El anuncio oficial de que el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina contrataron la asesoría del ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani para abatir los niveles de delincuencia de nuestra ciudad resulta inquietante y deplorable por diversas razones.

La primera de ellas es que se trata de una operación poco transparente: los honorarios del despacho de Giuliani serán pagados por "instituciones privadas que se han puesto en contacto con las autoridades de la ciudad de

México", a decir del estadunidense, y por miembros de la iniciativa privada que integraron un fideicomiso, según el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, pero ni uno ni otro aclaran quiénes van a dar los fondos ni a cuánto ascienden. Giuliani tiene todo el derecho de mantener en reserva el origen y los montos de sus contratos, pero es lamentable que a estas alturas el Gobierno del DF pretenda escamotear a la opinión pública información crucial sobre una medida que ha suscitado, ya, inconformidades e incluso alarma en diversos sectores.

No es para menos, si se toma en cuenta que la estrategia anticrimen aplicada por Giuliani, estrategia basada en el despliegue de brutalidad policíaca, en la llamada Urbe de Hierro en la década pasada se tradujo en numerosas violaciones a los derechos humanos, en una penalización de la pobreza y la marginalidad, en la eliminación de las diferencias entre delitos y faltas administrativas y en la represión y persecución de los infractores al mismo nivel que los delincuentes. De esa forma se pasó a perseguir, como si fueran violadores o asesinos peligrosos, a los jóvenes que orinan en la calle, que pintan un grafiti en un muro o que rompen el vidrio de una ventana.

La política conocida como Tolerancia cero tuvo, en efecto, buenos resultados estadísticos, pero los números no sólo registraron un importante descenso de los delitos cometidos, sino también un incremento de los casos de brutalidad policiaca y de violaciones de las garantías individuales.

Pero, además, la guerra sin cuartel de los hombres de Giuliani no limpió la ciudad de delincuentes sino que los echó a la periferia, cumpliendo así con la muy comprensible exigencia de las clases medias y adineradas.

Un ejemplo: sólo por la violación de los derechos civiles que significa desnudar injustificadamente a ciudadanos inocentes, para efectos de cateo, la policía neoyorquina hubo de pagar unos 50 millones de dólares en indemnizaciones a los afectados. Y no deben olvidarse las atrocidades perpetradas por los guardianes del orden de la gran manzana contra los sospechosos favoritos, es decir, los negros, los hispanos y los pobres de todos los colores. Durante los últimos años organizaciones pro defensa de los derechos humanos y de los derechos civiles, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, no han cesado de denunciar el aumento imparable de los abusos y actos de brutalidad de la policía de Nueva York.

Giuliani perdió todos los casos que la Unión de Libertades Civiles de Nueva York presentó contra él por la brutalidad que su modelo policiaco generó en la gran urbe. Baste como ejemplo recordar el famoso caso del joven africano Amadou Diallo, muerto por una lluvia de 41 balas disparadas por una unidad de elite de la ejemplar policía neoyorquina.

Además de mostrar desprecio por los especialistas nacionales, que los hay, López Obrador parece ignorar asuntos tan elementales como que, por ejemplo, mientras un policía de Nueva York gana 30 mil pesos al mes, el capitalino devenga 3 mil pesos. No era necesario ir a esa ciudad para contratar a semejante personaje. En México hay de sobra esa clase de ralea humana que, con gusto, reditaría viejos tiempos de impunidad y represión.

Al confirmar su contratación por los misteriosos benefactores del GDF, Giuliani dijo que pensaba recomendar a las autoridades de la capital mexicana atacar la corrupción en la propia policía, y expresó la asombrosa obviedad de que "la rendición de cuentas en las autoridades policiales es clave para abatir la corrupción en el Departamento de Policía mismo".

¿Cuánto se va a gastar, y qué compromisos va a contraer, el gobierno de López Obrador para enterarse de algo que podría escuchar de labios de cualquier peatón o automovilista capitalino? ¿Cuál es el propósito de las autoridades de empañar su propia imagen de honestidad, sensibilidad y transparencia con la firma de convenios oscuros? ¿Qué sentido tiene esta alianza con un proverbial represor de pobres y marginados que, para colmo, se ha erigido en vocero de la inmoral y delirante "guerra contra el terrorismo" que libra el gobierno del país vecino?