Al presentar sus alegatos, el Ministerio Público militar incurrió en contradicciones

Cuestionan los abogados de Acosta y Quirós la validez de testigos protegidos

Critica el fiscal la labor de la defensa, y al final ofrece disculpas a los generales

JESUS ARANDA

La amenaza velada del Ministerio Público militar al joven defensor de oficio del general Francisco Quirós Hermosillo hablaba por sí sola. El cuestionamiento a los argumentos de la fiscalía sobre la validez de los testigos y testimonios en los que se basan las acusaciones contra el propio Quirós y el general Mario Arturo Acosta Chaparro, motivó que el fiscal perdiera el control, criticara la labor de la defensa y, posteriormente, se viera obligado a pedir perdón por sus palabras.

Al término de la audiencia de ayer, el abogado de Quirós, teniente Fernando Carlos Fernández Pérez, explicó su estrategia para desacreditar gran parte de los acusaciones de la fiscalía: "nunca me han dado línea".

Al continuar por cuarto día el consejo de guerra en que se determinará si ambos generales son o no culpables de tener vínculos con el narcotráfico, asociación delictuosa y cohecho -en el caso de Quirós Hermosillo-, el abogado particular del general Acosta Chaparro hizo un dramático llamado al jurado castrense para ponerse a la altura del "momento histórico" y tomar en cuenta que "estamos en las conclusiones de un juicio contra generales, basado en testimonios de delincuentes (los testigos protegidos)".

En vísperas de que el consejo encabezado por el general de división Tomás Angeles Dauahare emita su fallo, el fiscal militar vertió conceptos contradictorios en sus alegatos, que comprometieron la consistencia de las acusaciones.

Sin que existiera un cuestionamiento directo sobre la falta de probidad del testigo Jaime Olvera Olvera -quien en un dictamen pericial presentado el miércoles fue calificado como un individuo con tendencia a mentir-, el fiscal militar comentó: "vamos a dar por hecho que está mintiendo, incluso, la fiscalía dudó acerca de algunas cosas", pero los medios probatorios están concatenados con otros testigos y testimonios, y en los hechos se comprobaron sus declaraciones.

De manera desafortunada, el Ministerio Público aceptó que en un momento de la averiguación -que en principio estaba asignada a la mayor María Guadalupe Anguiano Sánchez- pensó en desistir del asunto, pero que esa duda se disipó conforme conoció de más pruebas contra los generales.

Al referirse al problema de la competencia entre el fuero federal y el militar para llevar a cabo la investigación, dijo también que, en su momento, la procuraduría castrense reconoció que esta indagatoria no era de su competencia, y fue el noveno tribunal colegiado en materia penal el que determinó que era un asunto del fuero de guerra.

Después del fracaso que representó la comparecencia del ex comandante de la Policía Judicial Federal, Adrián Carrera Fuentes, quien no fue capaz de sostener, en un careo con Acosta Chaparro, sus declaraciones ministeriales sobre la realización de dos encuentros entre el general y el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el titular del Ministerio Público, teniente coronel Alfonso Méndez Valencia, insistió en fundamentar sus conclusiones acusatorias principalmente en las declaraciones de los testigos de cargo, quienes habrían visto o conocido entregas de dinero, autos y joyas a los militares de parte de El señor de los cielos. Además de presuntas entrevistas, llamadas telefónicas y la creación de una red de inteligencia -amparada en su participación en la Coordinación Nacional de Seguridad (1994)-, cuyo propósito era facilitar el aterrizaje de aviones que transportaban droga de Amado Carrillo.

Sin embargo, la primera pregunta del defensor de Quirós abrió un boquete en la estrategia de la fiscalía, ya que el Ministerio Público tuvo que reconocer que el testimonio de Gustavo Tarín lo hizo en Estados Unidos, y que este dicho no ha sido ratificado ante las instancias judiciales mexicanas.

Tarín asegura que el general Acosta Chaparro sostuvo encuentros con Amado Carrillo en agosto de 1994 y octubre de 1995, que él estuvo presente cuando estas personas conversaron telefónicamente al menos en 15 ocasiones, y que es un testigo clave para el proceso. Sin embargo, al no haber ratificado su dicho, la declaración es nula.

