La fiscalía insta a Garzón imputar a Ybarra y ex consejeros apropiación indebida

Piden investigar delito fiscal en compra de Probursa en el caso del BBVA

La institución habría mantenido contabilidad oculta durante 13 años fuera de España

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 30 de octubre. La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, instructor del caso abierto contra la ex cúpula directiva del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que abra una "pieza separada" para investigar el presunto delito fiscal en el que habría incurrido la entidad en la compra del 22.15 por ciento de la entidad financiera mexicana Probursa. La operación, también investigada por presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, fue aprobada por el banquero mexicano José Madariaga Lomelín y el ex presidente del BBVA Emilio Ybarra, para quien la fiscalía solicita la inmediata imputación del delito de "apropiación indebida" de 20 millones de dólares, al quedar probada la vinculación de fondos ocultos en paraísos fiscales secretos con los planes de pensiones de los 22 ex consejeros de la entidad.

El fiscal adscrito, David Martínez Madero, instó al juez Garzón a emprender dos importantes medidas para agilizar el proceso abierto contra 18 ex directivos del banco español, investigado desde abril pasado por ocultar durante trece años, de 1987 al 2000, importantes fondos que refugiaron en diversos paraísos fiscales y que utilizaron, entre otras cosas, para expandir su presencia en América Latina, sobre todo en México, Perú, Venezuela y Colombia.

Dada la complejidad del proceso judicial, en el que se investigan los delitos de apropiación indebida, societario, de falsedad documental, administración desleal, blanqueo de dinero y cohecho; la fiscalía pidió al magistrado que, por un lado, procese a los 18 ex consejeros, incluido Ybarra, por los planes de pensiones secretos, y que al mismo tiempo abra una pieza separada para investigar la operación de 1992 en México, la compra de Probursa, que precedió a la adquisición de la mayoría accionaria de Bancomer por parte de la entidad española.

Martínez Madero reitera a Garzón que se investigue el presunto delito fiscal en la operación, que solicite a la Agencia Tributaria los informes al respecto y que, para intentar armar el rompecabezas, requiera a la auditora Arthur Andersen los documentos de contabilidad y de pruebas financieras practicadas a la entidad durante los años del presunto fraude. Puesto que esta compañía se ha negado en varias ocasiones, el fiscal pide que se curse esta solicitud "con apercibimiento (a Andersen) de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial si no se aporta la documentación indicada en el plazo más breve posible".

Según las sospechas de los contralores españoles, el BBVA mantuvo durante 13 años una "contabilidad oculta" a la oficial en Jersey, Liechtenstein, Puerto Rico y las Islas Caimán, desde las que habría emprendido su ofensiva para tomar el control de diversos bancos en América Latina, entre ellos los propios Probursa y Bancomer, en Colombia el Ganadero y en Venezuela y Perú la expansión de sus filiales. Incluso uno de los testigos protegidos, figura clave en el proceso y ex vicepresidente de la entidad en Puerto Rico, sostiene que en las operaciones de Ybarra y Lomelín se habría blanqueado dinero procedente del narcotráfico, al estar involucrado Eduardo Pérez Montoya, quien según la FBI tendría nexos con las mafias del tráfico de drogas.

En cuanto a la imputación de los ex consejeros por la "apropiación indebida" de los 20 millones de dólares que se destinaron a sus fondos de pensiones (devueltos al Banco de España), Anticorrupción está convencida de que los perceptores de estos planes de pensiones conocían que esos productos eran ilegales y que al recibirlos "participaban clandestinamente en el expolio al banco". En el escrito remitido a Garzón se considera además que estos hechos deben ser juzgados, pues ya se ha determinado que "la creación clandestina de los fondos de inversión a favor de Emilio Ybarra y otros consejeros de BBV por un importe de 19.27 millones de dólares" son constitutivos de delito.

La fiscalía añade que "las declaraciones de los inculpados no han aportado elementos de descargo sólidos", sino que han confirmado que los imputados conocían "la trascendencia de sus actos y su participación clandestina en el expolio al banco", movidos por el propósito de obtener injustamente un beneficio patrimonial.

Gracias a la injustificada existencia de fondos pertenecientes a la entidad -continúa el fiscal- pero contabilizados al margen de la misma, y a la utilización de paraísos fiscales, Emilio Ybarra y el resto de consejeros, distrajeron "de común acuerdo en beneficio propio y en correlativo perjuicio de BBVA un total de 19,24 millones de dólares".