Se justifica de no poder probar que fue una simulación

Detalla IFE inconsistencias del sorteo millonario priísta

Sugiere a Gobernación investigar eventuales violaciones

ALONSO URRUTIA

Entre las conclusiones de la investigación de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el Pemexgate destaca el hecho de que en la realización del Sorteo Milenio Millonario -usado por el PRI, según testigos, para lavar el ingreso de 125 millones de pesos- se encontraron conductas que pudieran constituir violaciones a la legislación aplicable y que la Secretaría de Gobernación debería indagar.

Al justificar el dictamen las razones por las cuales no se pudo sancionar al PRI por los numerosos indicios de irregularidades, la comisión asume que gran parte de los elementos de prueba son declaraciones ministeriales sin que se lograran consolidar otros aspectos probatorios, por lo cual la autoridad "no puede concluir con plena certeza e indubitablemente que la realización del sorteo haya sido una simulación".

Pese a estas conclusiones derivadas de la imposibilidad jurídica de probarlo, el desglose da cuenta de inconsistencias, que el PRI no pudo justificar: de un total de 28 ganadores, sólo 17 personas declararon ante la Procuraduría General de la República, y de ellas 15 dijeron no haber comprado boleto; 13 de esos 15 ganadores reintegraron el premio en su totalidad al PRI y uno más 70 por ciento.

De las 17 que declararon no haber comprado boleto del sorteo, 13 señalaron que una persona del PRI les solicitó que le hicieran un favor, consistente en cobrar un premio y luego reintegrarlo al partido. Las personas señaladas en los testimonios son: Adrián Gallardo (coordinador nacional de Propaganda del CEN del PRI), Elpidio López (secretario técnico de la Secretaría de Administración y Finanzas, involucrado en el retiro de dinero de la cuenta del sindicato petrolero abierta con el préstamo de Pemex), Alonso Bretón (subsecretario de la Secretaría de Administración y Finanzas), Melitón Cázares (secretario técnico de la Subsecretaría de Finanzas y en la misma condición que López), Elliot Gustavo Garcés (adscrito a la Comisión de Financiamiento Privado y encargado de realizar los trámites del sorteo ante Gobernación) y Alonso Veraza (coordinador administrativo de la Secretaría de Elecciones, también involucrado en el movimiento de dinero del sindicato).

Entre las pruebas de descargo que presentó el PRI está parte de la declaración ministerial de Guadalupe Fong, una de las ganadoras: "Recuerdo que a finales de 2000, mi esposo, Elpidio López, me dijo que había comprado un boleto y que estaba a mi nombre (el reporte del PRI es que todos los boletos carecían de nombre y eran al portador, tipo Lotería Nacional); yo tenía que ir a cobrar el premio en donde él trabajaba..."

Otra ganadora, Lourdes Zamora, dijo que su tía estaba casada con Elliot Gustavo Garcés. Este le pidió un favor, "citándola en el edificio del CEN del PRI, donde se entrevistó con otra persona que le entregó un boleto y le dijo que tendría que recoger unas cosas. La pasaron a otra sala donde le pidieron que dijera que el boleto que acababa de llenar se lo habían regalado y que se lo tenía que entregar a unas personas en la sala contigua para que le entregaran unos documentos (Bonos del Ahorro Nacional); al salir se encontraba la persona que la había recibido en el CEN del PRI, quien le arrebató los folios y la condujo al mezzanine para darle las gracias. Señaló que desconocía que era un sorteo hasta que firmó los papeles".

En todos los casos, según el reporte del PRI, el ganador es "al portador (anónimo)", lo cual se vincula a que no hay explicación sobre cómo se enterarían los ganadores del supuesto premio.

De acuerdo con declarantes sobre lo que era el sorteo millonario, Alonso Veraza y Teódulo Gómez enviaron dinero en dos aviones del PRI para aparentar compras de boletos que justificaran el ingreso.

En el análisis de la comisión se comprobaron inconsistencias en el sorteo que hacen presumir violaciones a la legislación vigente. Entre ellas, el hecho de que el PRI no presentó listado de boletos vendidos y no vendidos a Gobernación argumentando que vendió todos; no consta el lugar de venta de los mismos y nunca pudo especificarlo ese partido.

Otro de los puntos sospechosos es que el partido haya violado las reglas para la entrega de los premios y Gobernación lo permitiera. Según la mecánica, la entrega se debió haber hecho el 20 de septiembre de 2000, 30 días después de celebrado el sorteo. Hubo dos entregas extemporáneas: 22 de septiembre y 10 de octubre, aunque en la primera hay oficio de autorización.

Otro indicio es que mientras la promoción del sorteo venció el 21 de agosto de 2000, "la cuenta bancaria abierta para recibir los depósitos por concepto de venta de boletos registró ingresos incluso posteriores a la entrega de los premios". Según la lista de recursos provenientes de la venta, se recibió dinero aun en enero y febrero.

Otro elemento es que la autorización del sorteo fue el 16 de junio y los primeros depósitos se realizaron 21 y 22 de junio en Campeche, Chihuahua y el Distrito Federal. "Se presenta una razonable coincidencia temporal entre las fechas en que se instrumentó la celebración del sorteo y aquella en que se llevaron a cabo los retiros de la cuenta del sindicato petrolero".