Martí Batres Guadarrama
La disputa por la reforma eléctrica
Corre el rumor de que en el Senado de la República, el PAN y una parte del PRI ya tienen un acuerdo para la llamada reforma eléctrica con el fin de ampliar la presencia privada en el sector, modificando la Constitución con el argumento de que debe "legalizarse lo que ya existe", incorporando las formas privadas de generación eléctrica que, afirman ellos, "ya se dan en la realidad".
Sólo es un rumor, pero la argumentación es repetida por tecnócratas priístas en la Cámara de Diputados, quienes rezan lo mismo que apenas hace unos meses decían legisladores del PAN, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el reglamento del servicio público eléctrico. Si tal ordenamiento lo es, afirman, hay que reformar la Constitución para que deje de serlo.
El razonamiento raya en el cinismo y el absurdo jurídico. Nos están diciendo que hay que reformar la Constitución para adaptarla a una ley, como si la segunda estuviera por encima de la primera. Cualquier jurista se prendería del techo con tales conclusiones, pues siendo la Constitución la norma jurídica básica, una ley anticonstitucional debe ser modificada para adaptarse plenamente a la Carta Magna y no al revés. Sin embargo, está pendiente definir si se trata de una ley anticonstitucional en su conjunto.
Al respecto la maestra Ifigenia Martínez ha desarrollado un estudio muy interesante sobre diversas formas de participación privada que se encuentran en la ley aprobada en 1992. Entre éstas está claro que algunas son plenamente constitucionales, como la generación para el autoabastecimiento o la venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de excedentes generados en una empresa particular. En estos casos el particular no interviene en el servicio público eléctrico. No obstante, la figura más cuestionada es la del productor independiente. Sobre ello hay planteamientos para dar plazos en relación con su existencia, pues está comprobado estadísticamente que dichos productores independientes sólo han ocupado el espacio que abandonó el Estado durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el más bajo en inversión pública en el sector eléctrico.
Más allá de la disquisición jurídica, la definición central radica en si la estrategia de la nueva generación eléctrica se basará en la inversión pública o en la privada. Y qué es lo que más conviene al país.
Con todo lo que ocurre en el mundo, especialmente fenómenos como recesión de la economía estadunidense, corrupción en sus grandes corporaciones, resurgimiento de políticas proteccionistas en Estados Unidos y Europa, lo que México necesita es mirar hacia el mercado interno y apostar a la inversión pública nacional.
Curiosamente la exposición de motivos del paquete económico que contiene los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, recién llegado a la Cámara, recoge este concepto: apostar al mercado interno y no a la economía exterior. Pero no se trata de ideologizar, sino de definir estrategias con medidas, lineamientos y reformas específicas.
Hace más de 10 años, con la estrategia del salinismo, se reformó la Constitución para que el ejido pudiera embargarse, rentarse o venderse, así como abrir el campo a la inversión extranjera y permitir la conformación de grandes holdings empresariales agropecuarios. Entonces prometieron el paraíso y hoy el campo es más pobre. Hace más de 10 años privatizaron la banca y actualmente México paga 50 mil millones de pesos anuales para subsidiar a una banca extranjera. También privatizaron aerolíneas, carreteras e ingenios azucareros, que luego tuvieron que ser rescatados por el Estado. Alguien paga las privatizaciones y alguien cobra sus beneficios, pero en general han destruido el patrimonio nacional y producido más de 20 millones de nuevos pobres.
No estamos entonces, simplemente, ante una disputa de definiciones ideológicas. No es éste un debate entre privatismo o estatismo. El asunto es muy práctico: se trata de ver qué conviene a México. Si a las fracasadas privatizaciones mencionadas agregamos las privatizaciones eléctricas en el mundo tenemos todo el derecho a dudar de las "bondades" del proyecto privatizador y, más aún, la obligación de evitar caer en una aventura desastrosa.
Sería deseable que en el Senado de la República se den las convergencias necesarias para impedir la reforma constitucional, pero sobre todo para acordar otro tipo de reforma en materia de energéticos. Sin duda México tiene grandes problemas económicos, pero no estamos como en Argentina, porque contamos con Pemex y la CFE. Esa es nuestra diferencia y la razón por la cual hay un impacto positivo en la balanza de pagos, en las divisas, los ingresos y las garantías de financiamiento.
La CFE no está en crisis. Es la cuarta empresa eléctrica del mundo. Trabaja con número negros. Garantiza al país el abastecimiento, cuando menos, para los próximos cinco años y cuenta con una red nacional que ya quisieran otras naciones.
Sí se necesita una reforma energética para fortalecer las empresas públicas: para que puedan invertir sus ganancias en inversión productiva, para detener la sangría fiscal de Pemex y CFE, para que ambas paguen los mismos impuestos que las empresas privadas y no cinco o 10 veces más, como ahora; para que junto con Luz y Fuerza del Centro tengan autonomía de gestión administrativa y financiera; para que Luz y Fuerza tenga atribuciones para generar y no sólo distribuir electricidad, para que las tarifas sean justas, para aumentar la inversión pública en redes de infraestructura y plantas, para que se vigilen rigurosamente sus finanzas y no las conviertan en tesorerías alternas de alguna campaña electoral partidista; también, por cierto, para disminuir la participación privada, anticonstitucional, con plazos finitos de existencia. En fin, requerimos una reforma eléctrica en legislación secundaria sin tocar la Constitución.
Que los rumores a que aludimos líneas arriba no se vuelvan realidad depende de la acción consciente de quienes puedan tomar buenas decisiones para el país en el Senado de la República.
