Arzalluz sostiene que Madrid rechaza la libre adhesión a un Estado plurinacional

El gobierno de Aznar busca que los vascos sean "españoles a la fuerza", critica el líder del PNV

Marchan en Pamplona 50 mil personas en repudio al atentado del martes, atribuido a ETA

REUTERS, AFP Y DPA

Madrid, 28 de septiembre. El dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzalluz, acusó este sábado al gobierno español de rechazar la libre adhesión y buscar que los vascos sean "españoles a la fuerza". El gobierno vasco interpuso el viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Partidos, base jurídica de los pedidos para ilegalizar a Batasuna, considerado el brazo político de la organización separatista vasca ETA.

Las declaraciones de Arzalluz ocurren tras la propuesta presentada la víspera por el presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe, de un "nuevo pacto de convivencia" basado en la "libre asociación" a un Estado plurinacional, el reconocimiento de la nacionalidad vasca y un acuerdo de "soberanía compartida" con España.

Ibarretxe, del PNV, anunció que someterá dentro de un año a la cámara vasca el estatuto de libre asociación del País Vasco con España y de "nación asociada" en Europa, con base en una cosoberanía, objetivo que implicaría una profunda reforma del actual estatuto de autonomía.

Arzalluz manifestó que esa iniciativa "no es precisamente independentista, pero aún así montan el escándalo", tras señalar que el estatuto de autonomía no es el objetivo de PNV y no "completa nuestro deseo político". Al mismo tiempo, retó al presidente del gobierno español, José María Aznar, a "ver quién se cansa antes".

En reunión con más de cien integrantes de las juventudes del PNV, pidió a éstos que no tengan miedo ante "las amenazas" de Aznar, y preguntó: "si el Estado no ha ejecutado la ley en el cumplimiento íntegro del estatuto de autonomía, Ƒpor qué tenemos que cumplir nosotros?"

"Restricción de derechos"

En su recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, el gobierno vasco, dirigido por los nacionalistas opuestos a la violencia, sostiene que la Ley de Partidos restringe derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, como los de asociación política, libertad ideológica y participación en asuntos públicos.

La ley, vigente desde finales de junio, incluye igualmente "obligaciones límites" contrarias al pluralismo político que "se superponen a los que establece el código penal", agregó un comunicado publicado en Vitoria, en el País Vasco.

La presentación de este recurso provocó la indignación del gobierno español, que lo asimiló a las posiciones de los independentistas radicales.

Aznar respondió anoche a los nacionalistas vascos que ni la democracia española ni el estado de derecho "permitirán que se lleve al País Vasco al abismo" con propuestas que "dan la razón a ETA". Esta organización armada reivindica la independencia del País Vasco (que incluye Navarra y el País Vasco francés).

El portavoz del Partido Popular (PP, en el poder en España), Leopoldo Barrera, aseguró que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno vasco contra la ley de Partidos es un "elemento propagandístico más de acercamiento al mundo de Batasuna y de intentar pescar en río revuelto".

En declaraciones a Europa Press, Barreda enmarcó el recurso ante el tribunal constitucional en la "disputa electoral entre el PNV y ETA", y aseguró que el gobierno autónomo mantiene su línea de hacer todo lo posible por defender a Batasuna y por defender la presencia institucional de esta organización "como si estuviéramos hablando de una fuerza política democrática".

Respecto a la propuesta de Ibarretxe para lograr un pacto de convivencia con el gobierno central, se mostró convencido de que no supone un desafío para el Estado o para el gobierno de Aznar, sino para el conjunto de la sociedad vasca, "que estoy seguro de que será capaz de plantar cara a una formulación de futuro que no tiene nada que ver ni con su voluntad ni con sus intereses".

El presidente del gobierno de Navarra, Miguel Sanz, criticó la declaración de Ibarretxe: "no lleva más a que la ruina económica, política y social del País Vasco".

Por otra parte, unas 50 mil personas participaron en una manifestación en Pamplona contra el atentado mortal atribuido a ETA que costó la vida a un guardia civil en la localidad navarra de Leitza, el martes anterior.

Esta manifestación fue convocada por partidos políticos y grupos pacifistas bajo el lema "Paz y libertad, ETA no", y estuvo encabezada por María José Rama Sáiz, la viuda del guardia fallecido en el atentado, Juan Carlos Beiro Montes, de 32 años.

ETA, en un comunicado dirigido a la emisora de radio vasca Euskadi Itarria, señaló como "objetivos militares" las sedes y los encuentros políticos de las dos principales formaciones políticas españolas, el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por haber lanzado el proceso de ilegalización de Batasuna.

El grupo armado trató al PP y al PSOE de "fascistas" y consideró ilegítimas sus actividades, al tiempo que advirtió a los ciudadanos que se alejen de las sedes de las dos formaciones y que no participen en reuniones políticas.