Son procesados "con problemas de justicia", sostiene
Niega Gobernación que haya "presos políticos"
Indica que la tortura no es "práctica cotidiana" en México
RENATO DAVALOS
La tortura no es una "práctica cotidiana" en el país, aunque combatirla es una "prioridad" para el gobierno federal, indicó el director de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, quien anticipó la probable liberación de un zapatista preso en Querétaro, una de las exigencias que planteó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para reanudar el diálogo con el Ejecutivo. No admitió, sin embargo, el término de "preso político".
El gobierno no acepta que haya presos políticos, sino procesados con "problemas de justicia", en los que pudo haber alguna "irregularidad", comentó.
Sepúlveda adelantó que en enero el presidente Vicente Fox hará públicas 70 acciones que aplicará el gobierno en materia de derechos humanos, en las que se incluyen propuestas de enmiendas constitucionales y reformas a la legislación secundaria derivadas de los foros que la dependencia organizó y en los que participaron más de 60 organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, informó que no existen mayores avances sobre el resto de los expedientes de liberación que presentó el EZLN como una de las condiciones para dialogar con el gobierno. En cárceles queretanas permanecen dos procesados y tres más en Tabasco. En este último caso, Sepúlveda planteó que su liberación será "difícil" porque están acusados de "delitos comunes" y no por actividades relacionadas con el EZLN.
Explicó que los principales reclamos que las organizaciones no gubernamentales plantearon en los foros -que integrarán al diagnóstico que presentará Fox el mes próximo- figura la migración y el maltrato que reciben los mexicanos de este lado de la frontera.
Entre los señalamientos que se plantearon en las discusiones prevalece también el criterio de ampliación de facultades a las comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas.
En torno a la tortura, indicó que entre las propuestas más recurrentes se encuentra el despliegue de mecanismos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para erradicar esta práctica, que "no es cotidiana en el país", además de la demanda de cambios legales para penalizar la flagrancia en este delito a escala federal y local.
De acuerdo con Sepúlveda, las organizaciones no gubernamentales exigieron también que haya medicamentos suficiente para los enfermos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).
En cuanto a los procesos de preliberación de presos en estos dos años de gobierno foxista, el funcionario informó que han sido favorecidos con más de mil 500 ciudadanos.
Asimismo, precisó que está en marcha la elaboración de un diagnóstico para cuantificar el número de reclusos susceptibles de ser liberados.