Reconoce que ex "empleados" retiraron $500 millones de cuentas del STPRM
Alega el PRI que no existe "evidencia documental" de financiamiento ilegal
El planteamiento, en contradicción con resultados de las indagatorias del Pemexgate
ENRIQUE MENDEZ
El PRI aceptó ayer que ex empleados de la Secretaría de Finanzas cobraron 500 millones de pesos "a nombre" del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y, aunque las investigaciones ministeriales señalan que ese dinero sirvió para financiar la campaña de Francisco Labastida Ochoa, el partido acotó que, con base en el expediente del Instituto Federal Electoral (IFE), "no existe evidencia documental" de que dichos recursos ingresaron a las arcas priístas.
Sin embargo, durante la campaña de Labastida Ochoa hubo una contabilidad "alterna" y el dinero, de acuerdo con la averiguación previa, se utilizó para el pago de nómina de personal del partido, el financiamiento de actividades de coordinadores regionales de la campaña y para lavar recursos del Sorteo Milenio Millonario.
El partido aclaró que no puede señalar que el dinero lo hayan conservado los ex funcionarios del partido que lo cobraron, ni los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto.
De los 640 millones de pesos que el sindicato recibió como parte de los mil 100 millones que le entregó Pemex por "deudas" y un "préstamo", 140 millones los cobró directamente el tesorero sindical, el senador Aldana Prieto, entre el 21 y 23 de junio de 2000, a modo de "comisión".
Ayer, la dirigencia del PRI se deslindó del manejo de ese dinero e insistió en que si bien los retiros en efectivo los hicieron ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas precisamente de la cuenta del sindicato en Banorte, "no hay evidencia" de que lo hayan depositado en las cuentas del partido.
En un ánimo de "transparentar" la información que existe sobre la investigación que inició el IFE a partir de la queja que presentó el PRD en enero de 2002, el partido difundió el peritaje de sus cuentas bancarias que, como "prueba de descargo" entregó el sábado a la Comisión de Fiscalización, que cerró ese día el periodo de instrucción para iniciar el de dictamen.
El texto, de 24 páginas, responde a 11 preguntas que le formuló la comisión al despacho Resa y Asociados -contratado por el PRI para auditar sus cuentas de banco- y, si bien se detalla la forma en que siete ex funcionarios del partido cobraron 500 millones de pesos de la cuenta del sindicato en Banorte, afirma que no es posible determinar el "destino final" del dinero porque "no hay evidencia documental" de qué hicieron con él.
La dirigencia priísta sólo reconoció que Elpidio López López, ex secretario técnico de la Secretaría de Finanzas; Melitón Antonio Cázares y Andrés Heredia -testigos protegidos de la UEDO en la Operación Crudo y ex empleados de la misma oficina partidista-; Alonso Veraza, ex coordinador Administrativo; Joel Ortiales, ex coordinador Administrativo, y Gerardo Trejo Mejía, empleado del ex coordinador de la oficina, Jorge Cárdenas Elizondo, recibieron 68 cheques, entre el 9 y 20 de junio.
El peritaje -que se realizó a partir de los 70 tomos del expediente que entregó el IFE al PRI en noviembre de 2002- fue presentado ayer por el coordinador jurídico del PRI, Miguel Angel Yunes Linares, quien rechazó que el documento señale que los recursos se quedaron en poder de quienes cobraron los cheques o de los líderes del sindicato petrolero.
El destino final, un misterio
"No se puede determinar el destino final de los recursos, pero al PRI no entraron. No es tema del dictamen pericial, porque no se le preguntó dónde quedó ese dinero", argumentó, aunque en la pregunta seis la Comisión de Fiscalización le pide al partido que "especifique el alcance de la documentación relacionada y precise la aplicación de los recursos".
-ƑEntonces se lo quedaron Veraza, López, Cázares, Heredia y compañía?
-El peritaje debía integrarse con base en documentos, no bajo suposiciones, sino con base en lo que aparece en el expediente del IFE, y lo que ahí aparece es exactamente eso. El objetivo del peritaje es determinar, con base en los 70 tomos del expediente, si tenemos o no alguna responsabilidad, y la conclusión es que no y no hay por qué profundizar.
Sin embargo, en las constancias ministeriales se precisa que esos 500 millones -el senador Ricardo Aldana Prieto cobró 140 millones, de los 640 que le entregó Pemex al sindicato- se distribuyeron en cuentas que el partido abrió en los estados para presentarlos como ingresos del Primer Sorteo Milenio Millonario.
También señala que los 500 millones de pesos cobrados por los ex funcionarios del partido, a quienes se identifica en el dictamen de Resa y Asociados como "los representantes" del sindicato, "no se vinculan ni en cantidad ni en fecha con depósitos registrados en las diferentes cuentas bancarias a nombre del PRI, ni existe constancia en el expediente de que hubieran sido aplicados para el pago en efectivo de bienes y servicios". El dinero, insiste, fue cobrado "a nombre del STPRM por personas físicas, sin tener evidencia documental de su destino final".
A pesar de ello, en la indagatoria que lleva a cabo la PGR por el desvío de recursos de Pemex a la campaña del PRI no se menciona que en los registros contables del partido se hayan registrado ingresos provenientes del sindicato, pero porque hubo una contabilidad alterna de la cual Antonio Cázares llevó su propio registro.
Se sabe, además, que esa doble contabilidad fue incinerada en una fábrica de cartón en Ecatepec, estado de México, cuando el PRI perdió las elecciones del 2 de julio de 2002, luego de que los priístas se enteraron que la PGR había iniciado una investigación, como consta en las declaraciones ministeriales de los testigos protegidos.
Asimismo, integrantes de la escolta que el Estado Mayor Presidencial (EMP) destinó a la custodia de Labastida han declarado que ellos acompañaron a los ex funcionarios priístas a cobrar los cheques, y que el dinero en efectivo fue trasladado en la camioneta propiedad del ex candidato presidencial del PRI. Entre los militares a quienes se tomó declaración está el ex jefe de la escolta, el general Gilberto Limón Félix, asignado actualmente a la Base Aérea de Santa Lucía.
