REFORMA INDIGENA
El fallo "cerró la vía pacífica para los indígenas", dice el abogado mixe Adelfo Regino
Política, y no basada en argumentos jurídicos, la decisión de la Corte, consideran luchadores sociales
"No le estábamos pidiendo un favor, sólo que restituyera el orden constitucional", afirman
Ahora solamente quedan las instancias internacionales para revertir la resolución, señalan
JESUS RAMIREZ CUEVAS Y CAROLINA GOMEZ
Con la resolución en favor de la reforma constitucional en materia indígena, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "cerró las puertas a los pueblos indios para el reconocimiento de sus derechos. Con ello agotó el camino de la legalidad y cerró la vía pacífica para los indígenas", afirmó Adelfo Regino, abogado mixe y asesor de varios municipios de Oaxaca que presentaron controversias constitucionales en contra de la citada legislación.
En entrevista, Regino Montes se mostró preocupado por la decisión y aseguró, "a título personal", que "se trató de una decisión política subordinada al presidente Fox y a los legisladores que aprobaron la reforma. Es un golpe para la paz en Chiapas, y en México".
Este fallo, dijo el integrante de Servicios del Pueblo Mixe, "significa que el Estado mexicano rompió formalmente todo vínculo con los pueblos indios, que habíamos buscado un resquicio dentro del orden jurídico nacional para recomponer la situación provocada por la decisión impuesta por el Congreso. Esa búsqueda quedó rota y los tres poderes de la Federación tienen que asumir su responsabilidad. Que después no se quejen de lo que ocurra".
Por su parte, Francisco López Barcenas, abogado mixteco, consideró que la determinación de la Corte es "absurda, decepcionante, cómoda y aberrante", y "pone en tela de juicio su credibilidad".
La SCJN "no sólo cerró el camino al diálogo en Chiapas, sino que abrió la puerta a la eventual violencia", aseveró López Barcenas, asesor jurídico de municipios de Oaxaca y Jalisco que también presentaron recursos ante la máxima instancia jurídica del país.
"No le estábamos pidiendo que nos hiciera un favor, sólo que restituyera el orden constitucional, pero no lo quiso hacer y le dio la espalda a los pueblos indígenas", recalcó.
López Bárcenas lamentó que la SCJN le haya también "dado la espalda a todo el criterio jurídico, está dando un salto para atrás, y eso tendrá muchas repercusiones. Si la Corte no tiene facultades para resolver violaciones a un procedimiento de reforma a la Constitución les está permitiendo a los diputados y senadores que hagan lo que quieran con ella".
Calificó de preocupante la decisión de la Corte, porque "está cerrando todas las puertas para que las cosas en México se resuelvan pacíficamente o por la vía del derecho".
Los dos abogados indígenas coincidieron en resaltar que al acudir a la SCJN "le apostamos a la solución pacífica" y manifestaron su inquietud porque "en Chiapas no habrá posibilidad de reanudar el diálogo con las autoridades".
Adelfo Regino precisó: "Después de la firma de los acuerdos de San Andrés, el gobierno se comprometió a incorporarlos a la Constitución. El Ejecutivo no cumplió su palabra y el Poder Legislativo no estuvo a la altura. La pregunta que se hacen los pueblos es: Ƒqué camino nos dejan para que sean reconocidos nuestros derechos? La respuesta la tiene el Estado".
"La Corte alega que no está facultada para revisar el procedimiento de reforma constitucional, pero debió haber hecho un análisis integral de los artículo 103, 107 y 135 constitucionales, que sí la facultan. Con esto se repite la historia de colonialismo y discriminación que hemos padecido los indígenas. Lo que está en juego es la estabilidad política y social del país y de las comunidades indígenas", concluyó Adelfo Regino.
A su vez, López Bárcenas estimó que la decisión no sólo daña a los indígenas, "sino a todos los mexicanos, porque afecta las posibilidades en materia de defensa de los derechos humanos. Ahora, Ƒquién le va a creer al sistema jurídico mexicano, si la propia Corte se declara incompetente?"
Ambos abogados señalaron que sólo quedan las instancias internacionales para revertir el fallo de la Suprema Corte.
Lamenta Rosario Ibarra que la SCJN "ha terminado sirviendo al Ejecutivo"
En entrevista, Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka, cuestionó que "la Suprema Corte ha terminado sirviendo al Poder Ejecutivo".
La veterana luchadora por los derechos humanos advirtió que esta decisión "va a provocar una inconformidad tremenda a escala nacional porque son 15 millones de indígenas a los que se les niegan sus derechos. Es una parte de la patria a la que no quieren tomar en cuenta y les dan un trato como ciudadanos de quinta".
Indignada, Ibarra de Piedra criticó "al gobierno de Fox, porque sólo le interesa ir a adornarse con Mandela diciendo que respeta los derechos humanos, pero al mismo tiempo le ordena a la Suprema Corte rechazar la controversia constitucional indígena y retirar la controversia sobre los desaparecidos para otorgar impunidad a los responsables. No sé qué va a pasar en este país, donde no hay justicia ni respeto a los derechos más elementales. Es gravísimo".
Por su parte, Bárbara Zamora, asesora de varias comunidades indígenas que presentaron recursos judiciales contra la ley indígena, declaró que con esta decisión "la Corte demuestra que no resuelve con criterios jurídicos sino políticos. Queda claro que el Poder Judicial sirve a los intereses del gobernante en turno y no a los intereses del pueblo mexicano".
"En términos jurídicos está mal, porque no está resolviendo de acuerdo con la ley ni conforme a derecho. La resolución de la Corte no es legal. Ni siquiera analizó los argumentos de las comunidades indígenas. Es un error político que puede provocar un mayor deterioro en Chiapas y podría ser tomado como una aval a los grupos paramilitares", dijo Zamora.
Aclaró que "lo único que queda es apelar a las instancias internacionales".
Zamora concluyó: "los tres poderes del Estado demostraron que no están a favor de la paz en Chiapas ni de los derechos de los pueblos indígenas. El mensaje es claro".
