La medida se aplicará a trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo

Aprueban diputados mantener sin ISR prestaciones de burócratas

Hubo apenas 30 votos de diferencia Los mandos deberán pagarlo AN cuestionó la decisión

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

Con apenas 30 votos de diferencia, las bancadas de PRI y PRD en la Cámara de Diputados aprobaron mantener la exención del pago del impuesto sobre la renta (ISR) al aguinaldo y otras prestaciones que reciben los burócratas, aunque ésta se limita a aquellos trabajadores al servicio del Estado que se encuentren sujetos a condiciones generales de trabajo.

De acuerdo con esta determinación, la alta burocracia sí deberá pagar el ISR correspondiente, a menos que recurra a un amparo a efecto de recibir el mismo beneficio del que gozan sus subalternos. La redacción última de este artículo de la Ley de Ingresos fue elaborada por los senadores al recibir, como cámara revisora, el ordenamiento aprobado previamente por mayoría tanto en comisiones como en el pleno de la Cámara de Diputados, en el que se eliminaba esta exención.

Rechazo de la fracción albiazul

A nombre de la bancada del PAN, el diputado Abelardo Escobar Prieto expresó desde la tribuna el rechazo de los panistas ante la decisión del Senado de incorporar en la ley del ISR la excención del pago de este gravamen a los trabajadores al servicio de la Federación y de los estados de la República, puesto que, dijo, hacerlo contradice el principio de equidad consagrado en la Constitución, al tiempo que abre la posibilidad al ejercicio de prácticas negativas que ahondarían dicha contradicción en la medida en que propician una institución de privilegio para dichos empleados.

La excepción tributaria supone que las gratificaciones de carácter general, y que se otorgan con una periodicidad distinta a la mensual a los empleados de la burocracia federal y estatal, no estarán gravadas con el ISR. Comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus recientes tesis jurisprudenciales números 47, 48, 49 y 50 del año 2002, ha establecido que dicha exención es inconstitucional, además de que la recaudación fiscal disminuirá y no será posible conseguir que cada ciudadano pague conforme a su capacidad contributiva real.

Cutberto Cantorán Espinosa, del PRI, subió a tribuna, ensayó una respuesta mesurada y en el mismo tono que la primera intervención del PAN. En ella apuntó simplemente que no pueden desconocerse las ''conquistas laborales'' de los burócratas, pero la conciliación que se pretendía al inicio concluyó de tajo con la segunda intervención del blanquiazul y terminó con el sopor que empezaba a envolver a los diputados en lo que fue la tercera madrugada consecutiva de trabajos en el pleno.

Alberto Villarreal García abrió el fuego con una intervención breve, pero que encendió los ánimos de priístas, perredistas y petistas, todos ellos dispuestos a defender a los burócratas. ''Imagino que los millones de trabajadores que realizan sus actividades en la iniciativa privada no son trabajadores, por lo que dice el que me antecedió en la palabra. ƑQué mensaje le manda esta soberanía a esos millones de trabajadores que desde la iniciativa privada pagan impuestos, si decimos aquí que los que trabajan al servicio del Estado no deben pagarlos? Al respecto, la Corte ha sostenido que el aludido principio constitucional radica medularmente en la igualdad ante la misma ley fiscal, que todo, todos, y todos son todos, los sujetos pasivos de un mismo tributo'', dijo el panista.

Insistió en que la Suprema Corte había resuelto la inconstitucionalidad de esta exención y que aprobar la corrección del Senado ''sería tanto como volver a caer en un error no solamente abusivo contra los trabajadores de la iniciativa privada, sino sobre todo dejaría nuevamente muy mal parada a esta soberanía, porque pese a que la Corte ha declarado que esta medida es inconstitucional, nosotros seguimos insistiendo en apoyar, de verdad no entiendo, cuáles conquistas de qué trabajadores. Por tanto creo que es importante que todos desechemos este régimen de excepción que nos ha enviado en su minuta la colegisladora''.

Molesto, el perredista Ramón León Morales dijo: ''Cuán engañosos pueden ser los discursos, sobre todo cuando provienen de aquéllos que se han criado de la clase empresarial. Hijos de la clase empresarial. Aquí nuevamente hay un doble discurso. Se está hablando de que se homologuen los derechos de todos los trabajadores. Curiosamente no nos vienen a plantear aquí que se beneficien los trabajadores del apartado A, sino que perjudiquemos a aquéllos que trabajan al servicio del Estado. Yo he sido obrero y ahora también estoy al servicio del Estado, como lo ha estado mi compañero Ricardo Moreno Bastida, también hijo de trabajador; hijo de ferrocarrilero''.

Siguió: ''Y porque somos trabajadores y luchamos por los trabajadores, les pedimos: vamos con la equidad, con la igualdad, vamos por la homologación. ƑQué les parece que los trabajadores del apartado A no paguen el impuesto sobre la renta? Porque aparte de tener muy bajos sueldos que esos patrones, esa iniciativa privada los tiene castigados, también quieren que se castigue a los demás trabajadores. No vengan con discursos, no se equivoquen, acuérdense que muchos de los que pidieron y a los que les prometieron el cambio fueron trabajadores. De cara a la nación díganles que no es cierto que luchan por los derechos de los trabajadores. Díganle a esos trabajadores que les quieren quitar, a un importante sector de trabajadores de México, conquistas laborales''.

Las posiciones habían quedado definidas. Los panistas intentaron que se regresara al dictamen original aprobado en comisiones y en el pleno, pero no encontraron argumentos legales, fiscales o sociales que convencieran a priístas, perredistas y petistas para cambiar su punto de vista. Al final, por apenas 30 votos de diferencia, estos partidos se impusieron y dejaron al fisco, de acuerdo con el PAN, ''con un hueco de al menos 8 mil millones de pesos'' en la recaudación para el año próximo.

Pasadas las horas se aprobaron todas las enmiendas del Senado a la Ley de Ingresos, y aunque éstas significan una menor recaudación, paradójicamente no hubo ajustes al artículo uno de la ley que fija el monto de ingresos con los que contará el gobierno federal para el ejercicio 2003, ni por parte del Senado ni por parte de los diputados.

Otro de los ajustes que hizo el Senado tiene que ver con duplicar los beneficios que por las Administradoras Portuarias Integrales (Apis) tienen estados y municipios. Los senadores duplicaron los beneficios para las entidades pasándolas de 20 a 40 por ciento para los estados y de 6 a 12 por ciento a los municipios; sin embargo, los panistas advirtieron que esta medida no obliga a las entidades a destinar dichos recursos para reinversión en las Apis, en detrimento de los intereses de inversionistas particulares que participan en el sector, y de que esto abre la puerta para interponer controversias constitucionales por la medida.

De igual forma, los candados impuestos para autorizar el techo de endeudamiento para el Distrito Federal -3 mil millones de pesos, la cantidad más baja de los últimos años- ha detenido la votación de la minuta de Ley de Ingresos que remitió el Senado. De tal magnitud es el conflicto que hubo necesidad de convocar a los coordinadores parlamentarios de la Asamblea Legislativa, para tratar de destrabar las negociaciones.

Respecto de las modificaciones, nadie pudo explicar cómo el presidente Vicente Fox tendrá, a pesar de los ajustes, cambios y exenciones, un Presupuesto de Egresos de un billón 524 mil 845.7 millones de pesos.

Uno de los muchos argumentos que ofrecen los diputados para tratar de explicar este fenómeno es que la caída por los diversos ajustes se compensa ''por la eficiencia recaudatoria y medidas más estrictas que impidan que la Secretaría de Hacienda pierda juicios'', entre otros.