Jorge Carrillo Olea
Por una política de Estado sobre drogas
En las semanas recientes se han presentado con reiteración hechos que dejan ver que la "guerra" contra las drogas, hasta donde la vista alcanza, más bien se está perdiendo que ganando. La guerra es el error conceptual de las pasadas administraciones federales, las de Zedillo y Fox. Una guerra se pierde o se gana y siempre será un error asumirla, no hay más.
La aplicación de una política de Estado tiende más bien a controlar los niveles de farmacodependencia, producción, procesamiento, tráfico y comercialización ilícitos de sicotropicos y estupefacientes, mediante acciones preventivas, disuasivas, permisivas, de atención jurídico penal, de participación comunitaria y de la más amplia cooperación internacional posible.
Esta concepción no existe en la administración Fox. Ellos quieren ganar la guerra. No lo lograrán. Una política de Estado debiera basarse en principios humanitarios y con apego a la legalidad, para prevenir y enfrentar las causas que originan el deterioro de la persona humana, poner en práctica medidas de prevención y control para reducir ese fenómeno en lo posible, preservando la libertad de elegir, y en la dignidad de los mexicanos. Así se respondería a una exigencia social, con lo que el gobierno federal, sin abandonar sus responsabilidades, abriera la participación a las entidades federativas, tradiciones sociales regionales, vocaciones, profesiones y especialidades de la comunidad para consolidar un frente común como requisito para el éxito deseado.
Las líneas estratégicas pasarían por: 1. Comprensión y atención integral al problema, dando gran énfasis a la información científica para la prevención o libre decisión, y abriendo espacios médicos para la rehabilitación. 2. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en educación, salud y materia jurídica. 3. Modernizar la estructura legal destinada al control de drogas ilícitas, adjudicando tareas específicas a secretarías de Estado, principalmente educación y salud, así como a los estados de la Federación y a la comunidad. 4. Ampliar los márgenes de cooperación internacional.
De lo planteado seguramente llamarán la atención las ideas sobre otorgar facultades y responsabilidades expresas a secretarías de Estado y entidades de la Federación, así como, mayormente, el rubro de ofrecer un espacio a la libre decisión.
Sin este enfoque de amplia participación y flexibilización es imposible avanzar; no se puede exigir a la PGR, aislada en su "guerra", alcanzar logros que están en el campo de la educación, de la salud, de la producción agropecuaria o de la organización social, por decir lo menos.
No se puede seguir tratando a los mexicanos como seres incapaces de decidir sus hábitos de vida como, aunque muy lentamente y a tirones, se está haciendo en los campos del uso de anticonceptivos, el aborto y las inclinaciones sexuales. La permisión no implica sólo un camino hacia una racional despenalización, sino suspender el acoso a los usuarios, método ampliamente seguido de manera exitosa por numerosos países, incluido Estados Unidos.
No es posible, sin incurrir en un error histórico, continuar por donde vamos. Señalarlo es deber de todos los que estén medianamente informados sobre la materia. No es posible tampoco cerrar los ojos a avances registrados en países razonablemente comparables con México, menos aún en países de vanguardia que pudieran ofrecer válidas experiencias, y nunca desatender lo que sucede en Estados Unidos, el gran inquisidor, pero que produce, trafica y consume, a la par que todo el mundo occidental. Menos sensato sería desconocer que en ese mismo país, como resultado de una amplia y rica, aunque polémica discusión, casi la mitad de sus estados han despenalizado algunas utilizaciones de ciertas drogas o están en camino de legislarlo, ya que allá ese tema es materia estatal.
El diseño y ejecución de una política de Estado sobre la materia es tanto un exigente apremio como equívoco es poner todas nuestras fichas en la supuesta renovación de una dependencia del Ejecutivo. Así no se gana la guerra pero sí, seguramente, se perderá la paz social, se arriesgará la salud de los mexicanos, se pondrá en grave entredicho la seguridad nacional, se atentará contra libertades individuales y desmerecerá nuestra imagen de país progresista ante la comunidad internacional.
Su diseño, discusión y aceptación no sería fácil, pero se anticipa que hay más seguidores de la idea de revisar el presente de lo que se podría suponer. Pero por encima de todo, no nos podemos quedar solos. Ya es tarde y cada día lo será más. ƑCómo empezar?
Dos preguntas más para terminar: Ƒpor qué la presente administración, como la pasada, no atiende a la resolución 48/112, de octubre de 1993, "Lucha Internacional contra el Uso Indebido y la Producción y el Tráfico Ilícitos de Drogas" de la Asamblea General de la ONU, la cual impulsó el propio gobierno mexicano?
ƑPor qué el gobierno federal no hace públicos los informes del Programa de la ONU para la Fiscalización Internacional de Drogas, único facultado para ofrecer datos y opinión sobre el estado del control de drogas a escala mundial?
