El consejero electoral denuncia que se pretende aplicarle un juicio político
Con presiones, el PRI intenta entorpecer pesquisas del Pemexgate: Jaime Cárdenas
ALONSO URRUTIAENVIADO
La demanda del Partido Revolucionario Institucional para que tres consejeros electorales nos excusemos de conocer el caso Pemexgate pretende en realidad allanar el camino para la promoción de juicios políticos en contra nuestra, consideró el consejero Jaime Cárdenas. Recordó que al igual que antes del proceso electoral de 2000, cuando el tricolor presentó una denuncia contra otros consejeros, lo que se busca es presionar al organismo electoral para evitar que vaya al fondo de las investigaciones sobre los gastos de campaña.
Más allá de lo que resuelva al respecto la Comisión de Fiscalización, la solicitud priísta habrá de retrasar la resolución definitiva que haga el Instituto Federal Electoral sobre el presunto desvío de recursos públicos a la campaña presidencial del PRI en 2000.
En caso de que exista una negativa por parte de la Comisión de Fiscalización a la petición del PRI, este partido podría acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si se accede a la propuesta, se tendría que reponer el procedimiento para emplazar al PRI con una nueva integración de la Comisión de Fiscalización ya sin los consejeros Alonso Lujambio -presidente de la misma-, Mauricio Merino y Jaime Cárdenas.
A juicio del PRI, estos consejeros fueron quienes formalizaron la denuncia de hechos que el IFE presentó ante la Fiscalía Especializada para Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la República derivada de la queja interpuesto a su vez por el Partido de la Revolución Democrática ante ese organismo electoral. En el documento elaborado por el área jurídica del IFE se reivindica la denuncia de hechos "en agravio del IFE", situación que ahora es impugnada por el PRI, al considerarlos como parte del tema.
El error en la presentación de la denuncia
Al respecto, Cárdenas asume que efectivamente hubo un error por parte del área jurídica en la presentación de la denuncia, pues sencillamente debió haber enviado la queja del PRD con un texto breve del IFE detallando las razones. Con ello cumpliría con la obligación legal del organismo que establece la ley, misma que señala que si la autoridad conoce de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, está obligada a dar parte a la autoridad competente.
Sin embargo, precisó el consejero, la propia Fepade le ha notificado al juez penal que está conociendo este asunto y que las partes agraviadas son la Federación y el IFE. Es a partir de ello y a una interpretación de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en el artículo 220 establece que es causa de impedimento de un juez para conocer una causa el hecho de estar involucrado él o sus parientes en un asunto.
Esto lo retoma el PRI para demandar que tres consejeros se excusen del caso, pero eso será cuestión de que la Comisión de Fiscalización -a quien está dirigida la solicitud- revise con puntualidad las interrogantes jurídicas para determinar si es procedente o no. "Creo que simplemente se cumplió con las obligaciones de ley de dar vista a la autoridad competente".
Lo que hay en el fondo, dijo Cárdenas, es que el PRI quiere preparar el terreno para eventualmente promover un juicio político en contra de los consejeros si es que no nos excusamos de conocer el caso.
Subrayó la coincidencia de recursos presentados por el PRI en contra de consejeros "cuando se pretendió revisar los gastos de campaña de Ernesto Zedillo, sus conexiones con Banca Unión y el Fobaproa, con el caso actual en el que de nueva cuenta el IFE debe revisar los gastos de la campaña presidencial del PRI, pero ahora de 2000".
Sin embargo, subrayó que en este tema el quid de la cuestión es determinar si debe prevalecer el criterio de la recusa de los consejeros por considerárseles parte interesada o bien, si debe prevalecer el criterio de la obligación del organismo electoral para dar vista a la autoridad competente de hechos presuntamente constitutivos de delito.
