Luis Hernández Navarro
El malestar con el libre comercio
Catorce organizaciones campesinas han convocado a las Jornadas Nacionales de Movilización y Lucha, que se realizarán el 3 y 10 de diciembre de este año y el primero de enero del próximo en la Cámara de Diputados y la secretaría de Estado para demandar mayor presupuesto al agro y protestar en contra de la liberación comercial. Razones no les faltan.
Pocos países se han abierto al libre comercio con tanta rapidez y tan poca gradualidad como México. En pocos años pasó de tener una economía cerrada y protegida a una de las más abiertas del mundo. El proceso comenzó en 1986 con nuestra incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y se consolidó con la entrada en vigor del Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) en enero de 1994. En la actualidad se han firmado 10 tratados comerciales con 32 países y se negocian dos más con Panamá y Uruguay.
Cada nuevo paso que se da en favor de la apertura comercial ha sido justificado como una acción de gobierno inevitable, modernizadora, que estimula el desarrollo y el bienestar de la población. En contraposición se presenta a quienes señalan que hay que defender los mercados y los productores nacionales como nostálgicos enemigos del progreso y promotores de la ineficiencia.
Los damnificados de este proceso no han recibido compensación alguna ni oportunidad para reconvertirse. Víctimas de una política de modernización a golpes de mercado, han pasado a engrosar las filas de la exclusión.
A diferencia de lo sucedido en otros países, la apertura de las fronteras nacionales a las importaciones extranjeras tuvo en sus inicios poca oposición. El control corporativo de los organismos gremiales facilitó la construcción de un consenso en favor del libre mercado. La promesa hecha a los empresarios y agricultores nacionales de acceder a los mercados de grandes potencias económicas como Estados Unidos, y de contar con insumos baratos para su producción, desvaneció el rechazo inicial a la liberalización comercial. Otro tanto sucedió con los consumidores urbanos que súbitamente tuvieron acceso a un amplio surtido de mercancías extranjeras, muchas de lujo.
Sin embargo, este consenso no puede confundirse con unanimidad. No fueron pocas las voces críticas que se hicieron oír cuando México se incorporó al GATT. El levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 cayó como balde de agua helada sobre quienes festinaban la entrada en vigor del TLCAN. Grupos ciudadanos, intelectuales y organizaciones campesinas democráticas advirtieron en su momento sobre los riesgos del libre comercio. No obstante sus protestas, por enérgicas que fueran, y sus críticas, por documentadas que estuvieran, siempre tuvieron un impacto limitado.
Esta situación ha comenzado a modificarse. Nuevos e importantes sectores de la población, algunos de los cuales apoyaron en un primer momento la apertura comercial, rechazan hoy este librecambismo a ultranza. Ramas industriales completas como la del juguete o del calzado han sido prácticamente barridas por las mercancías extranjeras. Muchos de los empresarios que han sobrevivido lo han hecho transformándose en importadores. El malestar se extiende más allá de los damnificados originales.
El sueño de la bonanza exportadora se ha convertido en pesadilla para muchos productores. No son pocos quienes ven un espejismo en el acceso al mercado estadunidense . Agricultores y ganaderos nacionales se enfrentan impotentes a los grandes subsidios que reciben sus vecinos, a precios artificialmente bajos de sus productos, a obstáculos fitosanitarios, a la incapacidad del sistema de aduanas para documentar e informar sobre volúmenes de importaciones por arriba de las cuotas establecidas, al contrabando y a la carencia de normas de origen.
El fin de las protecciones arancelarias en el año 2003 a todos los productos agropecuarios -excepto maíz, frijol y leche en polvo- ha prendido la señal de alarma. Quienes se juegan la sobrevivencia no son sólo los campesinos de subsistencia, sino los grandes agricultores que no se dedican a la horticultura o los ganaderos concentrados en la cría de becerros.
Los nuevos inconfomes coinciden en el rechazo al libre comercio con fuerzas como el Frente por la Defensa del Campo, agrupación en la que participan campesinos medios de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Veracruz, opuestos al TLCAN, que han tomado garitas, aduanas, casetas de peaje y puertos.
Este malestar ya comienza a tomar la forma de una propuesta de acción unificada. Aunque no hay acuerdo total entre todos, unos plantean la moratoria, varios la abrogación, otros más la renegociación del capítulo agrícola del TLCAN, mientras que algunos consideran que es necesario utilizar más aranceles para proteger algunos productos sensibles. Sin embargo, todas están de acuerdo en que la situación actual es insostenible. Trece organizaciones nacionales publicaron el 12 de noviembre en La Jornada un manifiesto titulado "šEl campo no aguanta más!", que es un indicador de la temperatura de las aguas en el agro.
En los últimos dos años en el sureste de México ha cristalizado una amplia resistencia popular de base al Plan Puebla-Panamá (PPP). Pocas iniciativas gubernamentales están tan desacreditadas como ésta. El PPP se ha convertido en el villano favorito de amplios sectores sociales. Pero, a juzgar por las últimas protestas campesinas, no es el único. En muchas regiones parece haber cuajado también un amplio movimiento de rechazo al libre comercio. El malestar contra el libre comercio que se escuchó en el šYa basta! del primero de enero de 1994 suena ya en todos los rincones del país.
