"Echarle tierra" equivaldría a "aprobar la impunidad y violar el estado de derecho"

La investigación sobre la guerra sucia debe seguir, dice el obispo Sergio Obeso

Expresa su rechazo a la tesis del cardenal Norberto Rivera de "dejar el pasado atrás"

JOSE ANTONIO ROMAN

Aunque desde una visión pragmática sería mejor olvidar los crímenes del pasado, no se puede aprobar que actos tan graves queden sin justicia, afirmó el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano, Sergio Obeso Rivera. "Renunciar a seguir el cauce de la investigación o echarle tierra significaría aprobar la impunidad y la violación del estado de derecho", advirtió. El prelado se manifestó por continuar con las investigaciones de la llamada guerra sucia.

Contrario a la opinión del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien hace unos días declaró que sería mejor que México tomará el ejemplo español y construyera su futuro dejando atrás el pasado, el también arzobispo de Jalapa sostuvo que la justicia tiene un valor incalculable, y que cuando ésta se aplica correctamente tiene una infinidad de repercusiones positivas en la sociedad.

"Respeto las declaraciones de otros arzobispos. No me estoy haciendo portavoz de la Iglesia mexicana, sólo estoy diciendo mi opinión. Pero renunciar a seguir las investigaciones suena como favorecer la impunidad", dijo Obeso Rivera, quien durante tres periodos ocupó la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

En conferencia de prensa, junto con el obispo de Saltillo, Raúl Vera, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) dio a conocer una declaración que es fruto del encuentro entre defensores de derechos humanos, realizado hace un par de semanas en Tlapa, Guerrero. En el texto se exige al gobierno de México ratificar la declaración sobre los derechos y deberes que tienen los individuos, grupos e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

A más de un año de la muerte de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos, la comisión pide también que el gobierno federal emprenda una real lucha contra la impunidad de quienes siguen violando derechos humanos, mientras la sociedad es invitada a fortalecer aún más su compromiso con esas garantías.

Se reconoce que en años recientes se ha ido ganando terreno en el campo de los derechos humanos, lo que ha incidido en procesos electorales imparciales. "Sin embargo, de manera paralela la construcción de un estado de derecho respetuoso de los derechos humanos es una de las tareas pendientes de nuestra transición, pues las viejas prácticas de abusos, corrupción, discriminación e impunidad por parte de agentes públicos todavía prevalecen, especialmente en contra de habitantes de regiones rurales y urbanas pobres en el norte, centro y sur del país", se expone en la declaración, leída ayer por el presbítero José Antonio Sandoval, secretario ejecutivo de la CEPS.

Durante la conferencia de prensa, Raúl Vera López, antiguo obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, dijo que la violación de los derechos humanos también se da en el plano de la "violencia estructural". El actual sistema económico neoliberal tiene sumida a gran parte de la población en la pobreza y la marginación, subrayó.

"La primera gran violación a los derechos humanos es la pobreza y el hambre", indicó el prelado, quien aseguró que el país "ya está en el camino del colapso, del caos y de la protesta", pues se reducen cada vez más las posibilidades de que las personas salgan adelante.

Recordó las cifras oficiales y las declaraciones de diversos funciona- rios públicos y de la banca nacional e internacional en el sentido de que ni en éste ni en el próximo año habrá una recuperación real en la generación del empleo, situación que se agravará todavía más con la crisis del campo, tras la liberalización de los aranceles a las importaciones de los productos agropecuarios a que obligará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en enero próximo, .

Tanto Obeso Rivera como Vera López criticaron severamente el modelo económico neoliberal. Coincidieron en señalar que en reiteradas ocasiones la jerarquía eclesiástica ha expresado la necesidad de "estudiar correcciones sustanciales". El modelo actual genera un mayor número de pobres, es excluyente y notoriamente desigual, enfatizó el obispo Vera.

Mientras los países desarrollados y la banca internacional exigen a los países pobres y en desarrollo reducir el gasto social y eliminar todo tipo de subsidios, principalmente al campo, ellos hacen todo lo contrario, es decir, invierten grandes recursos económicos en la cuestión social y subsidian con "millones y millones" de dólares a sus productores agropecuarios, dándoles la posibilidad de exportar sus productos con ventajas respecto de los campesinos de las naciones pobres, añadió. "Este es un sistema verdaderamente lleno de iniquidad", expresó.

En el documento sobre derechos humanos dado a conocer ayer, elaborado durante varios días de trabajo de diversos organismos, se describe la situación que vive el país en esta materia. Por ejemplo, se denuncia que los defensores de los derechos humanos son objeto de obstáculos de diversa índole e inclusive de actos de hostigamiento directo.

Tanto en el pasado como en el presente, se puntualiza, se les intentó silenciar de diversas maneras, incluyendo campañas públicas de desprestigio; vigilancia y actos de espionaje telefónico; allanamiento de sedes, robos de información y hostigamiento mediante amenazas y mensajes intimidatorios. Los autores de tales hechos, se apunta en la declaración de la comisión episcopal, regularmente se amparan en el anonimato y en la "impunidad institucional" sin ser castigados.

Agrega que la erradicación de estas prácticas ha sido especialmente difícil en contextos sociales o frente a situaciones en las que los afectados por la acción legítima de los defensores concentran un gran poder político, económico o de información.

"La acción del Estado, responsable inmediato de la tutela del derecho a defender los derechos humanos, aún no es suficiente como para enfrentar efectivamente y sancionar a los responsables. Por ello los defensores deben ser vistos como un grupo social que requiere solidaridad y protección emergente", se concluye.