Complicaciones administrativas impiden su operación
La nueva subsecretaría de derechos humanos se mantiene "acéfala"
ALONSO URRUTIA
Creada hace cinco meses para fortalecer las acciones en materia de derechos humanos y definir una política integral en este renglón, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación permanece acéfala hasta la fecha. Dificultades administrativas y las complicaciones para reorientar partidas desde otras áreas para el financiamiento de este nuevo ámbito de la dependencia han impedido la designación del responsable, según la explicación oficial.
La creación de esta nueva Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos obedece, fundamentalmente, al compromiso gubernamental asumido tras el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, que evidenció las carencias que en la materia existen en México y la falta de capacidad de respuesta a las recomendaciones de organismos internacionales.
Sin embargo, la baraja de nombres que se han analizado no han satisfecho hasta ahora el perfil para atender un ámbito al que se le pretende dar especial relevancia. De los nombres que han trascendido y que ya han sido desechados, destacan el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración Felipe de Jesús Preciado; el ex diputado federal y ahora embajador de México en Costa Rica, Ricardo García Cervantes, y el polémico abogado de extracción panista, Fernando Gómez Mont.
Lo cierto es que entre los vericuetos burocráticos de la administración pública federal y la falta de candidatos, la dependencia responsable de coordinar las políticas gubernamentales para salvaguardar el respeto a los derechos humanos permanece acéfala. Ni siquiera se ha designado un encargado de despacho para esta nueva área.
De acuerdo con la versión oficial, el mayor obstáculo que se ha tenido para que opere plenamente la subsecretaría es la combinación de tiempos y dificultades administrativas.
Uno de las condicionantes que estableció el secretario de Gobernación, Santiago Creel, para la restructuración de la dependencia -en julio pasado- era que no implicará un mayor gasto para el gobierno federal, aun cuando se crearon dos nuevas subsecretarías: la de Enlace Legislativo y la de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
Los tiempos que implicaba para la dependencia realizar el traslado de recursos de una partida a otra prácticamente consumían el ejercicio fiscal y representaban complicaciones administrativas, por lo que se optó que sea en enero próximo cuando se integre plenamente la subsecretaría, con un presupuesto ya garantizado desde el arranque del año.
Empero para la Secretaría de Gobernación esto no ha implicado que se detengan las acciones en las dos grandes áreas que conforman la subsecretaría. En el ámbito de los derechos humanos ha sido la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos -bajo la responsabilidad de Ricardo Sepúlveda- la encargada de salir al paso de los asuntos urgentes e iniciar las políticas y acciones en el ramo.
En los hechos, según la versión de la secretaría, será esta unidad la que lleve el peso de coordinar una política de derechos humanos. Las justificaciones para crear esta nueva estructura son que hasta ahora el gobierno federal carecía de una dependencia específica encargada de definir una política integral de derechos humanos y coordinar a las diferentes secretarías en este ámbito.
De ahí se desprenden las responsabilidades que se le confirieron a la Subsecretaría y a la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos: coordinar las políticas del gobierno federal en la materia; garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que involucren al Ejecutivo federal; fungir como vínculo con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos; en el ámbito de la secretaría, atender las recomendaciones dictadas por organismos internacionales en la materia cuya competencia sean reconocidos por México, entre otras.
En lo inmediato, una de las prioridades es la ejecución de 21 acciones inmediatas en materia de garantías fundamentales, pues a partir de enero la Secretaría de Gobernación deberá trabajar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos para elaborar un diagnóstico nacional.