Tocó turno al defensor de Quirós, quien atrajo de inmediato la atención de la audiencia, porque mostró documentos que consideró claves en favor de sus defendidos.

El oficial, de 29 años de edad y con maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, sostuvo que las acusaciones contra su defendido están plagadas de un sinnúmero de anomalías y que, de acuerdo con jurisprudencia del fuero federal, los testigos de oídas -como los calificó- no son idóneos y, por tanto, sus dichos no tienen valor probatorio y procede la absolución.

Además, señaló que la causa penal contra Quirós comprende el periodo de 1994, cuando el general, junto con Acosta Chaparro, formó parte de la Coordinación Nacional de Seguridad, pero que la fiscalía no aportó ningún elemento para desvirtuar su participación en la misma como comisionados de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni pruebas de que utilizaron su posición para favorecer el tráfico de drogas.

Entonces el abogado particular de Acosta, Mariano Flores Arciniega, se centró en mostrar al jurado que una acusación no podía basarse en los dichos de unos delincuentes (los testigos protegidos) contra generales del Ejército Mexicano.

Llamó a los miembros del jurado a examinar el "momento histórico" que vivimos, para reivindicar no sólo a los generales acusados, sino al Ejército Mexicano, ya que el prestigio de Acosta y Quirós "ha sido acabado en los medios, donde se les ha dado el mote de narcogenerales y se ha afectado su reputación atendiendo una bola de acusaciones falsas".

Y también censuró que la fiscalía no haya presentado pruebas para demostrar los dichos de los testigos, y descalificó el proceso contra los oficiales.

En respuesta, el Ministerio Público criticó a los abogados de llevar a cabo una defensa "tibia" y los increpó, porque si consideraban que la figura de los testigos protegidos era ilegal, lo hubieran planteado en un amparo ante la justicia federal.

La respuesta de los abogados fue inmediata, y el defensor de Quirós llamó al fiscal a "no caer en dimes y diretes, y concentrarnos en el aspecto jurídico".

Y ante las insinuaciones hechas en este último escarceo entre las partes y el velado comentario del Ministerio Público sobre el respeto de jerarquías en el Ejército, el joven oficial señaló: "independientemente de mi jerarquía, soy abogado".

Intervino el juez de la causa y conminó a las partes a debatir únicamente sobre el tema del proceso.

Por segunda ocasión en el día, el teniente coronel tuvo que ofrecer disculpas. La primera, cuando consideró que podía haber cometido una imprudencia al cuestionar la declaración ministerial del ex secretario de la Defensa Nacional, general Antonio Riviello Bazán, y la segunda, después de la intervención del juez para poner orden.

"Pido disculpas a mi general Quirós Hermosillo, a mi general Acosta Chaparro, al defensor de oficio y al defensor particular, si en algún momento los llegué a herir."

Felicitan al divisionario; Acosta Chaparro se retiró con muestras de fastidio

Impacta alegato del defensor de Quirós, e irrumpen militares con aplausos

"šBueno nos salió el muchacho!", comentó el general retirado Miguel Angel Godínez

BLANCHE PETRICH

Se cumplían siete horas exactas de una lenta, prolongada esgrima de alegatos entre el fiscal militar y la defensa de los dos acusados, cuando el presidente del consejo de guerra decretó un receso para reanudar el juicio a la mañana siguiente. De la primera hilera de butacas, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que se había visto retador durante el procedimiento, se levantó, estiró las piernas, y con muestras de fastidio se retiró de la sala. Su vecino de celda, el general de división diplomado Francisco Quirós Hermosillo, por el contrario, brincó como movido por un resorte, volteó, y casi eufórico levantó el puño. Saludaba a un nutrido grupo de colegas que se agolpaban a su alrededor: generales en retiro, de civil; generales activos, con sus insignias. Como ganador de un lance incierto, era felicitado.

Al fin volteó a ver a un joven oficial que esperaba a sus espaldas. "šCampeón!", le dijo. Se abrazaron. Era el teniente Fernando Carlos Fernández, su abogado de oficio, jurista al que muchos consideraron poco experimentado para el paquete encomendado, pero que esta mañana, cuando terminó un alegato de hora y media contra las acusaciones del Ministerio Público militar, provocó que algunos presentes en la sala rompieran las reglas y aplaudieran.

