Francisco López Barcenas

Política contra derecho en la Mixteca

En un acto sin precedente en la Mixteca el pasado 5 de diciembre varias comunidades indígenas de la región se reunieron con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organismo consultivo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Los representantes del organismo internacional escucharon cerca de tres horas al Consejo de Ancianos, a autoridades comunitarias, a grupos de mujeres y, en general, a miembros de las comunidades asistentes, quienes presentaron testimonios de cómo diariamente se violan sus derechos humanos, ésos que el gobierno mexicano se ha comprometido a respetar. Así atestiguaron la ausencia de un estado de derecho y un ambiente político en el que la ley que priva es la de los intereses caciquiles y de grupo.

Los problemas que más escucharon fueron relativos a los conflictos agrarios, muchos creados por las autoridades para controlar a las comunidades; pero también hablaron de la subordinación política a autoridades gubernamentales que las oprimen, negándoles, sobre todo, las participaciones económicas que les corresponden al mismi tiempo que les impiden decidir sus destinos; se denunció el saqueo de la madera y la falta de incentivos a los campesinos para que puedan producir los alimentos que consumen.

Derivadas de esto existen sentencias agrarias sin ejecutar sólo porque quienes han demostrado sus derechos no pertenecen a ningún grupo o partido político, mientras los perdedores tienen cobijo de organizaciones políticas oficiosas o independientes; hay órdenes de aprehensión sin ejecutar, averiguaciones previas por daños que han causado grupos armados y que duermen el sueño de los justos en las agencias del Ministerio Público, en espera de que los problemas se agudicen para entonces decir que "siguen trabajando".

Importante fue el testimonio de las mujeres que han sufrido las consecuencias de la falta de derechos en sus comunidades. Fueron ellas quienes con más énfasis expusieron cómo afecta su vida y las de sus comunidades no contar con una casa para vivir, porque las que tenían fueron arrasadas durante las invasiones de sus tierras; cómo sus esposos han tenido que emigrar a Estados Unidos a trabajar porque los conflictos los han dejado sin posibilidad de cultivar la tierra para obtener el sustento; cómo los niños sufren daños sicológicos por las balaceras que han presenciado a su corta edad y en las que se han visto envueltos de manera involuntaria; cómo los esposos, aun heridos, han tenido que emigrar porque no existe otra forma de vivir. Una ausencia total de seguridad para ellas, sus familias y sus comunidades.

Todos estos testimonios, expuestos por Chaá canu, los hombres grandes por el servicio que han dado a su comunidad, los que integran los consejos de ancianos, así como los de las autoridades comunitarias, los seé ñuu, hijos del pueblo, contradicen las declaraciones que días antes de la visita hiciera el secretario de Gobierno de Oaxaca en el sentido de que los conflictos agrarios existen porque las comunidades no tienen voluntad de conciliar.

Sorprende que lo diga el responsable de seguridad interior de Oaxaca, porque si bien no es reprochable que busque salidas políticas a los problemas, sí lo es que cuando no existe acuerdo la ley no se aplique para hacer valer los derechos de quienes han sufrido su violación.

Esta actitud es la que lleva a quienes padecen la falta de vigencia del estado de derecho a afirmar que el Estado no busca solucionar los conflictos, sino administrarlos de acuerdo con su conveniencia. Importan más los intereses políticos que la vigencia de los derechos humanos.

La FIDH seguramente se tomará un tiempo prudente para realizar su informe y hacerlo público. Mientras tanto, las comunidades se preparan para hacer valer sus derechos y no estar a expensas de los intereses de los grupos políticos.