Campaña para acusar a piqueteros de "subversivos"

Estupor en Argentina por el apoyo de la Iglesia a impunidad de represores

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 21 de febrero. Estupor causó hoy en organismos de derechos humanos la información de que la Corte Suprema habría prometido al vicario castrense, Antonio Juan Baseotto, confirmar la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987), lo que consagraría la impunidad para los responsables de delitos de lesa humanidad de la dictadura argentina.

De inmediato reaccionaron en cadena los organismos humanitarios, instituciones ju-rídicas y víctimas, que esperan desde hace años la justicia que les fue negada.

El diario conservador La Nación difundió la versión de que el ministro Adolfo Vázquez, de la Corte Suprema, prometió a Ba-seotto que a corto plazo se ratificarían las leyes de impunidad, en una reciente reunión que el religioso solicitó para expresar la "inquietud de sus fieles (militares)" ante varios juicios donde se declaró la inconstitucionalidad de las mismas.

Baseotto mencionó la necesidad de una "pacificación" que significaría la impunidad para más de mil militares y policías implicados en hechos aberrantes, crímenes, torturas y desapariciones (de unas 30 mil personas) durante la pasada dictadura militar argentina (1976-1983).

Con el retorno de la democracia se produjeron los históricos juicios a las juntas militares, que terminaron siendo luego un fiasco para la justicia.

En diciembre de 1985, sin embargo, fueron destituidos y condenados los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y otros, aunque algunos personajes como Leopoldo Galtieri (recientemente fallecido) no recibieron condena.

Pero en diciembre de 1986 los diputados consagraron la ley de Punto Final que proscribía las acciones penales contra militares y civiles por los delitos cometidos por la dictadura, y en junio de 1987 fue promulgada la ley de Obediencia Debida, que eximía de culpa a los subalternos por las graves violaciones a los derechos humanos.

En octubre de 1989 el entonces presidente Carlos Menem indultó a oficiales, entre ellos a los golpistas de los tiempos democráticos, y en diciembre de 1990 a los jefes de la junta militar condenados en 1985, entre ellos al general Jorge Camps, quien admitía sonriente haber matado a unos "5 mil subversivos", y a Guillermo Suárez Ma-son, clave en la criminal Operación Cóndor, que asoló al Cono Sur, ahora detenido domiciliariamente por robo de niños nacidos en cautiverio y otras causas.

La lucha de los familiares de las víctimas y de los propios sobrevivientes nunca cejó y el 6 de enero de 1998 los diputados Alfredo Bravo (socialista) y Juan Pablo Cafiero (peronista), integrantes de la Alianza, presentaron el proyecto para derogar ambas legislaciones, lo que se concretó en marzo.

Pero se necesita la nulidad de las leyes. En marzo del 2001, en un juicio promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Gabriel Cavallo declaró inconstitucionales ambas legislaciones.

En octubre del 2001 también el juez Claudio Bonadío dictó la inconstitucionalidad, ratificada luego por la Cámara Federal. Pero la última palabra la tiene la desprestigiada Corte Suprema de la Nación, que mostró su total dependencia del poder político en tiempos de Menem al archivar los más escandalosos casos de corrupción en que incurrió ese gobierno.

Estas noticias trascienden en momentos en que existe una abierta campaña para acusar a los piqueteros de "violentos y sediciosos". El juez Norberto Oyarbide -quien fa-voreció a Menem en la investigación sobre las millonarias cuentas del ex presidente en Suiza- desempolvó en estas horas una causa que había sido desestimada cuando el 26 de junio del año pasado dos jóvenes piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, fueron asesinados por policías.

Entonces funcionarios del gobierno del presidente Eduardo Duhalde y el ex ministro de Justicia Jorge Vanosi intentaron acusar de los sucesos en el puente Pueyrredón, de esta capital federal, a una escalada de violencia de los desocupados, peleas internas de los mismos y "sedición".

Pero la valentía de varios camarógrafos y fotógrafos (luego amenazados), que mostraron al mundo imágenes del brutal asesinato de los jóvenes, impidió el plan destinado a justificar la represión.

Los agentes del Servicio de Información del Estado (SIDE) habían elaborado el informe falso y quizás trazado el plan. Así, Oyarbide desempolva la causa, cuando pe-riodistas de los medios de comunicación controlados por el menemismo y figuras de ese gobierno en puestos claves, como el Ministerio del Interior y el SIDE, intentan imponer nuevas leyes de represión y la idea de la "subversión piquetera".

Consultado por el diario Página/12, Víctor Abramovich, director ejecutivo del CELS, sostuvo que debería investigarse el rol del SIDE "detrás de los policías de la bonaerense que emprendieron la represión de manifestantes y asesinaron selectivamente a dos dirigentes. Este es el complot contra la democracia que necesitamos investigar, por si hubo planificación política de la represión y de las muertes a fin de amedrentar y desmovilizar a las organizaciones sociales más combativas".