Jueces anunciaron apoyo a leyes que dan impunidad
Ministro de la Corte Suprema de Argentina será
recusado por ONG
STELLA CALLONICORRESPONSAL
Buenos Aires, 22 de febrero. Adolfo Vázquez,
ministro de la Corte Suprema, será recusado por el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) por haber incurrido en violación de sus
funciones al adelantar al vicario castrense, Antonio Baseotto, que esa
institución convalidaría la vigencia de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, que permitieron la impunidad de los responsables
de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar
(1976-1983).
Asimismo, se propone denunciar ante la Organización
de Estados Americanos (OEA) la reunión mantenida con el resto de
los ministros por el vicario como una acción indudable de presión
en un tema tan sensible para el país.
Después de un fuerte avance, cuando ya algunos
jueces se habían expresado sobre la inconstitucionalidad de dichas
leyes, especialmente por los delitos que prescriben, como la desaparición
forzada de personas, esta acción de una autoridad de la Iglesia
católica es una "amarga señal", sostienen organismos humanitarios.
En 1998 las leyes fueron derogadas por el Congreso y hubo
fallos de primera y segunda instancias declarándolas anticonstitucionales.
Otros siete jueces de la Corte Suprema dijeron que las expresiones de Vázquez
eran una opinión personal.
"Esta corte ya tiene dicho que las leyes son constitucionales.
Estamos hartos de los jueces que no respetan los precedentes y tienen miedo
a la prensa", habría sostenido Vázquez ante el vicario castrense.
En una declaración conjunta de diversos organismos
pro derechos humanos se declaró ilegal el desempeño de la
corte, pues "conceder audiencias a sectores interesados ajenos a la causa
indica sometimiento del cuerpo a un acto de presión pública".
En tanto, durante un homenaje a las Abuelas de Plaza de
Mayo en Rosario, Estela de Carlotto, presidenta de esa institución,
dijo que es una noticia "espantosa y demoledora" que un obispo haya realizado
semejante solicitud.
Carlotto y otros líderes advierten que si no se
logra justicia, la democracia continuará tambaleándose en
el país, que por estos días asiste al retorno de las "mafias
del poder", en crímenes que la justicia no aclara porque tienen
relación tanto con el pasado de la dictadura militar como con el
periodo en que gobernó Carlos Menem.
La dirigente criticó "la complicidad de la Iglesia,
especialmente en las altas esferas, con los hechos de la dictadura y las
fuerzas armadas, que no se resignan a ser juzgadas. A esto se une una corte
que está cuestionada".
Aunque algunos jueces voten contra la invalidez de las
leyes, la mayoría, según la versión difundida ayer,
estaría dispuesta a sacar el fallo que esperan los militares. Precisamente
el viernes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentó
como querellante en un juicio en La Plata, en el cual se investigan los
delitos que habría cometido el sacerdote Christian Von Wernich durante
la dictadura militar.
El nombre del cura apareció en muchos testimonios
de víctimas, ya que actuaba como capellán de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires, cuando estaba bajo el dominio de Ramón
Campos, el famoso general que no vacilaba en reconocer que había
matado personalmente a miles de "subversivos".
El sacerdote fue acusado por el fiscal Félix Crous
por torturas agravadas, privaciones ilegítimas de la libertad, homicidios
y otros delitos.
Luis Velazco, sobreviviente de la dictadura, escuchó
a Von Wernich decir a un prisionero que imploraba por su vida mientras
era torturado: "la vida de los hombres depende de Dios y de tu colaboración".
En otros testimonios figura acompañando a detenidos cuando eran
fusilados y arrojados a una fosa común. También se acusa
al sacerdote de intentar quebrar la voluntad de las víctimas, amenazar
y alentar al silencio a los familiares, entre otros graves delitos, ya
que estuvo en campos clandestinos, donde militares y policías se
robaron a niños de desaparecidos.
Por su parte, el fiscal Jorge Eduardo Auat, de Chaco,
solicitó la detención de 51 responsables de crímenes
de lesa humanidad en esa provincia, lo que podría alcanzar al actual
jefe del ejército, Ricardo Brinzoni, quien era secretario de la
intervención militar de la dictadura en ese lugar cuando sucedieron
los delitos.
Brinzoni también está querellado por la
llamada "matanza de Margarita Belén", en la cual 22 detenidos fueron
ejecutados en un camino de esa provincia, lo que se pretendió encubrir
como "un intento de fuga".
Auat, por su parte, también se pronunció
por la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Todo esto contrasta con el hecho de que en estos días
se pretenda llevar a juicio oral a cinco sindicalistas por hacer pintas
en el Ministerio de Economía de La Plata durante una manifestación,
como ejemplo de la manera en que está actuando la justicia aquí.