FACCIOSA PROCURACION DE JUSTICIA
La
captura y los previsibles arraigo y orden de aprehensión contra
Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), por los cargos de violación al secreto
bancario y lavado de dinero, son hechos que manifiestan, en primer lugar,
que en el gobierno de Vicente Fox la procuración de justicia está
tan facciosa y amafiada que ni siquiera se preocupa de cuidar las apariencias.
Tal aseveración no vendría al caso si la
Procuraduría General de la República hubiese actuado con
rigor y celeridad tras el allanamiento y la confiscación, a la vista
de todo el mundo, de las instalaciones de transmisión de CNI Canal
40 por pistoleros de Tv Azteca; si algunos "amigos de Fox" hubiesen sido
colocados en una situación remotamente similar a la que enfrenta
ahora Fernández, o si se hubiese indagado las posibles responsabilidades
de alguno de los funcionarios de primer nivel responsables de las más
sonadas torpezas del presente sexenio.
Tampoco habría lugar para el reclamo si la PGR
hubiese emprendido, más allá de corteses y obsecuentes tomas
de declaración, alguna acción concreta para castigar a los
culpables de la represión política de tiempos de Luis Echeverría
y José López Portillo, o si en la actual administración
se hubiera dado un paso, un solo paso, en el esclarecimiento de los criminales
y multimillonarios fraudes perpetrados, en detrimento de la nación,
al amparo del rescate bancario zedillista. Es pertinente recordar que el
ahora indiciado Fernández, quien aparentemente no tuvo empacho en
violar el secreto bancario, fue en su momento, junto con muchos otros encubridores,
un férreo defensor de ese dudoso precepto jurídico.
Pero ocurre que el ex presidente de la CNBV, dos días
antes de su detención, había revelado públicamente
información que deja mal parada a la organización Amigos
de Fox, y que la demanda contra Fernández fue interpuesta por quien
fuera el jefe de esos amigos, Lino Korrodi, el cual, por su parte, disfruta
de un amparo y de la amable ineficacia que exhibe la PGR cuando se trata
de llevar ante la justicia a individuos próximos al titular del
Ejecutivo federal.
El manejo de la averiguación en torno del presunto
financiamiento ilícito de Amigos de Fox, así como los constantes
regateos entre el poder público y las cúpulas priístas
para dar carpetazo al asunto del Pemexgate, dejan entrever que,
en materia de procuración facciosa de justicia y de manejo patrimonialista
del poder público, el autoproclamado gobierno del cambio no ha cambiado
nada.