No hay montos específicos para protección a productores; apoyos a granos, cinco años
Omisiones en la propuesta de Sagarpa para el blindaje agroalimentario
La apertura de los mercados es un proceso irreversible, señala Plantea cambiar leyes
MATILDE PEREZ U.
La propuesta del blindaje agroalimentario que presentó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a las organizaciones campesinas no establece ningún monto específico para su protección, únicamente hace alusión a que habrá presupuestos multianuales, y plantea modificaciones a leyes vinculadas con el sector, control de las importaciones, definición anual de los cupos de importación y una garantía de ingresos por tonelada durante los próximos cinco años para granos y oleaginosas.
Elude mencionar lo que en gobiernos anteriores se identificó como precios de ga-rantía, y establece que la estrategia para que los productores de granos y oleaginosas cuenten con un ingreso durante esos cinco años estará basada en la entrega de los re-cursos del Procampo definidos en toneladas, los precios vigentes en el mercado y los apoyos adicionales que otorgará el gobierno.
La propuesta llamada Acciones de política agroalimentaria y pesquera para el fortalecimiento sectorial, que fue entregada ayer en la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Rural y que forma parte del blindaje, subraya que la apertura de los mercados es un proceso irreversible. "Por el fin del proceso de transición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hay que revisar la situación de los mercados agropecuarios y pesqueros internacionales", señala, y considera pertinente que en lo interno se revisen varias leyes vinculadas con el sector agroalimentario y pesquero, se redefinan acciones administrativas y se consolide el cambio de la financiera rural.
El documento de 11 cuartillas define que los principales "puntos críticos" del sector son: insuficiencia en el desarrollo de los mercados agropecuario y pesquero; desequilibrio en los mercados por la competencia desleal; carencias y obsolescencias en el área de infraestructura básica; acceso limitado a tecnología y capital para detonar nuevas inversiones internacionalmente competitivas; falta de organización económica de los productores para enfrentar el minifundismo en las escalas de producción que no resultan económicamente viables, y bajos niveles de capacitación, capacidad empresarial y visión de mercados.
Para hacer frente a "esas debilidades" del sector, la Sagarpa considera indispensable la participación de los gobiernos federal, estatales y municipales en el establecimiento de los mecanismos dirigidos a fortalecerlo ante el proceso de la globalización. También aclara que en ese proceso actuarán las secretarías de Economía, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Salud y Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Puntualiza que las acciones serán aplicadas de acuerdo con el nivel de los productores, es decir habrá tratos diferenciados según la siguiente estratificación: productores con excedentes comerciales, alta tecnificación y posicionamiento en los mercados; los medianos con viabilidad para generar excedentes, con media y baja tecnificación, y los productores de autoconsumo. "El objetivo es asegurar la viabilidad y la competitividad del sector agroalimentario y pesquero en un contexto de economía abierta".
Por ello, señala, se fomentará la integración de las cadenas productivas, en los productos en los que México presenta déficit comercial y/o potencial de exportación, buscando un mayor equilibrio con los mercados regionales; se intensificará la organización económica de los productores; se crearán las condiciones necesarias para el ordenamiento de los mercados agropecuarios mediante el fortalecimiento de los programas de calidad, inocuidad y sanidad. Se aprovechará la capacidad instalada para el procesamiento industrial de productos agrícolas y pecuarios y la tecnología moderna -particularmente la biotecnología- y se fortalecerá la investigación y desarrollo en áreas prioritarias.
La Sagarpa insiste en que es necesario reformar las leyes de comercio exterior, pesca, ley de impuesto sobre la renta -para reducir impuestos a las personas físicas y morales que inviertan directamente en el sector- y en los servicios conexos de metrología y normalización, para facilitar y agilizar las normas de calidad y etiquetado de carácter obligatorio y adoptarlas a prácticas comerciales globalizadas; y también acordar dos nuevas leyes, una para la financiera rural y otra de almacenamiento rural. Esta última -informó- se desarrolla con la SHCP.
Respecto al control de los productos importados, señala que en coordinación con la Administración General de Aduanas y la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios aumentarán los operativos de inspección, e incluso se llegará hasta el "rojo operativo", de ser necesario, particularmente en los productos sensibles asociados a problemas sanitarios y de inocuidad. También se aplicarán normas y estándares de inocuidad y calidad, y en coordinación con las secretarías de Economía y de Salud se verificará el cumplimiento de las normas.
Para granos y oleaginosas menciona que el ingreso del productor está en función del tamaño del predio, rendimiento por hectárea, los ingresos por ventas en el mercado y los apoyos gubernamentales, pero "no son los instrumentos adecuados para resolver los problemas de minifundismo, baja productividad, barreras en acceso a capital y tecnología, entre otros". Ante eso, la Sagarpa asegura que estará orientada a las transacciones que se realicen a precios de mercado para mantener la viabilidad de las cadenas productivas.
Especifica que garantizar los ingresos por tonelada a granos y oleaginosas por cinco años es para brindar certidumbre a los productores y a los agentes económicos que intervienen en el sector.
