El desmantelamiento de una red de informantes incrustados en las instituciones federales de seguridad, defensa y procuración de justicia, que operaban para la delincuencia organizada, es sin duda una noticia alentadora y auspiciosa en el contexto del profundo deterioro que afecta a las corporaciones encargadas de resguardar el orden público, la tranquilidad ciudadana, la vigencia de la legalidad, la integridad territorial y la soberanía nacional.

Pero al mismo tiempo la longevidad, la extensión, la eficiencia y la operatividad de esta red son indicios alarmantes sobre la debilidad de las instituciones ante el poder de penetración de las mafias del crimen organizado en general y del narcotráfico en particular, así como la consecuente indefensión de la ciudadanía frente al incremento de la inseguridad y la criminalidad.

Resulta positivo, ciertamente, constatar que las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República, son capaces de realizar operativos de contrainteligencia y, a la larga, localizar, detener y consignar a sus empleados que pasan información a los cárteles de la droga. Pero es inevitable y desolador percibir que los 22 funcionarios públicos detenidos y los tres arraigados representan muy posiblemente sólo una fracción de los delincuentes infiltrados en tales dependencias.

Tal suposición no es producto de un mero espíritu negativo y crítico a toda costa, sino explicación ineludible de la ineficacia institucional en la procuración e impartición de justicia ante los delitos en general, en las que prevalece un índice de impunidad inaceptablemente alto.

Por lo que hace al tráfico de drogas, es oportuno reiterar que las autoridades nacionales libran en este terreno, desde hace muchos años, una guerra que no podrá ganarse en tanto no se adopte una percepción más amplia de los problemas de la drogadicción y de la producción, trasiego y comercialización de enervantes.

En efecto, el fenómeno global del narcotráfico no podrá erradicarse en tanto no se asuma, de una vez por todas, que no es el consumo de drogas el que lo provoca, sino la prohibición de consumirlas, y que las adicciones deben resolverse no con la policía y el Ejército, sino con acciones en los ámbitos de la educación, la salud, el desarrollo social y la integración familiar.

Al margen de tales consideraciones, es claro que, en la coyuntura presente, las autoridades deben ir a fondo en la investigación de esa red de malos funcionarios públicos, detectar todas sus ramificaciones y llevar a la justicia a todos los implicados, independientemente de su rango y posición social.