Jueces anunciaron apoyo a leyes que dan impunidad

Ministro de la Corte Suprema de Argentina será recusado por ONG

STELLA CALLONICORRESPONSAL

Buenos Aires, 22 de febrero. Adolfo Vázquez, ministro de la Corte Suprema, será recusado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por haber incurrido en violación de sus funciones al adelantar al vicario castrense, Antonio Baseotto, que esa institución convalidaría la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitieron la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983).

Asimismo, se propone denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la reunión mantenida con el resto de los ministros por el vicario como una acción indudable de presión en un tema tan sensible para el país.

Después de un fuerte avance, cuando ya algunos jueces se habían expresado sobre la inconstitucionalidad de dichas leyes, especialmente por los delitos que prescriben, como la desaparición forzada de personas, esta acción de una autoridad de la Iglesia católica es una "amarga señal", sostienen organismos humanitarios.

En 1998 las leyes fueron derogadas por el Congreso y hubo fallos de primera y segunda instancias declarándolas anticonstitucionales. Otros siete jueces de la Corte Suprema dijeron que las expresiones de Vázquez eran una opinión personal.

"Esta corte ya tiene dicho que las leyes son constitucionales. Estamos hartos de los jueces que no respetan los precedentes y tienen miedo a la prensa", habría sostenido Vázquez ante el vicario castrense.

En una declaración conjunta de diversos organismos pro derechos humanos se declaró ilegal el desempeño de la corte, pues "conceder audiencias a sectores interesados ajenos a la causa indica sometimiento del cuerpo a un acto de presión pública".

En tanto, durante un homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo en Rosario, Estela de Carlotto, presidenta de esa institución, dijo que es una noticia "espantosa y demoledora" que un obispo haya realizado semejante solicitud.

Carlotto y otros líderes advierten que si no se logra justicia, la democracia continuará tambaleándose en el país, que por estos días asiste al retorno de las "mafias del poder", en crímenes que la justicia no aclara porque tienen relación tanto con el pasado de la dictadura militar como con el periodo en que gobernó Carlos Menem.

La dirigente criticó "la complicidad de la Iglesia, especialmente en las altas esferas, con los hechos de la dictadura y las fuerzas armadas, que no se resignan a ser juzgadas. A esto se une una corte que está cuestionada".

Aunque algunos jueces voten contra la invalidez de las leyes, la mayoría, según la versión difundida ayer, estaría dispuesta a sacar el fallo que esperan los militares. Precisamente el viernes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentó como querellante en un juicio en La Plata, en el cual se investigan los delitos que habría cometido el sacerdote Christian Von Wernich durante la dictadura militar.

El nombre del cura apareció en muchos testimonios de víctimas, ya que actuaba como capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuando estaba bajo el dominio de Ramón Campos, el famoso general que no vacilaba en reconocer que había matado personalmente a miles de "subversivos".

El sacerdote fue acusado por el fiscal Félix Crous por torturas agravadas, privaciones ilegítimas de la libertad, homicidios y otros delitos.

Luis Velazco, sobreviviente de la dictadura, escuchó a Von Wernich decir a un prisionero que imploraba por su vida mientras era torturado: "la vida de los hombres depende de Dios y de tu colaboración". En otros testimonios figura acompañando a detenidos cuando eran fusilados y arrojados a una fosa común. También se acusa al sacerdote de intentar quebrar la voluntad de las víctimas, amenazar y alentar al silencio a los familiares, entre otros graves delitos, ya que estuvo en campos clandestinos, donde militares y policías se robaron a niños de desaparecidos.

Por su parte, el fiscal Jorge Eduardo Auat, de Chaco, solicitó la detención de 51 responsables de crímenes de lesa humanidad en esa provincia, lo que podría alcanzar al actual jefe del ejército, Ricardo Brinzoni, quien era secretario de la intervención militar de la dictadura en ese lugar cuando sucedieron los delitos.

Brinzoni también está querellado por la llamada "matanza de Margarita Belén", en la cual 22 detenidos fueron ejecutados en un camino de esa provincia, lo que se pretendió encubrir como "un intento de fuga".

Auat, por su parte, también se pronunció por la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Todo esto contrasta con el hecho de que en estos días se pretenda llevar a juicio oral a cinco sindicalistas por hacer pintas en el Ministerio de Economía de La Plata durante una manifestación, como ejemplo de la manera en que está actuando la justicia aquí.