos- se efectuó una reunión "informal" del procurador agrario con 26 ejidatarios desplazados de Bernalejo. Una vez más, éstos rechazaron en forma rotunda cualquier pretensión de que regresen a las tierras que disputa Ocotán, de las cuales fueron desalojados el lunes pasado.

El funcionario informó que en cuanto haya condiciones se realizará una reunión formal con el propósito de instalar la mesa de negociaciones, con la presencia de los gobernadores de Durango y Zacatecas, para entrar "a la solución de fondo del problema". Ahí, Manuel Castro Vera, ejidatario de Bernalejo, aseveró en entrevista que es insuficiente la indemnización que propone el gobierno federal, de poco menos de 500 mil pesos por persona, pues cada uno de ellos demanda un millón de pesos.

En entrevista, antes de abordar el helicóptero para retirarse, Guerrero Mier consideró, "sin falsos optimismos", que hay "disposición de los ejidatarios (de Bernalejo) y comuneros de Santa María Ocotán de destrabar el conflicto", ya que "ahora sí" hay un apoyo muy decidido del gobierno federal. Consideró que con el repliegue de los tepehuanos y el retiro del bloqueo de caminos se "garantiza que los ejidatarios y el gobierno de Zacatecas acepten ya la negociación".

Del posible ingreso de la PFP a Pajaritos y Bernalejo, respecto del cual los líderes tepehuanos todavía tenían que consultar a la asamblea comunal y por la noche darían respuesta a Florencio Salazar, Guerrero Mier informó que "va a haber una zona de resguardo, ni Policía Ministerial de Zacatecas ni Policía Ministerial de Durango", la PFP va a monta "un operativo de resguardo de la seguridad pública, evitando la presencia de armas; inclusive ellos no estarán armados para dar seguridad de que se restablecen las circunstancias anteriores, de que hay paz y tranquilidad, y de que hay una fuerza imparcial que no obedece a los intereses de ningún estado, sino que viene solamente a garantizar la seguridad".

Al cuestionarle si con esto se sienta un precedente de que cualquier grupo indígena que argumente que sus tierras están invadidas puede desalojar a las personas que considere invasoras, el gobernador duranguense reviró: "después de lo de Chiapas ya no hay precedente alguno. Si habláramos de restablecer el estado de derecho, Ƒqué tendría que hacerse en Chiapas para todos los desalojados que han sido víctimas de despojos, para todas las invasiones que se han realizado?"

Agregó que los asuntos "de carácter social de este país, que obedecen al grave despojo de los pueblos indígenas, no pueden verse con una óptica estricta de decir: yo soy abogado, soy respetuoso de la ley y exijo el estado de derecho. Obedecen a causas históricas, jurídicas y sociales, y deben verse con ese enfoque para solucionarlos, no para agravarlos. No se trata de decir 'esto nos pertenece y lo vamos a rescatar por la fuerza', sino de aplicar medidas de presión inconvenientes, que a la luz del derecho son ilícitas, pero cuando hay circunstancias sociohistóricas debe recordarse que la de los pueblos indígenas es una historia de graves despojos, y esto se demuestra con lo que ha pasado en Chiapas, en Oaxaca y en muchas partes, porque hay más de 183 puntos de conflicto en el país que afectan a los indígenas.

"Estos terrenos de Bernalejo -afirmó- siempre pertenecieron a la comunidad de Santa María Ocotán, inclusive cuando se emitió esa absurda resolución, el mandamiento agrario de 1956, que vino a crear un ejido en tierras comunales, es un acto atentatorio de los derechos indígenas. ƑPor qué se vino a constituir (un ejido) en tierras comunales, si las tierras comunales no son afectables? Vinieron los campesinos y quemaron las casas, apoyados por defensas rurales, mataron a cuatro personas, los desplazaron a fuerza y anduvieron abriendo las tierras armados... Entonces, eso no es cosa del decreto expropiatorio solamente. El decreto se pensó como una medida jurídica para restituir aquello que había sido despojado a los comuneros, pero no dio resultado a pesar de que se consensó, a pesar de que el entonces gobernador de Zacatecas estuvo de acuerdo y firmó, pero después se arrepintieron y vinieron los amparos y el decreto expropiatorio no solucionó el gravísimo error jurídico de 1956. Entonces aquí la violencia no ha sido una práctica de los comuneros, sino que ya desde entonces había habido una verdadera rebelión y una guerra para oponerse a todos los atentados y todas las arbitrariedades de que fueron víctimas en aquella época."

Por otra parte, Guerrero Mier lamentó que el gobierno de Zacatecas se negara a aportar 2.5 millones de pesos para constituir un fondo cuyo propósito es indemnizar a los ejidatarios de Bernalejo, luego de que la administración duranguense aportara 2.5 millones. Sin embargo, dijo que él mantiene su propuesta: "no tengo dinero, pero a ver cómo le hago con tal de que se arregle este asunto, y (lo que reúna) sumarlo a una bolsa que puede ascender ya a 32.5 millones de pesos".

Las semillas del odio

La reacción de muchos zacatecanos frente al desalojo de los ejidatarios de Bernalejo por parte de los comuneros tepehuanos ha sido de rabia. Así, mientras los ciudadanos han instalado un retén en Valparaíso para impedir el paso de camiones cargados de madera que bajan de la sierra rumbo a Durango, los menores de San Juan Capistrano empiezan a agredir verbalmente a sus compañeros que estudian en el albergue para niños tepehuanos que existe en ese lugar.

En esta sociedad de frontera hay quien ha discutido "envenenar los pozos de agua que usan los poblanos (así denoniman a los tepehuanos)", aunque hubo reparos a esa idea, porque morirían muchos niños y mujeres y "nosotros (los mestizos) no tomamos de esa agua pero nuestro ganado sí, y se pueden morir muchas reses".