Hacienda no hace los análisis y evaluaciones de cada proyecto antes de autorizarlo

Los Pidiregas afectan presupuestos y no siempre generan ingresos

En 2000, la CFE y Pemex debieron erogar más de $3 mil millones de sus propios recursos

ISRAEL RODRIGUEZ

La ejecución de obras de infraestructura energética mediante los Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas) sigue incrementándose, aun cuando las más recientes auditorías demuestran que no en todos los casos son financieramente viables y en múltiples ocasiones las autorizaciones para su ejecución se han efectuado sin el análisis correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sólo en el periodo enero-agosto de 2002 las disposiciones, amortizaciones y ajustes en este esquema de financiamiento aumentaron su saldo en 121.2 por ciento, al pasar de 913.4 millones de pesos a 2 mil 21.1 millones, señalan informes de la SHCP.

Si la inversión en Pidiregas se contabilizara como deuda del gobierno federal, el débito nacional se habría incrementado anualmente en 5.6 por ciento, al aumentar de un billón 516 mil 90.3 millones de pesos en 1997 a un billón 786 mil 957 millones de pesos en 2000.

Por otro lado, una evaluación oficial ordenada por el Congreso revela que de 16 proyectos efectuados bajo el esquema Pidiregas, sólo ocho generaron los ingresos suficientes para cubrir los gastos de su financiamiento desde su inicio en 2000.

Aunado a lo anterior, se detectó que en 20 de 105 proyectos autorizados para ser ejecutados vía Pidiregas, entre 1997 y 2000, y que fueron incluidos en los presupuestos de egresos de la Federación correspondientes, no se tuvo evidencia de que la dirección general de crédito público de la SHCP hubiera hecho el análisis que por normatividad le compete. Tampoco en la documentación proporcionada para las auditorías se tuvo evidencia de que la unidad de inversiones y de desincorporación de entidades paraestatales y la de política presupuestal (antes de política y control presupuestal) hubieran realizado la evaluación de su competencia específica para cada proyecto.

En cuanto a la unidad de inversiones y de desincorporación de entidades paraestatales, se determinó que de los 85 proyectos restantes, en ocho casos (San Rafael; presa reguladora Amata, Patio de Carbón II y Río Escondido; gasoducto Ciudad Pemex- Valladolid; manejo de cenizas Petacalco; gasoducto Salamayuca II; central termoeléctrica Mérida III, y la central La Laguna I), no se tuvo evidencia documental del oficio en el que dicha unidad emitió su opinión y en 21 proyectos tampoco se proporcionó el análisis que realizó y en el cual se basó su autorización.

Por ejemplo, en el caso de la planta de Salamayuca II se observó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empezó a pagar los intereses desde 1998 y la amortización a partir de 1999, sin que el proyecto hubiera generado ingresos; además, también se constató que, si bien en 2000 la entidad obtuvo ingresos en dicho proyecto por la venta de energía eléctrica, no fueron suficientes para cubrir los costos de su financiamiento (amortización e intereses) correspondientes a ese año.

Por su parte, en seis proyectos de la CFE, dos de transmisión (cable submarino Cozumel y Noroeste) y cuatro de transformación (SF6, Sureste-Peninsular, Oriental-Centro y Occidental), se observó que el financiamiento empezó a pagarse en 1999, antes de haber generado ingresos, los cuales inician su flujo hasta el año 2000, por lo cual las erogaciones para cubrir las obligaciones correspondientes debieron realizarse con recursos presupuestales, con lo que se apartaron de lo establecido en la Ley General de Deuda Pública.

En el caso del proyecto Cadereyta, los reportes de Pemex Refinación indican que con motivo de la reconfiguración de la refinería, la misma no fue entregada en su totalidad porque el contratista retrasó la construcción de los ductos y poliductos externos a la refinería por problemas de afectaciones de tierra y derechos de paso que el organismo no resolvió con oportunidad.

Por ello, las obras fueron entregadas en el primer semestre de este año, pero no generaron ingresos en 2000, aun cuando en ese año dio inicio el pago de financiamiento de las obras realizadas con recursos presupuestales.

Como resultado, no generar oportunamente ingresos suficientes para cubrir el financiamiento de algunos proyectos, implicó que la CFE y Pemex tuvieran que cubrir el pago correspondiente con recursos presupuestarios. Estos pagos fueron del orden de 3 mil 99.2 millones de pesos, de los cuales 62.3 por ciento, es decir, mil 935.7 millones de pesos, pagó la CFE, y 37.7 por ciento, equivalente a mil 163.5 millones de pesos, los pagó Pemex.

Estos montos conjuntos representaron 6.4 por ciento de la inversión física presupuestaria ejercida por ambas paraestatales en 2000, el cual no estaba considerado en los proyectos originales para ser cubierto con recursos presupuestarios.

Recomendaciones del Congreso

De acuerdo con las recomendaciones que ha efectuado el Congreso: ''Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desarrolle e implemente mecanismos financieros que permitan a las entidades públicas que ejecutan Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo disponer de fuentes alternativas de ingresos para cubrir las obligaciones de pago derivadas de los financiamientos en los casos en que los proyectos en operación no generen los recursos suficientes para su pago durante los primeros tres años, a fin de prevenir afectaciones al presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados''.

El espíritu con el que fueron creados los Pidiregas se remontan al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 en el que se fijó como objetivo principal promover el crecimiento económico y sostenido del país en favor del bienestar de la población.

Para cumplirlo se estableció un conjunto de estrategias, entre las que destacó la de ampliar la inversión productiva mediante nuevos mecanismos financieros que permitieran diversificar el riesgo y el financiamiento a largo plazo y fomentar la participación de particulares en la construcción de obras públicas, en los casos permitidos por la ley.

A principios de 2001 el número de proyectos aprobados sobre el esquema de los Pidiregas, sin tomar en consideración las actualizaciones, fue de 105, de los cuales 92 (87.6 por ciento) corresponden a CFE y 13 (12.4 por ciento) a Pemex.

El diagnóstico señala que al cierre del ejercicio fiscal de 2000, del total de los 105 proyectos autorizados, 78 se encontraban vigentes, 57 estaban en proceso de construcción, adjudicación y autorización; 18 se encontraban concluidos totalmente y en operación, y tres registraban cierres y operaciones parciales. Respecto de los autorizados pero no vigentes que sumaron 27, 23 se habían cancelado y cuatro estaban diferidos.