Desde luego, el juez, general Domingo Sosa Muñoz, tuvo que regañar a los espectadores, y les recordó que quienes violen el código que prohíbe expresiones de acuerdo o desacuerdo, podrían ser expulsados del recinto e incluso arrestados. Reglas del fuero castrense.

Hasta el general retirado Miguel Angel Godínez Bravo, quien fuera jefe de Estado Mayor en el sexenio lopezportillista, elogia al abogado de oficio: "šBueno nos salió el muchacho!" Godínez no se ha perdido ni un día del proceso. Es evidente que su corazón se inclina en favor de los generales. "Pero ya ve cómo son de diferentes las cosas ahora -comenta al margen-, ya ni podemos recomendar nada".

Fue el cuarto día del consejo de guerra que juzga a dos generales, en primera instancia, por su asociación con El señor de los cielos, un caso que ha tirado los hilos de otros dos juicios, el que condenó en el fuero civil al general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, y el conocido como Maxiproceso de Cancún que, entre otros, llevó a la cárcel al ex gobernador quintanarroense Mario Villanueva.

Este viernes posiblemente se juegue el quinto y último round. El jurado verde olivo podrá interrogar por última ocasión a acusadores y acusados, y después de deliberar, deberá emitir su fallo. Se podrá apelar a una segunda instancia e incluso el caso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y falta, además, otro gran paquete de acusaciones, éstas por el papel que estos dos militares jugaron en los años 70 durante las batidas contrainsurgentes en Guerrero, cuando bajo sus órdenes se violaron masivamente los derechos humanos.

Aun así, lo que sucede esta semana bajo la cúpula roja de los tribunales militares, en el corazón mismo del Campo Militar Número Uno A, mantiene en vilo el estado de ánimo del Ejército, atravesado por su tradicional sentimiento de cuerpo, alérgico a las miradas del mundo civil, pero enfrentado a la necesidad de demostrar que hasta allá han llegado también los aires de la transición.

En la microciudad verde olivo

La puerta siete del campo está abierta para quien se interese. De ahí, a través de las calles arboladas de la microciudad militar, un vehículo Hummer traslada a los visitantes a los juzgados. No está lejos la zona donde, durante décadas, cientos, quizá miles de presos civiles han sido recluidos ilegalmente. En los años 70 muchos entraron ahí... y nunca más se supo de ellos. Es un capítulo de la historia aún abierto. La sesión arranca con exactitud cronométrica. En la pequeña sala oval, con no más de 80 butacas, no cabe un alfiler. La primera hilera es para los acusados, los fiscales y los defensores. Familiares y amigos ocupan los espacios que siguen. Más de la mitad del auditorio es ocupada por militares de alta graduación, hombres taciturnos, testigos de un acto que toca fibras sensibles de su institución.

Fuera del recinto, unas bocinas reproducen lo que ocurre en el interior, para ser retransmitido a todos los medios de comunicación que abarrotan la zona.

Al centro, en el pódium, el presidente del jurado, general Tomás Angeles Dauahare, el juez general Sosa Muñoz y los vocales. En virtud de que los dos enjuiciados ostentan la máxima jerarquía, y uno de ellos es de división, varios de los oficiales del jurado fueron habilitados como divisionarios, ya que, por norma, un mando no puede ser juzgado por otro de rango menor. Cosas de la cultura castrense.

Frente a ellos, a la derecha, el fiscal militar, teniente coronel Alfonso Méndez Valencia, resume la causa. Grandes torres de papel con tapas verdes -los tomos del proceso- lo flanqueaban. Sostuvo, en esencia, que Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro mantuvieron al menos cinco encuentros con el extinto capo del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes. Y que estas reuniones no fueron "para platicar dulcemente", sino para concertar de manera premeditada acciones relacionadas con el narcotráfico.

