Capitalizaría con ellos la naciente Financiera Rural

Destinaría el Ejecutivo al campo fondos de pensiones no reclamados

ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

Entre prisas y modificaciones de última hora, el Senado de la República estaba por aprobar esta madrugada una serie de reformas que facultan al gobierno federal a usar 20 mil millones de pesos de los fondos de pensiones de los trabajadores para capitalizar a la naciente Financiera Rural y otras actividades del campo.

Se trata de los fondos de pensiones ahorradas entre 1992 y 1996 por asalariados mexicanos, que no han sido reclamados, y aparentemente no tienen dueño, ya sea debido a que los trabajadores no optaron por afiliarse a una Afore en 1997, cuando se reformó la Ley del Seguro Social, o porque dejaron de cotizar, o debido a que esas sumas no se traspasaron a sus nuevas cuentas en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Al tomar en préstamo esos 20 mil millones de pesos el gobierno federal se ahorrará mil millones anuales que tendría que pagar por intereses a los bancos, y por ello en la iniciativa se establece el compromiso gubernamental de conformar con esos recursos un fondo operado por el Instituto Mexicano del Seguro Social que serviría para cubrir en lo inmediato el pago a los trabajadores que demanden sus ahorros.

En esos términos, el PRI aceptó aprobar el dictamen; sin embargo, cuando se estaba ya discutiendo fue retirado, toda vez que el panista Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Hacienda, condicionó la integración de dicho fondo a que hubiera recursos presupuestales para ello. La votación se detuvo por varias horas.

Las reformas a las leyes del SAR, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y de Protección Federal al Consumidor posibilitan que la cuenta concentradora, donde están los 20 mil millones de pesos, se traspase al gobierno federal, con el objetivo de que pueda financiar la capitalización de la Financiera Rural por un monto de 11 mil millones de pesos. Otros 8 mil millones serían para el campo.

La discusión se dio en comisiones en torno al artículo que establece el fondo de reserva para contar en todo momento con recursos suficientes que permitan afrontar las solicitudes de retiro o traspaso, que pudieran presentarse en el corto plazo. El priísta Alejandro Gutiérrez expresó durante el segundo receso que anoche se dio en la sesión que si no se garantiza la disponibilidad de recursos no se aprobaría.

Sin embargo, el priísta Netzahualcóyotl de la Vega confió en que las reformas finalmente se aprobarán, y reveló que ese dinero ya no lo pagará el Estado, porque se trata de solidaridad de los trabajadores con el campo. Destacó que corresponden a cuentas duplicadas y nombres repetidos, por lo que "aunque el año pasado se hizo un esfuerzo sobrehumano para localizarlos en todo el país a fin de que recogieran su dinero, nunca aparecieron".

Ayer, como siempre en los cierres de periodo, la agenda fue muy abultada, con 43 temas, entre iniciativas aprobadas, propuestas de ley y trámites de rutina. Dentro de la miscelánea fiscal, hasta el cierre de esta edición, faltaba aún discutir las minuta que nuevamente envió la Cámara de Diputados al Senado para cobrar un peso por cada boleto vendido en salas de exhibición cinematográfica.

Antes, los senadores aprobaron reformas al artículo 25 de la Ley General de Educación, para que el Estado contemple un incremento gradual anual, con el objetivo de alcanzar en 2006 recursos equivalentes a 8 por ciento del producto interno bruto.

Los panistas, por conducto del senador Marco Adame, intentaron cambiar el sentido de la modificación para incluir los recursos de instituciones educativas particulares en el afán de alcanzar esa meta, pero PRI y PRD lo echaron abajo.

Se aprobó asimismo reformar la Ley de Planeación, para que el Ejecutivo consulte previamente a las comunidades indígenas en todos aquellos asuntos relacionados con los grupos étnicos.

La fracción del PRI presentó además una iniciativa para crear la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, instancia que sustituirá al Instituto Nacional Indigenista.