José Blanco

Giuliani y Andrés Manuel

El gobierno de López Obrador es un gobierno deplorable en diversos sentidos, si bien tengo que rescatar algunas decisiones que aplaudo. Su posición frente al inefable sindicato del Metro ha sido, francamente, reconfortante, ya que forma parte del horror corporativo corrupto y mafioso que han sido las organizaciones sindicales de los asalariados del Estado.

Pero sus "bandos" y sus "consultas" a la ciudadanía para tomar las decisiones que le han venido en gana son una farsa hecha y derecha. Una caricatura risible fue el plebiscito para la absurda construcción de los segundos pisos en Viaducto y Periférico, votada por menos de medio millón de personas, que no contaban con ninguna información técnica efectiva sobre lo que estaban aprobando o desaprobando: una tomadura de pelo. Ahora patinó lastimosamente apoyando la decisión del gobierno de Fox de eliminar el tiempo con el que contaba el Estado en la radio y la televisión.

Ni qué decir de su "política social", que sería imposible sin una deuda pública del GDF que está creciendo a cerca de 10 por ciento anual. Cada vez que a López Obrador se le ha señalado su política populista a este respecto, contesta aludiendo al Fobaproa. En el remolino del Fobaproa se cometieron latrocinios que no han sido perseguidos y castigados, pero es, en sustancia, deuda pública, surgida de una mala política económica en un contexto internacional específico. Hechos a un lado los latrocinios, sin Fobaproa tendríamos corralito. Sin embargo, esa deuda también debería ser revisada y debatida su forma de pago, y no simplemente canalizar recursos fiscales para solventarla.

López Obrador utiliza el mecanismo que critica, la deuda pública, para su política clientelista de corte priísta, con sus becas para los necesitados, y ampliar así las bases de su votos fieles, que fueron los que "aprobaron" la construcción de los segundos pisos. Ƃ

Está claro que este país debe construir un sistema de seguridad universal a partir de las ruinas de los sistemas que fueron un día de seguridad para una parte de la población, pero la seguridad se basa en mecanismos de creación de reservas. La deuda pública representa un mecanismo por el cual son trasladados recursos desde el conjunto de la sociedad a quienes son dueños de recursos dinerarios que invierten en los títulos de deuda. López Obrador está utilizando este mecanismo para hacerse de clientes y votos.

Fuera de la normatividad, utiliza los recursos de las más diversas áreas del GDF también para su política clientelística. En fin, todo indica que López Obrador en Los Pinos sería la versión tabasqueña de Hugo Chávez. Pero estoy de acuerdo con su intento de ganar seguridad pública por la vía de la tolerancia cero..

Es verdad que la pobreza y la desigualdad crean delincuencia. Aunque es falso que haya un nexo causal inmediato entre pobreza y desigualdad, y criminalidad. Si así fuera, todo pobre sería un delincuente. De otro lado, una parte sustancial de la criminalidad son empresas del crimen ajenas absolutamente a la pobreza. Es el caso de las bandas que roban automóviles o sus partes, es el caso de los secuestros, de los asaltantes de bancos y de los narcotraficantes, de quienes prostituyen niños o venden sus órganos.

La tolerancia cero no puede significar en México sino que toda (toda) infracción sea castigada conforme a la ley. Infracciones y delitos tienen que ser perseguidos, de acuerdo con su dimensión y alcance, pero sin cuartel y con todo el rigor de las leyes. De no ser así, para qué queremos tales leyes.

No podemos seguir clamando por un estado de derecho y tolerar la violación de la ley y los reglamentos de policía, apelando a un sentido particular de la "justicia". El CGH o los de Atenco cometieron infracciones y delitos masivamente y fueron tolerados con el argumento de que los movía una "causa social". No tendremos estado de derecho si queremos que la ley se aplique atendiendo a las causas sociales que están detrás. La ley no está hecha para esto. Si la infracción o el delito están previstos en un ordenamiento legal, debe ser aplicado, sea cual fuere el origen social de los mismos. En otra dimensión del quehacer del Estado deben ponerse en marcha políticas de Estado frente a las condiciones sociales que orillan a la violación de la ley. No puede confundirse la prevención social del delito con su persecución efectiva.

Sí, cuidemos que la policía tenga los elementos de educación para tratar con infractores y delincuentes, a la medida de las violaciones de la ley. Pero también aceptemos que un fino cuidado en el uso de la fuerza es imposible: la policía no puede llegar a pedir amablemente a un asesino que sea tan gentil de dejar de apuñalar a la señorita a la que está llenando de agujeros. Tiene que intervenir con actos de fuerza extremos, a la medida de los que ve cometiendo.