El tricolor alcanzaría 23 diputados,
pero igual número de legisladores sumaría la oposición
Cláusula de gobernabilidad daría al PRI
la mayoría en el Congreso de Guerrero
Desautoriza el PRD a candidato y militantes suyos
que quemaron urnas en Tlapehuala
JESUS SAAVEDRA, MISAEL HABANA Y ROBERTO GARDUÑO
CORRESPONSALES Y ENVIADO
Chilpancingo, Gro., 8 de octubre. En
la víspera de la entrega de constancias de mayoría a los
candidatos ganadores para el Congreso local y ayuntamientos, se confirmó
la nueva realidad bipartidista en el estado. El PRI y PRD comparten desde
ahora, y por vez primera, el gobierno y la administración de los
recursos públicos.
La imposición de candidatos a manos de los grupos
caciquiles liderados por Rubén Figueroa y Angel Aguirre propició
la caída estrepitosa del priísmo. Por el lado contrario,
la decisión de nombrar candidatos por medio de encuestas le significó
al PRD un repunte inusual y, de paso, demostró a los ciudadanos
la posibilidad de cambiar autoridades cuando éstas hayan incumplido
sus promesas de campaña.
El estado de Guerrero, tradicionalmente caracterizado
por he-chos de violencia poselectoral, fue escenario ayer de un homicidio
sin visos políticos. En la cabecera municipal de San Marcos, en
la Costa Chica, Maximino Agatón Rodríguez, guardaespaldas
del candidato del PAN a la alcaldía del lugar, Fernando Sotelo del
Carmen, fue asesinado por Manuel Lorenzo, militante del PRD, con dos disparos
de arma de fuego calibre .9 milímetros.
Las pesquisas del Ministerio Público señalaron
de ese hecho que fue una venganza personal porque Manuel Lorenzo había
amenazado de muerte a Maximino desde la semana pasada. No obstante, la
directiva estatal del PAN manifestó inconformidad por este hecho.
En San Marcos, la posibilidad de una impugnación por el homicidio
se descarto porque Fernando Sotelo ganó en la contienda electoral.
Un hecho cuestionado por la directiva estatal del PRD,
encabezada por Martín Mora, fue la decisión de los simpatizantes
del candidato perredista a la alcaldía de Tlapehuala, Aureliano
Santamaría Bahena, de quemar papelería electoral, urnas y
un equipo de cómputo en las instalaciones del Consejo Electoral
Municipal, al sentirse despojados de su triunfo.
A las 21 horas del domingo un grupo de perredistas, encabezados
por Aurelio Santamaría, ingresó al local electoral porque
los resultados preliminares apuntaban hacia una victoria del PRI. Sin esperar
el conteo final, incendiaron documentos y un equipo de cómputo,
propiciando de inmediato una denuncia por delito electoral del PRI contra
el PRD.
El hecho generó de inmediato el rechazo de la directiva
perredista, al considerar como "irresponsable" aquella actitud, por lo
que se deslindó de esos actos.
Un día después, el presidente perredista
Martín Mora habló por teléfono con sus correligionarios
de Tlapehuala. Estos le anunciaron que organizaban una caravana con 10
autobuses "repletos" de personas rumbo a Chilpancingo, con el propósito
de tomar las instalaciones del Consejo Estatal Electoral (CEE) y exigir
que se respetara el triunfo de Aurelio.
La directiva les contestó: "Si vienen a Chilpancingo
nos deslindamos y los expulsamos de forma inmediata. No se dan cuenta que
el partido es una organización propositiva, en la que no cabe la
violencia para ganar posiciones".
La réplica desde Tlapehuala fue la siguiente: "Nosotros
no somos irresponsables, no nos parece haber incurrido en eso; por el contrario,
la gente nos está diciendo otra cosa y nos está aplaudiendo".
Ahí se cortó la comunicación. La presidencia del PRD
considera improbable la llegada de la caravana a Chilpancingo, "porque
estamos seguros que se está desactivando ese problema".
En la conformación del Congreso, surrealismo
político
El repunte del perredismo en la entidad adelantó
una fuerte pugna entre el sol azteca y el tricolor por las diputaciones
plurinominales. Ayer se confirmó el triunfo priísta en 15
distritos y el repunte del partido del sol azteca en 13 más.
Si se cumpliera con la lógica de que a los partidos
con menor votación le corresponden una mayor cantidad de escaños
plurinominales, el PRD tendría la mayoría simple en el Congreso.
No obstante, la Ley Electoral de Guerrero, uno de esos extraños
casos en la vida nacional, mandata otra cosa.
Las mayorías priístas dominantes durante
décadas en ese poder incluyeron en la legislación electoral
una cláusula de gobernabilidad. Esa salvedad manifiesta que el partido
ganador en la mayoría de los distritos tendrá más
diputaciones plurinominales. Ante eso, por lo menos hasta ahora, nada es
posible.
En Chilpancingo, los priístas hacían cálculos
desesperados por garantizarse el dominio en el Congreso, aunque fuera una
mayoría simple. Pero no había motivo para quebrarse mucho
la cabeza.
Con sus 15 distritos y gracias a la benévola cláusula
de gobernabilidad, el PRI tiene derecho a ocho escaños plurinominales
para hacer en total 23. Al PRD, con sus 13 diputaciones uninominales ganadas,
le corresponderán seis; es decir 19. Al PAN, PT, Partido de la Revolución
del Sur (PRS) y Partido Convergencia por la Democracia (PCD) les tocarán
una por bando.
Ahí es donde se encierra la principal disputa poselectoral.
Con esa división el PRI asegura que no será derrotado, porque
si la oposición se uniera alcanzaría 23 diputados, quedando
un empate técnico en el Legislativo.
El interés del priísmo por conservar la
mayoría legislativa se relaciona al simple aserto de la sobrevivencia
política, porque esa conformación le permitirá aprobar
las cuentas públicas y dictámenes y leyes a su conveniencia,
siempre y cuando la votación sea de 50 más uno.
Bipartidismo real
El retroceso del PRI en Guerrero se relaciona directamente
en la sobrevivencia y control ejercido por los grupos de Rubén Figueroa,
René Juárez y, en menor medida, de Angel Aguirre. Los dos
primeros quisieron dar continuidad a la tradición del dedazo
imponiendo candidatos sin considerar el interés y la causa de
las bases priístas.
En Iguala, Teloloapan y San Miguel Totolapan, el ex gobernador
Rubén Figueroa impuso como candidatos a integrantes de su grupo
político, en donde el domingo pasado fueron derrotados. En Acapulco,
Juárez Cisneros insistió en colocar como candidato a la alcaldía
al acaudalado empresario Ernesto Rodríguez Escalona, quien ya había
perdido la elección en 1999.
Menguado políticamente, al ex gobernador Angel
Aguirre únicamente le dejaron maniobrar en la Costa Grande con la
candidatura de Zihuatanejo, donde impuso a Bolívar Navarrete Heredia,
hijo de Mario Navarrete Ramírez, actual alcalde de Ometepec, ubicado
en el otro extremo de Guerrero. También perdió.