Visitan el país expertos de la ONU para analizar el fenómeno; se reúnen con ONG

Detenciones arbitrarias, cosa común en México: CNDH

VICTOR BALLINAS

En México la detención arbitraria de personas "es una de las violaciones más comunes a los derechos humanos", aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que se encuentra en el país para conocer la magnitud de este problema y analizar la situación de los reos que pueden beneficiarse con la preliberación, pero que se les niega o retrasa.

Durante un encuentro entre miembros del Grupo de Expertos en Detenciones Arbitarias, que encabeza Louis Joinet, y funcionarios de la CNDH, el primer visitador general de ese órgano, Víctor Manuel Martínez Bulle-Goyri, explicó que "debido a esa situación constante, la CNDH emitió la recomendación general número 2, el 19 de junio de 2001, dirigida al procurador general de la República y procuradores estatales para que acaben con esa práctica ilegal".

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que se reunieron en privado con el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, coincidieron en que "esa aberrante práctica es muy común, e incluso cuando se les detiene se les tortura y se les tiene hasta 'desaparecidos' por largos periodos".

Las ONG que se reunieron con los expertos independientes que trabajan para la ONU les explicaron que incluso las reformas a la Constitución en los artículos 16 y 20, "facultan al Ministerio Público para ordenar detenciones sin órdenes de aprehensión y a los primodelincuentes se les niega la libertad, cuando ya tienen derecho a su preliberación, además de que se incorpora en el artículo 16 la figura de la cuasiflagrancia".

Entre las ONG que se reunieron con el grupo de trabajo estaban Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Red todos los Derechos para Todos, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Fray Vitoria, Sin Fronteras, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

Adrián Ramírez director de la Limedh, destacó que "el grupo de trabajo conoce muy bien la situación de México, y durante la reunión que sostuvieron con nosotros su preocupación fue sobre las reformas recientes a la Constitución en sus artículos 16 y 20; quisieron saber sobre los defensores de oficio y la participación de militares en tareas de seguridad pública".

Edgar Cortez, director del Centro Pro, manifestó que los integrantes del grupo de trabajo "saben que la situación de violaciones a los derechos humanos en el país es grave, por eso están aquí. Tienen conocimiento porque les han llegado denuncias individuales de casos; están aquí precisamente porque les interesa conocer la magnitud del problema".

Abundó: "Louis Joinet y Soledad Villagra tienen conocimiento de las violaciones que se cometen por las detenciones arbitrarias, que a los detenidos se les tortura para obtener confesiones, o se les mantiene en arraigo por periodos prolongados. Ellos conocieron el caso de las detenciones de los campesinos ecologistas Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera, la del general Francisco Gallardo, y otros casos".

Ximena Andión, de la Comisión Mexicana, manifestó que los expertos "nos manifestaron que van a visitar cárceles de máxima seguridad, como La Palma y Puente Grande, además de los estados de Jalisco, Guerrero y Oaxaca para conocer casos de detenciones arbitrarias, detenciones de indígenas, los beneficios de preliberación y la situación del defensor de oficio".

Cortez y Ramírez coincidieron en señalar que "ellos tienen preocupación por las violaciones a los derechos humanos que se cometen con el arraigo en hoteles o casas de seguridad, con el reclutamiento arbitrario de indígenas, con la negativa al derecho de preliberación y lo tortuoso de los procesos y la discrecionalidad con que se otorga ese beneficio".

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) entregó un documento sobre las detenciones arbitrarias al grupo de expertos, en el que destaca que " en las detenciones ilegales se argumentó por parte del gobierno y procuraduría flagrancia, o sea que se siguen procedimientos ilegales con algún fin, como obtener una confesión o intimidar a una persona. En algunos casos de detención arbitraria los detenidos son secuestrados o se les mantiene incomunicados por horas y meses y en ese lapso se les tortura para hacerlos firmar confesiones".

En el listado de casos que entregó la CMDPDH se encuentra el del Casino de la Selva, en Morelos, donde el 21 de agosto 50 policías desalojaron con violencia a los integrantes del Frente Cívico Pro Casino de la Selva, ubicado en Cuernavaca, Morelos, y detuvieron a más de 30, debido a que mantenían un plantón para oponerse a la tala de 500 árboles y a la construcción de dos megatiendas en ese lugar histórico. La mayoría de los detenidos fueron acusados de motín, sabotaje, asonada, violación a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia".