El estudio Mexico Energy Outlook, presentado ayer de manera conjunta por la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la Secretaría de Energía (SE) de nuestro país, debe ser tomado como una señal de alerta sobre el rumbo desastroso de la industria petrolera nacional y sobre la necesidad de reformular de manera radical las estrategias de Estado en materia de prospección, explotación, transformación y comercialización de hidrocarburos.

De acuerdo con Faith Birol, especialista de la AIE, encargada de presentar el documento referido en la ciudad de México, si se mantienen las tendencias actuales en esas actividades México se convertirá en menos de tres décadas en importador neto de petróleo, debido al crecimiento de la demanda interna y al agotamiento o declinación de los principales yacimientos petrolíferos nacionales.

Tal escenario obliga a evocar las atinadas -y vigentes- advertencias que formuló en este sentido el ingeniero Heberto Castillo desde fines de los años setenta. El fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores señaló que en la medida en que el gobierno siguiera explotando y exportando el petróleo crudo y financiándose con el dinero resultante, el país tendría que conformarse con ver pasar los recursos de sus hidrocarburos sin beneficiarse de ellos de forma significativa. El crudo genera riqueza donde se integra a procesos productivos, no donde se extrae, alertaba Castillo, y México estaba desperdiciando su petróleo y alimentando con él un mar de corrupción pública y privada, así como una bonanza artificial y fantasmagórica: tarde o temprano, los yacimientos se agotarían y no dejarían tras de sí ninguna riqueza nacional.

Esas reflexiones, expresadas durante el sexenio de José López Portillo, se hicieron más pertinentes en los gobiernos posteriores, los cuales siguieron utilizando las facturas petroleras para pagar la deuda pública y renunciaron a realizar inversiones en prospección y perforación, y no se diga en infraestructura petroquímica primaria y secundaria. Desde los años de Miguel de la Madrid hasta el presente, los sucesivos gobiernos han mantenido políticas petroleras depredadoras, semejantes a aquellas con las que gobiernos anteriores erosionaron hasta el punto de hacer inviable la infraestructura ferroviaria nacional.

México no puede darse el lujo de dilapidar su principal recurso natural no renovable y convertirse en importador de hidrocarburos. Permitir que se concrete tal escenario sería una irresponsabilidad y un crimen mayúsculo contra la integridad y la soberanía nacionales. El grupo que detenta el poder actualmente, como receptor de la advertencia de la AIE, debe abandonar sus empeños por impulsar una reforma energética de corte netamente neoliberal y privatizadora y en cambio emprender la construcción de consensos que sustenten una política petrolera de Estado, orientada a la redistribución de la riqueza, a la justicia social y a la generación en territorio nacional de productos de valor agregado, fortaleciendo y garantizando la propiedad pública de la industria.