Pagos excesivos, gastos sin aclarar y adeudos a contratistas, algunos de ellos: Congreso estatal
Detectan irregularidades en la gestión de Tinoco Rubí en 2001
En Obras Públicas, las mayores anomalías; Tesorería infló informe de erogaciones a dependencias, revela
ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL
Morelia, Mich., 9 de diciembre. La Contaduría de Glosa del Congreso del estado detectó que durante el ejercicio fiscal correspondiente a 2001 la administración que encabezó el entonces gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí erogó más de 70 millones de pesos sin ofrecer documentación comprobatoria de esos gastos.
En un informe al cual tuvo acceso La Jornada, el citado organismo señaló que al llevar a cabo la revisión física de 766 obras ejecutadas el año anterior constató que el gobierno de Michoacán realizó pagos en exceso, tuvo gastos sin aclarar, adeudos a contratistas y recursos sobrantes no reintegrados a las arcas públicas.
De acuerdo con la Contaduría de Glosa del Congreso, las principales irregularidades se encontraron en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, cuyo titular en 2001 era Carlos Martínez, a quien la Contraloría inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Asimismo, la Contaduría de Glosa descubrió que la Tesorería estatal descuidó o infló la información de los gastos en diversas dependencias.
Cabe señalar que actualmente existe denuncia penal en contra del ex tesorero, Gabriel Pérez Gil Hinojosa.
Liquidar personal, solución en Fertinal: Godoy Rangel
De acuerdo con el secretario general de Gobierno estatal, Leonel Godoy Rangel, la mejor solución para resolver el conflicto de Fertilizantes Nacionales (Fertinal) sería que fueran liquidados los trabajadores de la empresa productora de fertilizantes, ubicada en Ciudad Lázaro Cárdenas, que se mantienen en huelga desde el 14 de noviembre de 2001.
En entrevista, Godoy Rangel señaló que la situación de los obreros se complicó luego que el Tribunal Colegiado desechó un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que hizo imputable la huelga a la parte patronal, y la obligó a pagar salarios caídos a los obreros.
El secretario de Gobierno aclaró que la liquidación de los empleados no necesariamente significaría el cierre definitivo de esta industria sino que con ella podría abrirse "un periodo para que, sin la presión por la gran necesidad de los trabajadores, el gobierno federal y el patrón o propietario de la empresa resuelvan qué van hacer.
"Pero la posición del gobierno del estado es que se debe reabrir esta fuente de trabajo, que genera mil 200 empleos directos", precisó.