Tendenciosa, la relatoría del diálogo: líderes campesinos

Soslaya Economía petición de que se revise el TLCAN

Ante demanda de presupuestos multianuales para el agro, Gil Díaz solicita apoyo "para una buena reforma fiscal"

ANGELICA ENCISO Y ENRIQUE MENDEZ

La Secretaría de Economía dejó fuera de la relatoría de las mesas del diálogo por una política de Estado para el campo la demanda de revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), principal exigencia de las organizaciones de jornaleros, y con ello dejó claro que el gobierno federal no está por la defensa del interés de los pequeños agricultores, sostuvieron ayer líderes agrarios.

Y no sólo esta respuesta desconcertó a las organizaciones, sino también la que les dio Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, a su demanda de contar con presupuestos multianuales y mayores recursos para el agro, ya que solicitó la ayuda de los dirigentes para "hacer una buena reforma fiscal", establecer un marco jurídico para evitar la evasión de impuestos y cobrar el IVA generalizado, informaron asistentes a sendos encuentros.

En las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SG), los funcionarios entregaron ayer a las agrupaciones campesinas las relatorías respectivas, y en ellas se evidenció la tendencia que busca dar el gobierno federal al Acuerdo Nacional para el Campo, al dejar fuera de los documentos las sentidas demandas de transformación de la política agropecuaria y, sobre todo, la revisión del TLCAN, agregaron.

Además, ante la falta de respuesta de la administración federal al reiterado señalamiento de que en plena negociación para transformar las acciones gubernamentales en el agro, continúa la transmisión de espots en apoyo al TLCAN y las políticas del sector, el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Alvaro López Ríos, reiteró el ultimátum que las organizaciones han hecho desde hace tres semanas: "si para el lunes no se han dejado de transmitir los anuncios, nos retiraremos de la negociación".

En respuesta a este planteamiento, el jefe de la Unidad de Gobierno de la SG, Gonzalo Altamirano Dimas, pidió actuar con responsabilidad, dijo que "en una mesa de diálogo debe mediar la racionalidad, no las amenazas de ningún tipo", y aseguró que el tema de los anuncios es algo que puede discutirse.

Durante la reunión con el titular de Economía, Fernando Canales Clariond, alrededor de 30 representantes de El campo no aguanta más, El Congreso Agrario Permanente (CAP), la Confederación Nacional Campesina y El Barzón recibieron una relatoría en la que no se destaca la demanda de revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, lo cual motivó los reclamos inmediatos de los asistentes.

"El documento es una versión acotada de las demandas campesinas, tendenciosa y selectiva", sostuvo el coordinador del CAP, Rafael Galindo, porque sólo recogió los planteamientos y enfoques expuestos por los funcionarios, tanto en sus declaraciones como en la publicidad oficial. "Se buscó minimizar el cúmulo de ponencias en demanda de la revisión del capítulo agropecuario del acuerdo comercial, presentadas durante las cuatro semanas del diálogo".

Con esto, lo que el gobierno busca es dar "una tendencia a la resolución y refleja la actitud que va a defender".

López Ríos indicó que a Canales Clariond se le dijo que "la relatoría era facciosa y parcial, porque no contenía las expresiones y la demanda central de que el capítulo agropecuario se debe renegociar". Sobre ello, el compromiso del funcionario fue que aún faltaba la negociación y que asumiría una "posición patriota para ver de qué manera se defendían los intereses de los productores, sobre todo los de granos".

Expuso que la renegociación no era la única alternativa, porque había instrumentos del propio TLCAN que podían utilizarse y todavía no era momento de definir la posición gubernamental, porque "todo dependería de una negociación al interior del gabinete que ha participado en las mesas del diálogo".

De acuerdo con la versión de López Ríos, el secretario les dijo que de manera informal ya había hecho algunos contactos con autoridades estadunidenses y canadienses para demandarles comprensión acerca de la situación que padece el campo mexicano.

Galindo mencionó que aunque esta fase corresponde sólo a la presentación de las relatorías de las mesas que se realizaron durante un mes en el Archivo General de la Nación, es importante, porque "es la materia prima para comenzar a negociar el lunes el acuerdo y sirve para percibir la actitud de los funcionarios, la cual nos parece que no es muy flexible.

"Quieren llevarnos a su esquema, prácticamente buscan convertir en acuerdo nacional el esquema del blindaje agropecuario que ellos diseñaron. Nosotros insistimos en que el asunto central del pacto es modificar políticas públicas, crear un nuevo diseño de apoyo al campo y, sobre todo, incorporar recursos económicos adicionales a los previstos en el presupuesto de egresos", agregó.

Hasta ahora, aseveró, el gobierno se ha cuidado de no hacer compromisos o definir posturas en las negociaciones, "aunque el documento que nos presenta sobre la relatoría nos da a entender cuál es su propósito en esta negociación: ceñirse estrictamente a sus propuestas oficiales y vetar la incorporación de sugerencias de las organizaciones".

Por la tarde llegó el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a quien las organizaciones presentaron sus demandas de presupuestos multianuales y que los recursos del fondo petrolero se destinen al agro. Según la versión de López Ríos, la respuesta fue "pedir ayuda" para obtener más ingresos por medio de una "buena reforma fiscal", y además les informó que el dinero del citado fondo ya está etiquetado en el presupuesto de egresos, y eso no se puede cambiar.