Hay millones de mexicanos en el olvido, indica

Padecemos democracia selectiva, expresa el gobernador oaxaqueño

RENATO DAVALOS Y VICTOR RUIZ ARRAZOLA REPORTERO Y CORRESPONSAL

El gobernador de Oaxaca, José Murat, quien presentó un recurso contra la reforma indígena, opinó sobre el rechazo de la Suprema Corte a las controversias contra la reforma indígena: "padecemos una democracia selectiva que redunda en una sociedad racista y clasista. Los mexicanos no podemos ni debemos seguir caminando, cuando millones de mexicanos han sido olvidados por todos''.

En una carta dirigida a la opinión pública, exhortó a las comunidades indígenas a seguir pugnando para que el derecho público no sea exclusivo de ciertas castas y determinados grupos.

La decisión del Poder Judicial "no es cosa juzgada", dijo.

En la Cámara de Diputados hay voces que buscan la reivindicación de los indígenas, agregó en alusión a la "reforma de la reforma" que promueven 180 legisladores en San Lázaro.

Murat, mandatario de la entidad con el mayor número de comunidades y población indígenas, expuso que es innegable que en el territorio nacional conviven el México de primera y el de segunda. ''No nos equivoquemos, no hagamos más grande esa brecha, evitemos que esas diferencias se ensanchen, porque de lo contrario podremos lamentarlo'''.

De las más de 330 controversias interpuestas contra la llamada reforma indígena aprobada por el Congreso en abril de 2001, 302 corresponden a municipios de Oaxaca.

La decisión de la Corte dejará atrás la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades del estado, aprobada en 1996, que no podrá estar por encima de la enmienda constitucional de abril del año pasado, pese a conjuntar una serie de principios por encima de ésta.

Entre esos preceptos que consagra la legislación oaxaqueña, figura el reconocimiento a los pueblos a agruparse para formar verdaderas "naciones indígenas"; define el concepto de pueblo, comunidad y nación de esas comunidades; protege los aspectos indígenas en territorios con recursos naturales, y los usos y justicia indígena.

Además, contiene un capítulo dedicado a las mujeres de las etnias y refiere que los indígenas son sujetos de derecho público, otorgándoles a las comunidades la decisión sobre sus recursos naturales.

Los hechos -añadió Murat- demuestran una vez más que los grupos indígenas carecen de opciones y que se les niega un futuro promisorio. El destino de estas comunidades es la incertidumbre frente a las condiciones de vida en las que continuarán.

No hay argumentos con sustento que impidan a las etnias del territorio integrarse a la sociedad. Tampoco hay razones para que esos pobladores continúen sometidos por carecer de un apoyo jurídico y todos aspiran a saber por qué no hay intenciones de sacar adelante a más de 10 millones de mexicanos que viven en la pobreza.

''La sociedad nacional espera respuestas adecuadas para conocer por qué la condena a marginación, hambre, miseria, atraso, explotación irracional, violencia y muertes por conflictos agrarios y forestales ancestrales. Ello demuestra que la democracia no ha llegado a estados como Guerrero, Chiapas, Campeche y Oaxaca''.