En su más reciente informe, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) emite un severo diagnóstico sobre la situación social de Argentina, país azotado por la peor crisis de su historia reciente y claro ejemplo de los desastres causados por la explosiva mezcla entre una clase política corrupta y negligente y el acatamiento sin cortapisas de los designios de los organismos financieros internacionales.

En su análisis, el PNUD señala que 53 por ciento de los argentinos (19 millones de personas) vive en la pobreza (no son capaces de adquirir una canasta básica de alimentos y servicios), en tanto que 25 por ciento se encuentra en situación de indigencia, sin posibilidad para cubrir siquiera sus necesidades alimenticias básicas. Tales cifras revelan que el desastre social argentino es de una magnitud profunda y dolorosa, máxime cuando ese país se encontraba, hasta hace no mucho tiempo, entre las naciones más desarrolladas de América Latina: basta referir que, según el reporte del PNUD, la renta per cápita argentina cayó de casi 8 mil dólares, en 2000, a tan sólo 2 mil 750 dólares, en 2002.

El hambre y la pobreza que agobian a millones de argentinos, empero, no parecen afectar a los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), institución cuyas políticas y modelos han ocasionado en toda América Latina el desmesurado incremento de la desigualdad, la miseria y la desesperanza. Apenas ayer, el director gerente del FMI, Horst Koehler, negó que el organismo a su cargo tenga responsabilidad en la crisis argentina, declaración que sólo confirma el cinismo y la insensibilidad que han caracterizado a los fundamentalistas del capitalismo salvaje. En contrapartida, en un arranque de sinceridad o frustración, el canciller argentino, Carlos Ruckauf, propuso la disolución del FMI al considerarlo ineficiente e incapaz de afrontar la actual crisis.

Con todo, y pese a la presente defensa de los intereses nacionales emprendida por la administración de Eduardo Duhalde frente a los organismos financieros multilaterales, no debe olvidarse que la clase política de ese país ha tenido una insoslayable responsabilidad ?de la cual no están libres los actuales gobernantes? en la debacle argentina. La corrupción generalizada, el privilegio de canonjías particulares ?en muchos casos espurias? por encima del bien general, la entrega del patrimonio nacional a trasnacionales, la negligencia y el sometimiento a los dictados de la banca internacional y de los personeros del capitalismo salvaje, integran el repertorio de lacras perpetradas por los sucesivos gobiernos argentinos. El descrédito de la clase política, evidenciada en los movimientos populares que iniciaron hace ya casi un año, es más que patente, y los argentinos, parafraseando al canciller Ruckauf, están en todo su derecho de exigir no sólo la disolución del FMI sino del régimen que los ha conducido a una crisis económica, humana y social sin precedente.

La dramática y dolorosa situación que vive Argentina, como la que se experimenta a lo largo de América Latina, es un indicador más de la necesidad y la urgencia de modificar el vigente modelo económico, depredador y antisocial. De lo contrario, el fantasma de la pobreza que azota todo el subcontinente no dejará de causar estragos y permanecerá como fatídica herencia para las generaciones futuras. ¿Cuánta hambre, enfermedad, marginación y desesperanza han de padecerse antes de que los gobiernos de la región comprendan, si es que están capacitados para hacerlo, que el neoliberalismo y la globalización salvajes son el enemigo de los pueblos y la principal causa de los estragos económicos y de los estallidos sociales que, con exasperante recurrencia, se padecen en las naciones en desarrollo?