Se les responsabiliza de mal manejo de recursos y desacato a la ley
Analiza la Contraloría de la ALDF imponer sanciones a 13 funcionarios
Los ex titulares de Comunicación Social y de la Oficialía Mayor serían inhabilitados
RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO
La Contraloría Interna de la Asamblea Legislativa del DF tiene en capilla a por lo menos 13 funcionarios y ex funcionarios responsables de cinco unidades administrativas de este cuerpo legislativo, quienes habrían incurrido en mal manejo de recursos públicos y desacato a la ley; incluso se conoció que José Antonio Pérez Stuart y José Coca, ex titulares de Comunicación Social y de la Oficialía Mayor, respectivamente, hasta el año pasado, podrían ser los primeros inhabilitados por seis meses.
De acuerdo con el informe ejecutivo de las actividades de la Contraloría General al 20 de noviembre de 2002, entregado a los miembros de la Comisión de Gobierno, se establece que el órgano fiscalizador de la ALDF auditó fundamentalmente a la Coordinación de Comunicación Social, la Tesorería y a cinco unidades dependientes de la Oficialía Mayor: recursos humanos, servicios médicos, eventos, servicios generales y resguardo, en el periodo de septiembre de 2000 al mismo mes de 2001.
En Comunicación Social se confirmó que hubo "contratación de servicios y pago a proveedores sin apegarse a la normatividad", mientras que en las dependencias de la Oficialía Mayor se detectaron deficiencias en el registro de la plantilla de personal y contratación y nombramientos sin validar y fuera de norma, así como retraso de 500 días en avisos al ISSSTE sobre movimiento de personal, y de 285 días en el pago a proveedores, e incrementos de 52 por ciento en gastos de alimentación.
El documento de la Contraloría General de la ALDF precisa que gracias a la intervención de este órgano se detectaron las deficiencias y se logró recuperar 50 por ciento del pago que por 600 mil pesos se hizo de mensajes radiofónicos no transmitidos en 2001; además se pidió la suspensión de un pago ya autorizado, derivado de una reclamación de seguros por robo de equipo fotográfico, "evitando un gasto improcedente de 100 mil pesos".
Otro de los hallazgos de la Contraloría fue que se detectaron pagos de "anticipos por gastos a comprobar" otorgados a cinco servidores públicos, cuyo importe es de 432 mil pesos y "está en proceso de recuperación".
De igual manera "se recuperaron" 13 teléfonos celulares con importe aproximado de 40 mil pesos, "que estaban en poder de un ex servidor público de la Asamblea", cuyo nombre no se precisa. Asimismo se identificó equipo de sonido cuyo costo, de un millón y medio de pesos, fue aplicado erróneamente al gasto, y se solicitó su reclasificación como parte del activo fijo de la Asamblea.
En cuanto a los casos en que se presume responsabilidad de servidores públicos de la ALDF durante el ejercicio fiscal de 2001, la Contraloría detalla que "se tiene pendiente la conclusión de 13 asuntos" y habrá de ser este órgano de fiscalización el que determine las sanciones correspondientes.
Precisamente en este punto se logró conocer en la Comisión de Gobierno que el contralor interno de la ALDF, Guillermo Orantes, habría propuesto a los coordinadores parlamentarios la inhabilitación por seis meses de José Coca y José Antonio Pérez Stuart, al detectarse diversas irregularidades. Incluso este último ex funcionario se reunió la semana pasada con el contralor interno por más de cinco horas.
Ante la falta de información para ratificar o rechazar las sanciones propuestas, los coordinadores requirieron al contralor interno un reporte detallado de las irregularidades encontradas en cada caso.