Sustituto de una titular del Ministerio Público con grado de mayor, María Guadalupe Anguiano, que llevó la primera etapa de la causa, el nuevo fiscal desglosa una intrincada trama de contactos revelados por testigos, unos ya muertos, otros presos, y otros bajo protección de la Oficina Federal de Investigaciones estadunidense o del sistema judicial mexicano: entre 1994, reuniones del fantasmal Señor de los cielos con los generales en los departamentos de Sierra Chalchihui, en Las Lomas, en un auto café, en el restaurante La Cañada, en la "casa del periódico", en la zona céntrica de avenida Reforma. Algunos elementos de prueba, como un Mercedes Benz 1982 que Carrillo habría obsequiado al hijo de Quirós, una Suburban azul turquesa para Acosta, relojes finos para ambos, montos de dinero que no son presentados, sofisticados aparatos de comunicación que no se materializan.

Sigue en uso de la palabra el defensor de oficio de Quirós. Se apoya en documentos proyectados en una pantalla. Rebate las pruebas, la falta de los cuerpos del delito y de acreditación de responsabilidad. Sostiene que la testimonial del ex coordinador de Seguridad Pública en el sexenio salinista, Arsenio Farell Cubillas, no acreditó que los generales procesados tuvieran acceso a información calificada sobre operativos antinarcóticos. Y cuestiona que al testigo Jaime Olvera Olvera, al servicio de Amado Carrillo, ya muerto, no se le aceptó como prueba una acusación contra el ex asesor presidencial Liébano Sáenz. "ƑPor qué lo que no valió contra ese funcionario sí se acepta como válido contra el general Quirós?"

Después habla el defensor de Acosta Chaparro, el abogado Mariano Flores Arciniega, único civil participante ayer. Dramatizando, sobreactuando por momentos, lleva el asunto al terreno de la política. Pide al jurado tomar conciencia "del momento histórico" y lo conmina a "frenar a delincuentes que actúan como testigos protegidos, a reivindicar a los dos generales y a detener a la prensa, que está diciendo que el Ejército es corrupto".

Su alegato no resulta convincente en términos jurídicos, pero una veintena de generales se remueven en sus butacas, levantan las cejas, intercambian miradas. El argumento les llega.

Mientras hablan los defensores, a unas hileras de distancia, dos jóvenes -las hijas del general Quirós- sostienen un rosario entre los dedos. En la siguiente fila, cuatro muchachos, taciturnos, no pierden detalle. A su lado, una mujer muerde la punta de un abanico. Es la familia de Acosta Chaparro.

Cuando se levanta la sesión y la tensión se libera, para estos familiares de los generales procesados por narcotraficantes la duda permanece. Este viernes se despejaría. Pero es apenas el primer capítulo de un proceso que aún tiene mucho camino por recorrer y mucho qué demostrar sobre los alcances de la justicia en el fuero castrense.

Es peligrosa y está demeritada, afirman Mota Sánchez y Fernández de Cevallos

Proponen senadores revisar en la ley la figura de testigo protegido

Carecen de calidad moral para declarar en procesos como el de Quirós y Acosta, sostienen

ANDREA BECERRIL, CIRO PEREZ Y ROBERTO GADRUÑO

El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, Ramón Mota Sánchez, y el coordinador de los legisladores panistas, Diego Fernández de Cevallos, manifestaron que la figura de testigo protegido es muy peligrosa y está demeritada, por lo que debe revisarse la ley federal contra la delincuencia organizada.

Mota Sánchez destacó que será muy difícil probar los cargos de narcotráfico contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, sobre todo después del "ridículo que ayer (miércoles) hicieron los testigos protegidos que atestiguan en su contra". El general con licencia y senador por el PRI advirtió que no se debe olvidar que esos testigos son criminales y no tienen calidad moral para declarar en procesos como los que se siguen contra los dos militares.

"Habrá que esperar lo que decida el consejo de guerra, pero por lo que se ve, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo son inocentes de los cargos de narcotráfico."

En tanto, Fernández de Cevallos manifestó que le parece muy peligrosa la figura de testigo protegido y debería analizarse su validez en la ley federal contra la delincuencia organizada. "Habría que analizar, en cada caso, quiénes son, por qué y para qué están actuando como testigos protegidos, ya que si bien es un procedimiento que se estila en otras partes del mundo, para mí tiene riesgos enormes, si de justicia se habla".

