Hace un lustro, México experimentó el horror y la muerte de una forma y con una intensidad desconocidas e inquietantes. Hace cinco años, grupos delictivos paramilitares, tolerados o prohijados por el poder político en turno, asesinaron a sangre fría a hombres, mujeres y niños indígenas desamparados e indefensos, y con ello sellaron una de las fechas más dolorosas de la historia nacional. Los trágicos sucesos de Acteal siguen vivos en la memoria de los mexicanos como un hecho que no debió ser y que nunca debe repetirse. Infortunadamente, el caso permanece sin aclarar a cabalidad y sus responsables últimos continúan impunes. Mientras la matanza de Acteal no sea completamente esclarecida y sus ejecutores -materiales e intelectuales- sigan exentos de la acción de la justicia, la democracia y la vigencia del estado de derecho en México no serán sino promesas vacías y la posibilidad de nuevas atrocidades seguirá perturbadoramente vigente.

Cinco años después de la matanza de Acteal, la situación de Chiapas y de las etnias del país se mantiene en un tenso impasse. Adulteradas las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas y suspendido el diálogo de paz en Chiapas, el Estado parece haberse replegado en el cinismo y la displicencia. Los acuerdos de San Andrés, esperanza para la construcción solidaria de una nación respetuosa y consciente de la importancia y la dignidad de los pueblos indios de México, siguen sin concretarse y, por ende, el contexto en el que se ha pretendido enmarcar las soluciones del conflicto chiapaneco y de la problemática indígena nacional adolece de parcialidad, insuficiencia y mezquindad.

El actual gobierno, que utilizó -en su primera etapa- la honda aspiración nacional a una paz justa y digna en Chiapas para cobrar legitimidad y apuntalar su imagen pública, parece haber optado por el olvido y el menosprecio y continúa regodeándose en un discurso hueco que no ofrece alternativas reales a los mexicanos indígenas. Como muestra la estrategia de desalojo de los asentamientos campesinos en la región de Montes Azules, las autoridades del país siguen optando por la represión y la insensibilidad ante los más débiles y desprotegidos de los mexicanos y pretenden hacer valer la legalidad sólo para beneficio de los más ricos y no como un compromiso con quienes, durante siglos, han sido víctimas de innumerables atropellos y vejaciones. La atención de las legítimas demandas de las comunidades indígenas de Chiapas continúa subordinada a los intereses del capital y de los viejos y nuevos oligarcas, sean éstos caciques políticos, terratenientes, depredadores de la riqueza natural o, como se ha promocionado en tiempos recientes, inversionistas del ecoturismo.

A cinco años del crimen de Acteal, es urgente un cambio drástico del enfoque con el que el gobierno federal ha abordado la problemática indígena en general y de Chiapas en particular. Reconocer de una buena vez y a plenitud los derechos de los pueblos indios, y asumir que ellos son parte insustituible de la historia y el futuro de México, son compromisos que la nación requiere de sus autoridades para llevar a cabo una auténtica transformación democrática y para dar paso a una genuina justicia social.

Al mismo tiempo, esclarecer la matanza de Acteal y castigar conforme a derecho a todos sus responsables son, también, obligaciones jurídicas y morales que no deben posponerse más si realmente se pretende reconocer a las etnias de México la dignidad y la relevancia que les corresponde como sustrato y porvenir de la nación. Cada día que pasa sin verdadera justicia para los mexicanos indígenas es una prórroga que merma y pospone la construcción del país solidario, generoso y abierto al desarrollo incluyente al que los mexicanos aspiran y tienen derecho.