Pide libertad para un sentenciado a 50 años de cárcel

Recomendación del ombudsman local a la procuraduría capitalina

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió ayer una recomendación por detención arbitraria, incomunicación, tortura y violación de garantías judiciales en agravio de Alfonso Martín del Campo Dodd, acusado hace 10 años del homicidio de su hermana Patricia y su cuñado, Gerardo Zamudio Aldaba, por lo que fue sentenciado a 50 años de cárcel.

El ombudsman, Emilio Alvarez Icaza, pidió al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, que reabra la averiguación previa iniciada en contra de funcionarios de la dependencia involucrados en este caso y haga efectiva la reparación justa del daño por las violaciones a las garantías de Del Campo.

Asimismo solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que en el caso de que Del Campo promueva el incidente de libertad se consideren los agravios documentados por la primera visitaduría, que derivaron en la recomendación.

"Es de la mayor importancia que la autoridad dé señales enérgicas de que combatirá eficazmente la tortura en cualquiera de sus manifestaciones, además de sancionar en los términos de la ley a quien la practique. De no ser así, se corre el riesgo de que los instrumentos legales para prevenir y sancionar la tortura sean letra muerta", puntualizó el ombudsman, quien señaló que este año se recibieron 87 quejas por tortura, principalmente contra policías preventivos y judiciales, aunque por lo menos la mitad se resolvieron no procedentes y el resto continúa en integración.

El caso de Martín del Campo, recientemente documentado por La Jornada (Víctor Ballinas, 8-12-02, 9-12-02 y 10-12-02), se presentó en la CDHDF en noviembre de 1998, pero se declaró improcedente en enero del siguiente año, por lo que los peticionarios interpusieron recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ratificó la determinación del ombudsman capitalino.

En febrero de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la organización civil Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) solicitaron reabrir el caso, lo cual se efectuó un mes después, al encontrar nuevos elementos para la investigación. De ésta, el organismo concluyó que en la PGJDF y el TSJDF se violaron los derechos del acusado.

Alvarez Icaza precisó que "esta comisión llega a la convicción de que agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal no respetaron la integridad física, síquica y moral de Martín del Campo, al obligarlo a declarar contra sí mismo y declararse culpable de los homicidios de su hermana Patricia y su cuñado Gerardo".

Refirió que en el proceso penal, durante un careo el agente de la Policía Judicial del DF Sotero Galván aceptó haber torturado al agraviado.

La CDHDF documentó además que Alfonso Martín del Campo estuvo en poder de la PJDF alrededor de tres horas antes de que fuera puesto a disposición del agente del Ministerio Público, donde permaneció alrededor de 49 horas; es decir, el agente ministerial retuvo al quejoso más de las 24 horas que marca el artículo 16 constitucional. Además, el MP no dictó resolución alguna que fundara y motivara la detención, antes de ponerlo a disposición del juez.

Alvarez Icaza explicó que ante estas irregularidades, el juez de la causa, el 55 penal anexo al Reclusorio Oriente, estaba obligado a poner en libertad a Martín del Campo, como lo señala el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el DF. Tanto la PGJDF como el TSJDF tienen 15 días de plazo para responder a las recomendaciones de la comisión.