Consideró que los jueces del consejo de guerra deberán valorar los olvidos y titubeos de Adrián Carrera, y resolver cuánto pueden valer declaraciones de personas así.

Será la justicia militar, agregó, la que determine si los dos generales son culpables o inocentes de las conductas que se les atribuyen, pero lo fundamental es que eso no implique afectación alguna para una institución como el Ejército Mexicano.

Mota Sánchez dio todo su aval a quienes integran el consejo de guerra, porque son cinco generales con mucha experiencia y sentido de responsabilidad que tomarán en cuenta todos los elementos antes de emitir su fallo. Precisó que en caso de que Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo sean declarados inocentes de los cargos por narcotráfico, no saldrán libres, porque tienen pendientes otros procesos por delitos contra el honor militar y violencia.

En la Cámara de Diputados, los generales con licencia y legisladores priístas Alfredo Ochoa Toledo y Alvaro Vallarta Ceceña manifestaron su apoyo total al Ejército Mexicano, porque "no hay espacio para la impunidad y tiene la obligación de mantener su imagen limpia y transparente".

A su vez, al comentar las incidencias del proceso contra Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, el diputado perredista Emilio Ulloa Pérez demandó a las autoridades militares "mayores acciones de limpieza en las filas de las fuerzas armadas, porque seguramente lo que viene ocurriendo es una cloaca inimaginable para todos los sectores de la sociedad mexicana".

Ulloa insistió en ahondar las pesquisas sobre la participación de miembros del Ejército Mexicano en actividades relacionadas con la delincuencia organizada. "Lo que ha sucedido hasta hoy manifiesta la apertura y un alto grado de sensatez en los mandos militares; no obstante, será necesario mantener la línea de transparencia porque sólo hay dos alternativas: o los acusados tienen alguna responsabilidad o los hechos y las pruebas dictaminarán su absoluta inocencia".

Para el diputado priísta César Duarte, el proceso contra los dos generales, señalados de tener responsabilidad en la guerra sucia y en actividades de narcotráfico, es uno más "de muchos que ocurren diariamente. El fondo de esto es que la sociedad entiende que en el ámbito militar hay leyes y castigos aplicables contra aquellos elementos del Ejército que incurran en faltas".

-Se afirma que elementos del Ejército tienen responsabilidad en actividades vinculadas al narcotráfico -se le comentó al diputado Duarte.

-El narcotráfico es una actividad ligada a la corrupción. El Ejército, al combatirlo, se involucra en una batalla donde tiene relación con esa actividad en términos de enemigo, y por esa razón algunas interpretaciones malintencionadas señalan que algunos soldados, mandos medios o autoridades de alto nivel en las fuerzas armadas tienen vínculos con esos delincuentes.

Asimismo, el diputado por Convergencia por la Democracia, José Manuel del Río Virgen, dijo que los juzgados militares "no deben dar marcha atrás en los procesos contra los miembros de las fuerzas armadas acusados de actividades vinculadas al narcotráfico. Exigimos que se castigue con fuerza y no se solape, porque eso contraviene a la imagen que tienen los soldados ante la sociedad por su trabajo de auxilio y apoyo en los casos de desastre".

En las fuerzas armadas no hay impunidad

El general Alfredo Ochoa Toledo, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, reiteró el argumento de que en las fuerzas armadas no hay impunidad.

-¿Las fuerzas armadas no tienen que ver con el narcotráfico?

-Hay asuntos como el trabajo de las tropas que entran a la sierra para destruir plantíos de mariguana y amapola. Si a alguno lo domina la debilidad, como acaba de pasar, hay precedentes en la institución que señalan un castigo claro y oportuno contra esas debilidades. Pero de ninguna manera es norma que los cuerpos y las tropas de las fuerzas armadas se vinculen con esos delincuentes, porque lo más importante es conducirnos por la ruta de la disciplina.

También el general Alvaro Vallarta defendió al Ejército: "es una institución seria que no le teme a la aplicación de la ley. Se cierne sobre nosotros el riesgo de las malas interpretaciones, pero nuestra institución es más fuerte que eso, y con lo que ha venido sucediendo en los consejos de guerra, el Ejército ha demostrado que continúa siendo un organismo de defensa de la soberanía, fuerte y capaz de revisarse.