Critica la FIDH la insistencia de Fox por aplicarlo

El PPP, amenaza para comunidades indígenas

La apertura agropecuaria afectará a la población rural

ALMA E. MUÑOZ

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) externó su preocupación porque el gobierno no actúe contra la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pues, señaló, ''irá en detrimento particularmente de la población rural'', mientras una ''agresiva política de subsidios garantizará a granjeros y agricultores de Estados Unidos 190 mil millones de dólares para los próximos seis años''.

Criticó que la administración foxista excluya de los beneficios del crecimiento económico a la mayoría de la población mexicana e insista en el desarrollo del Plan Puebla-Panamá (PPP), pese a constituir una ''amenaza'' para las comunidades indígenas.

En su informe preliminar sobre la visita que recientemente realizaron observadores a México, la FIDH sostuvo que en el sureste las condiciones de marginalidad ''no han cambiado mucho'' tras el levantamiento indígena zapatista de 1994. Al contrario, sostuvo, persisten limitantes para que la sociedad civil incida de ''una manera efectiva en asuntos tan importantes para sus actuales y futuras posibilidades de salir del atraso y la marginación -especialmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca-, como son los programas de lucha contra la pobreza o la procuración de avances en el PPP''.

Resaltó que el Estado ''no sólo conspira contra la realización de los derechos fundamentales garantizados por instrumentos internacionales, sino amenaza las propias condiciones de gobernabilidad democrática nacional'' al excluir de los beneficios del crecimiento económico a la mayoría de la población mexicana.

La FIDH -que reúne a 115 organizaciones defensoras de derechos humanos en 90 países- lamentó que no obstante los ''impactos negativos'' del TLCAN durante su primera década de existencia, la presente administración privilegie el interés y beneficios de las empresas multinacionales por encima de las garantías universales.

Y también que a seis meses de haber recomendado al gobierno impulsar nuevas reformas a la ley de derechos y cultura indígenas no haya avances en la materia, pese a la existencia de ''condiciones preocupantes'' en las poblaciones étnicas, ''porque la normatividad no es congruente con los estándares definidos internacionalmente'' en este terreno.

Por el contrario, apuntó, las organizaciones de derechos humanos nacionales ''acusan un deterioro significativo de la situación'', como es una mayor presencia militar en Chiapas y enfrentamientos por conflictos agrarios.

A estas acciones contra la población indígena la FIDH suma la pretensión oficial por establecer los megaproyectos del PPP -como son las represas hidroeléctricas- pese al riesgo de ''erosionar seriamente'' la estructura territorial india, a partir de la venta de parcelas.

''Decenas de escritores, arqueólogos, ambientalistas y líderes indígenas mexicanos han advertido recientemente acerca de las graves consecuencias que derivarán de la puesta en práctica de los proyectos hidroeléctricos en el río Usumacinta. En una reciente carta dirigida al presidente Vicente Fox advirtieron que las represas hidroeléctricas inundarán decenas de conocidos y desconocidos antiguos sitios mayas aún no excavados y miles de hectáreas de tierras agrícolas.

''También inundarán y afectarán miles de hectáreas de selva tropical y pantanos, que albergan muchas especies en peligro de extinción. Los reclamantes demandan la participación de la sociedad civil en cualquier decisión que tenga que ver con el desarrollo de la región, y denuncian que hasta la fecha no se ha desarrollado ni publicado ningún estudio que evalúe los impactos sociales y ambientales de las obras proyectadas''. Por lo anterior, la organización internacional sugiere que en el fondo persiste el interés por controlar territorios valiosos en recursos naturales (como madera, petróleo, energía, uranio), de tal suerte que ''se acota, incluso, la existencia de proyectos para el desarrollo de cultivos biogenéticos impulsados por intereses vinculados a empresas transnacionales''.

En su listado de críticas, la FIDH deploró las ''deficiencias e incongruencias de la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado'', porque a raíz de entrevistas sostenidas con diversos actores sociales y organizaciones no gubernamentales, ''éstas podrían restringir el alcance de la lucha contra la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos'', por lo cual llamó al Senado de la República a ratificar la Corte Penal Internacional.