Emilio Pradilla Cobos
Xochimilco y Chapultepec
El desalojo por la policía de los 800 ocupantes del predio de Amalacachico, en Xochimilco, tiene muchas aristas que hay que analizar con cuidado, porque en el Distrito Federal existen cerca de 800 asentamientos populares irregulares en suelo de conservación y áreas naturales protegidas que, según el jefe de Gobierno, podrían correr la misma suerte. Estamos de acuerdo con la política general de preservar el suelo de conservación, estratégico por muchas razones para la sustentabilidad ambiental de la ciudad, y en que hay que aplicar la normatividad en tal sentido, incluida en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF), versión 1996, y en los programas delegacionales vigentes. De ahí en adelante se abren muchas opciones posibles, unas acertadas y otras no.
Aplicar el mismo método a los invasores ricos del bosque de Chapultepec y a los pobres en muchos lugares de la periferia parece ajustado a derecho, pero puede conducir a la inequidad: los primeros ocuparon terrenos públicos para ampliar sus mansiones de lujo en el corazón de la ciudad, dotado de todas las condiciones urbanas; los segundos se apropiaron de terrenos sin infraestructura ni servicios en la periferia lejana para poder sobrevivir, dada la pobreza que los afecta. En una sociedad de desiguales la igualdad de trato profundiza la desigualdad. En Chapultepec y otras áreas ocupadas ilegalmente por gente de altos ingresos se tiene que devolver inmediatamente lo que despojaron, a pesar de sus influencias y sus abogados.
En las ocupaciones populares hay que seguir caminos distintos, más apegados a la equidad social. A quienes hay que procesar es a los fraccionadores piratas que vendieron ilegalmente el suelo, a las autoridades que los encubrieron y a los políticos que impulsaron las invasiones; los compradores y ocupantes empujados por la necesidad son en su mayoría víctimas y no culpables. Luego de años de pagar el terreno y gastar sus ahorros y tiempo en la construcción y acumulación de enseres, el desalojo significa el despojo y destrucción de su mísero patrimonio; lo pierden todo. Los sectores populares urbanos han tenido que resolver así su necesidad durante décadas, por la imposibilidad de acceder a una vivienda mínima de origen privado o público, y se han visto obligados a defenderla de los desalojos de los gobiernos locales, independientemente de su signo político; Xochimilco no es la excepción. Así actuaron muchas organizaciones de colonos, integradas con sus líderes al partido que gobierna al Distrito Federal. Aunque no aprobamos sus actos, no creemos prudente ni equitativo encerrar durante 10 o 20 años a los colonos que lo hicieron en Xochimilco.
Esa es la realidad que hay que entender; creemos que debe cambiar sustancialmente, pero mediante políticas y programas equitativos e incluyentes, integralmente diseñados. Hay que ofrecer salidas viables y negociar antes de desalojar y dejar a muchas familias en la desesperación.
Reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno capitalino en el campo del financiamiento de vivienda popular, pero es insuficiente para atender las necesidades de los pobres de la ciudad, lo que hace prematura la aplicación de medidas de fuerza para desalojar a los ocupantes irregulares de suelo de conservación; hacerlo masivamente, aunque sea legal, crearía una situación grave, reñida con la justicia social, para decenas de miles de personas, entre ellas niños y ancianos muy vulnerables.
El bando 2, expedido por el gobierno local en diciembre de 2000, sin soporte legal en el PGDUDF vigente, se opone a esta solución, pues creó una situación de monopolio en las cuatro delegaciones "centrales", que ha elevado notoriamente el precio del suelo para vivienda, encareciéndola y reduciendo el número y la calidad de las que puede financiar el GDF con sus recursos limitados; igual ocurre con la producida por la iniciativa privada, cuyo costo está fuera del alcance de la mayoría de las familias pobres. Por ello, el bando 2 no frena la ocupación irregular de suelo de conservación, que se ha intensificado en los dos últimos años, pues ésta sigue siendo la alternativa para la mayoría de los demandantes pobres de vivienda que no pueden acceder a los programas públicos o privados regulares ni tienen opciones unifamiliares en las 12 delegaciones restringidas por el bando. Como afirmó el delegado de Xochimilco (La Jornada, 30-10-02), el bando 2 es ineficaz y agrava la ocupación de la reserva ecológica.
Sería necesario y conveniente que el gobierno local dejara la terquedad de imponer un instrumento ineficaz de política urbana que agrava la penuria de vivienda y en su lugar diseñara proyectos urbanos integrales más inteligentes, eficaces y democráticos. Por lo pronto, aplicar masivamente la política de desalojo a los 800 asentamientos irregulares en suelo de conservación generaría una crisis social y política de gran magnitud; hacerlo solamente en el predio de Xochimilco sería discrecional e injusto, por selectivo.
