Criticó las políticas agrarias del gobierno y demandó la renuncia de Murat

Para los pueblos indios los acuerdos de San Andrés son ley: Congreso Nacional Indígena

ROSA ROJAS

A siete años de la firma de los acuerdos de San Andrés, estos son ley para los pueblos indios, afirmó el Congreso Nacional Indígena (CNI) y señaló que "sin o con reconocimiento constitucional ejerceremos nuestros derechos más fundamentales".

En la reunión de su comisión transitoria de seguimiento se pronunció en contra de las políticas agrarias del Estado, por la destitución del gobernador de Oaxaca, José Murat, debido a la "sangrienta" represión que se ejerce en esa entidad contra los indígenas y reiteró su oposición al desalojo de Montes Azules, en Chiapas.

Se pronunció además en favor de la paz, contra la guerra que Estados Unidos pretende desatar sobre el pueblo iraquí y en contra de cualquier otra acción bélica imperialista.

En la citada reunión participaron representantes de las comunidades y organizaciones Médicos Tradicionales Nahuas de Tuxpan (Jalisco), Comuneros de San Pedro Atlapulco (estado de México), Unión de Comuneros Emiliano Zapata (Michoacán), Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón, Educadores Indígenas Tenek (San Luis Potosí), Foro Maya Peninsular (Yucatán y Quintana Roo), Comuneros de las Comunidades Purépecha de Cherán y Nurio (Michoacán) y Comuneros de Milpa Alta (Distrito Federal). Como acompañantes estuvieron integrantes de Ojarasca, Ce-Acatl y Movimiento por la Paz (Distrito Federal).

En el acto se recibió un mensaje del frente El campo no aguanta más, explicando la situación general que vive el movimiento campesino en este momento y en qué punto se encuentran las negociaciones con el gobierno. En el documento también se expresa preocupación, pues parece que "el gobierno usa a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) para intentar reventar las negociaciones o confrontar al movimiento campesino con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el movimiento indígena, mediante la inclusión que se pretende hacer del EZLN en la negociación entre campesinos y gobierno".

Abandonada, la educación bilingüe

Por su parte, trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública informaron que llevan 10 días en paro, en protesta porque "se quiere reubicar el edificio de la dirección en la lógica de adelgazar su personal y disminuir sus ámbitos de acción".

Plantearon que la educación bilingüe que imparte el Estado "no ha servido a los pueblos indígenas, por lo que los trabajadores buscarán iniciar un nuevo proyecto de educación indígena en el que la base sea la participación y la visión de los pueblos indios".

En su texto, la comisión transitoria de seguimiento del CNI aseveró que el gobierno además de incumplir con los acuerdos de San Andrés y la posterior aprobación de una reforma constitucional que se contrapone a lo pactado con los indígenas, anuló derechos a los pueblos ya plasmados en tratados internacionales y diversas leyes. "La burla se oficializó y devino en política global del Estado hacia los pueblos indígenas".

Se manifestó en contra de las políticas agrarias del Estado, reiteró su postura contra la reforma salinista del artículo 27 constitucional y contra la ejecución de los "ilegítimos Programas de Certificación de Derechos Ejidales y de Certificación en Comunidades que tienen como finalidad la privatización de nuestras tierras ejidales y comunales".

También "para que se restablezca el estado de derecho en Oaxaca y el gobernador constitucional de aquella entidad, José Murat, sea separado de su cargo y juzgado por los crímenes que cotidianamente se cometen en contra de comunidades indígenas".

Un ejemplo es "la sangrienta represión en el palacio municipal de Unión Hidalgo, el pasado 13 de febrero por parte de policías municipales que, bajo las órdenes del criminal presidente municipal, Armando Sánchez Ruiz, asesinaron a un compañero y provocaron heridas a otros nueve".

Asimismo, "la violencia oficial desatada en contra el Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón que se expresa en la represión e intimidación permanentes por parte de paramilitares y policías estatales en contra de sus integrantes y contra las comunidades de San Isidro Aloapam, Santa María Yaviche y Santa María Huatulco.

"El despojo de las tierras de las comunidades mixtecas de Yosotato y Yosonotú y la destrucción de sus casas y pertenencias por parte de personas armadas que han sido protegidas por el gobierno estatal; la violencia desatada en contra de la comunidad mazateca de Eloxochitlán que se expresa en el atentado sufrido por su autoridad tradicional". Llamó a todas las comunidades indígenas del país a manifestar su oposición y rechazo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.