Néstor de Buen

Detallitos

En sus buenos tiempos, allá por principios del siglo XX, cuando los países que habían combatido en los campos de batalla de Europa firmaron el Tratado de Versalles (1919), el derecho del trabajo se convirtió en tema principal. La parte XIII del tratado se dedicó a clasificar los derechos fundamentales de los trabajadores, lo que no debe extrañar ya que la revolución rusa había puesto nerviosos a los países capitalistas: lo eran vencedores y vencidos y preocuparse por los trabajadores era una manera de crear el famoso y efímero estado de bienestar para tratar de evitar avances sociales revolucionarios.

Han pasado muchas cosas y hoy, desaparecida la URSS y caído el Muro de Berlín (noviembre de 1989), los trabajadores no son otra cosa que un costo que hay que reducir al mínimo posible.

El famoso proyecto denominado con razón "Abascal", aunque el secretario afirme que lo hicieron los sectores (lo que resulta bastante difícil de creer), ha aterrizado en la Cámara de Diputados. Contra lo que se suponía, no asumió el carácter de iniciativa presidencial. El señor Fox, por lo visto, no quiso comprometerse formalmente con lo que es una notable violación de sus "Veinte compromisos por la libertad y la democracia sindicales" que firmó con espíritu electoral, y quedará a cargo de algún diputado asumir la paternidad, con la notable disminución de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones.

Lo interesante es asomarse a una especie de exposición de malos motivos que acompaña el texto propuesto. Allí ya no se habla de consenso, como en los buenos tiempos del lanzamiento abascaliano de la idea sino de mayoría en los sectores obrero y empresarial. Por este rumbo parece que falta la Canacintra, oveja negra de los patrones (y la cámara más importante, por representar a los industriales), y por el rumbo dizque obrero ya sabemos que los firmantes son el saldito, cada vez más reducido, de los líderes del Congreso del Trabajo.

Por lo visto, el hecho de que dos ilustres subsecretarios de Previsión Social, Rafael Estrada Sámano y Francisco Xavier Salazar, hayan sido los coordinadores de la famosa mesa central de decisión y que todas las discusiones (si es que las hubo y no una imposición de un grupo reducido y brillante de abogados empresariales) se hayan celebrado en la STPS no significa ni aval ni responsabilidad directa de la secretaría. Nada creíble.

Pero en la famosa exposición hay cosas lindas, por ejemplo, la afirmación de que el proyecto respeta el marco constitucional. Tal vez, si se olvidan la libertad sindical y el derecho de huelga entre otros detalles. Además, la intención de que el proyecto ayude a mantener el empleo formal (para man-tener habría que "tener" antes y en estos tiempos ese empleo anda por abajo de 50 por ciento de la población económicamente activa) o la maravillosa afirmación de que "la mayoría de los cambios sugeridos fomentará la seguridad jurídica que requiere la Inversión productiva (con mayúscula en el original) que genere empleos formales para el país". Olorcillo patronal, sin duda.

Quizá la frase más significativa aparece en el cuarto párrafo, en el que se indica que con el proyecto se prepara "al país para la competitividad y poder subsistir en un mercado cada vez más disputado y en una economía cada vez más abierta", un canto emocionante a la globalización.

Pero hay detalles importantes. Como la modificación del artículo 47, parte final, que ahora obliga al patrón a dar aviso escrito de despido al trabajador, con el problema de que si no lo hace, el despido se considerará injustificado y que en la iniciativa admite, a falta del aviso, la prueba de los motivos de despido. Con ello se suprime una garantía fundamental de los trabajadores en el litigio.

Además se inventan cosas, por ejemplo, con notable espíritu demagógico, se prohíbe el despido de una trabajadora por estar embarazada; por cambio de estado civil o por tener hijos menores, lo que evidentemente no está permitido ahora. Y en un detalle impactante se agrega como causal de despido el que el trabajador incurra en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra los clientes del empleador. Ya se podrán ustedes imaginar los clientes que se inventarían para tratar de despedir a los trabajadores.

El acoso sexual, que hoy constituye un acto de injuria, se coloca en lugar preponderante y se proclama la no discriminación, que en la ley vigente es tema más que antiguo. Y todo lo demás.

šTramposillo el famoso proyecto! Más vale que los señores diputados, cuando salgan del presupuesto, no caigan en la trampa de aprobar ese engendro.