Raciel Garrido Maldonado
Electrónica y democracia: la experiencia brasileña
En la consolidación de los procesos democráticos, la ayuda de la tecnología ha venido a jugar un papel relevante, como quedó claro en el reciente proceso electoral brasileño que dio el triunfo al candidato del Partido del Trabajo, Luiz Inacio Lula da Silva. El uso de la urna electrónica en esos comicios tuvo un rol clave para dar a éstos no sólo confiabilidad en sus resultados, sino que también reforzó su legalidad y transparencia.
La oportunidad de asistir como observador a este proceso, invitado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, y posteriormente la conferencia sobre el tema en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, que impartió Ellen Gracie Northfleet, ministra del órgano electoral de aquel país, propician una reflexión detenida sobre la viabilidad de este sistema para nuestros procesos electorales.
Brasil comenzó a operar el sistema de urnas electrónicas poco después de la gran reforma electoral de 1994. Hacia 1996 se establecieron algunas urnas de este tipo, a manera de ejercicio piloto. Hoy, seis años después, se ha logrado una cobertura del 100 por ciento del electorado y su confiabilidad y exactitud fueron de especial utilidad para las dos vueltas electorales que se requieren en esa nación sudamericana en caso que ninguno de los candidatos no obtenga una clara mayoría de primera intención. En la primera vuelta se logró obtener en tan sólo 12 horas el 90 por ciento de los resultados (se requirió un día y una hora para obtener el 100 por ciento de los resultados). En la segunda vuelta sólo hubo que esperar un lapso de cuatro horas. En el proceso se utilizaron 19 mil 373 urnas para un padrón en el que están registrados 115 millones de electores.
Es notorio que la rapidez del conteo a través de este sistema es uno de los factores de avance que ofrece ventaja, al evitar la incertidumbre, tanto en los candidatos en competencia electoral y sus partidos, como entre un electorado ávido de conocer lo más rápidamente posible los resultados de un proceso comicial. Pero las bondades de la urna electrónica van más allá, puesto que ofrece parámetros de medición y validación: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, verificabilidad y visibilidad.
Otro beneficio consiste en que por su diseño esta tecnología puede ser utilizada por ciudadanos con alguna discapacidad, o por quienes son iletrados, punto que resulta de especial interés para un país como México, en donde aún se cuenta un porcentaje significativo de la población en edad de votar con este problema. Por otro lado, una ventaja más es que es considerablemente pequeña, con un dispositivo anexo, parecido a una calculadora de escritorio, condición que facilita su traslado e instalación, incluso en lugares remotos y poco accesibles.
Es cierto que la experiencia brasileña demuestra que la tecnología electrónica puede extenderse en cuanto a su aplicación al campo del ejercicio de la democracia y ello significa un progreso en los métodos de llevar a cabo las funciones públicas. Sin embargo, no menos verdadero es que la factibilidad ante la implantación de la urna electrónica no depende de la simple adaptación, sino de meticulosos cuidados, como los que se tuvieron en este país del sur, para garantizar efectividad y confiabilidad, a partir del objeto central: el voto y sus características. En este sentido, algunos de los aspectos por observar son: la autenticación de votantes, la garantía de acceso, la unicidad, la libertad y la secrecía, lo que atañe al control del acceso, así como los indispensables sistemas de protección y recuperación de datos.
Habida cuenta del interés que en ese tópico han puesto las instituciones electorales del Distrito Federal, los primeros pasos se han dado. Adelante está el ejercicio que el IEDF realizará el próximo seis de julio, mediante una prueba piloto para verificar la viabilidad de la utilización de urnas electrónicas en contiendas electorales; sin duda los partidos políticos serán factor principal, por cuanto a su cooperación: finalmente se trata de un proyecto que busca el perfeccionamiento de las tareas electorales.
