Se investigará si hubo violaciones a la ley, informa el ministro de Gobernación

Excomulgan a padres y médicos que practicaron aborto a niña en Nicaragua

La vida de la menor corría riesgo con cualquier decisión: dictamen de una junta médica

AFP

Managua, 22 de febrero. La Iglesia Católica de Nicaragua excomulgó a los padres, médicos y grupos feministas que participaron en el aborto de una niña embarazada de nueve años, mientras que el gobierno anunció la apertura de una investigación contra los involucrados, informaron este sábado fuentes oficiales.

"Se investigará bajo qué circunstancias se practicó este aborto, para ver si hubo violación a la ley", advirtió el ministro nicaragüense de Gobernación, Arturo Harding.

De acuerdo con el funcionario, la investigación incluirá la clínica privada de Managua donde la víspera se le practicó el aborto a la menor -cuyo nombre y ubicación es celosamente reservado por los padres-, así como a su abogado y tres activistas de la Red de Mujeres contra la Violencia, organización que asumió la representación de los padres de la niña.

La menor, quien tenía 15 semanas de gestación, había quedado embarazada producto de una violación en Costa Rica, a donde sus padres habían emigrado hace ocho años en busca una mejor vida.

La niña fue sometida el viernes a un aborto terapéutico en un centro privado de la capital, luego de que las autoridades del Ministerio de Salud se negaron a interrumpir el embarazo, alegando que la niña estaba en condiciones físicas de dar a luz.

El aborto se realizó con el consentimiento de los progenitores, quienes se basaron en el artículo 165 del Código Penal de Nicaragua, el cual establece que "el aborto terapéutico será determinado científicamente con la intervención de tres facultativos (médicos), por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer para fines legales".

La ministra de Salud, Lucía Salvo, dijo: "nuestra misión es salvar vidas (...) el aborto sólo se da cuando está en peligro la madre, pero la condición física de la niña era estable, al menos hasta el día en que los padres la sacaron de nuestro hospital, el martes pasado", y agregó que no había consentimiento de las autoridades de Salud para practicar el aborto.

Por su parte, la Iglesia Católica nicaragüense condenó el aborto, lo calificó de "crimen" y pidió que se castigue a los responsables, para "que en Nicaragua no siga reinando la cultura de la muerte.

"Hacemos un llamado a que se defienda la vida. El gobierno y personas que correspondan deben ser firmes (...) vamos a ver si en realidad los dirigentes del gobierno y las instituciones están en favor de la vida o de la muerte", demandó el obispo auxiliar de Managua, Jorge Solórzano.

El obispo dijo a las organizaciones feministas que la Iglesia se "acercará a ellas para manifestarles que existía la posibilidad de salvar las dos vidas", y confirmó públicamente que los padres, médicos y feministas que participaron en el aborto están "excomulgados", decisión que se tomó basándose en el Código Canónico.

Abogados consultados por la prensa local advirtieron que los padres y los médicos que practicaron el aborto de foma clandestina podrían ser acusados criminalmente por actuar sin la aprobación de una junta médica autorizada.

No obstante, una junta médica que estudió el caso dictaminó que la vida de la menor corría peligro tanto si se le practicaba el aborto como si continuaba con su embarazo, por lo que dejó la decisión en manos de los padres y no dejó clara la posición gubernamental.

La asesora jurídica de La Red de Mujeres contra la Violencia, Juanita Jiménez, dijo que están listas para responder a "cualquier recurso que puedan interponer (en su contra) los sectores oscurantistas, que lejos de atender una situación sumamente complicada para una menor y su familia, se limitaron a poner en riesgo su vida".