La decisión cancela la esperanza de lograr la paz y pagar la deuda histórica a indios, dicen

El fallo de la SCJN es una invitación a la violencia generalizada, consideran indígenas

Definirán los días 12 y 13 de septiembre en Chilpancingo la estrategia a seguir

ROSA ROJAS Y ALMA MUÑOZ

Declarar improcedentes las controversias constitucionales interpuestas por 322 municipios contra la reforma sobre derechos y cultura indígenas "cierra los caminos políticos y legales a los pueblos indios del país" para lograr el mínimo reconocimiento de sus derechos, consideraron diversas organizaciones al conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPORFM) manifestó que los ministros de la SCJN cometieron "otro error histórico" en contra de los pueblos indios de México y "decidieron la guerra" al rechazar el recurso legal de las controversias mostrando "su verdadero rostro: excluyente, racista y de subordinación a los intereses del gran capital. En pocas palabras, su decisión es una invitación a la violencia generalizada y el paso a un estallido social de gran envergadura", pues se cierra la posibilidad de alcanzar la paz y pagar la deuda histórica con los pueblos indígenas.

En un comunicado firmado por Reyna Pérez, Gonzalo Santiago, Celia Martínez,
Cesar Chávez y Raúl Gatica, el CIPORFM añade: "No nos queda más que ejercer en la práctica cotidiana nuestros derechos como pueblos, como la libre asociación, autonomía, autogestión, defensa de nuestras raíces y de nuestros recursos naturales por las vías pacíficas, aunque estas sean enmarcadas dentro de las "leyes como ilegales".

Algunos grupos como Servicios del Pueblo Mixe (Ser), de Oaxaca, y el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG-500), expresaron que tenían "cierta esperanza" de que la resolución de la SCJN fuera favorable a los indios.

Otras, como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), de Oaxaca, consideraron que "era previsible que la SCJN iba a responder en esta forma", dado que se negó a tomar en cuenta una serie de pruebas que se le quisieron presentar. "La Corte actuó dentro de una perspectiva blanca y racista", indicó Carlos Beas, coordinador de comisiones de esta organización social.

Las contradicciones de la SCJN

Carlos Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), consideró que "definitivamente se cierran los caminos políticos y legales para los pueblos indios y se ponen las cosas en una tesitura muy difícil. Me imagino que los amparos van a correr la misma suerte; es un poco absurdo lo que está diciendo la SCJN porque en una instancia inferior, ante un tribunal colegiado, te puedes amparar contra un lineamiento constitucional que afecte tus garantías, es el caso de Manuel Camacho; ¿cómo es posible que ahora en este caso se declare incompetente?

Agregó: "es imprevisible lo que vaya a suceder, pero estoy seguro de que no se va a fortalecer la gobernabilidad en este país sino todo lo contrario; hay serios enfrentamientos entre la realidad y el desfase de la realidad que con esto queda asentado en la Constitución".

El priísta Enrique Ku Herrera, dirigente de la organización Movimiento Indígena Popular, consideró que la SCJN "radicalizó la demanda de los pueblos porque los están expulsando del desarrollo. La Corte los marginó y excluyó de sus derechos como mexicanos. Otra vez evidenciamos que somos una sociedad excluyente y racista." En síntesis, remató, "mató la esperanza de garantizar la igualdad entre los desiguales".

Marcos Matías, ex director del Instituto Nacional Indigenista y actual miembro del Foro Permanente de Pueblos Indígenas en la ONU, vislumbró un retorno "a lo que se vivió en enero de 1994". Subrayó su preocupación ante la posibilidad de que otros movimientos busquen caminos beligerantes, "especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde la situación de por sí es conflictiva".

Oscar Banda, de la organización Yax' Kin, manifestó que la decisión de la Corte es un "golpe político" para los indígenas. Además, "creará tensiones entre organizaciones no gubernamentales y el gobierno federal". Resaltó que su organización propondrá a otros grupos similares presentar una queja contra el gobierno federal por el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para dejar constancia de que la lucha por los derechos indígenas no ha culminado.

Acudirán a instancias internacionales

Otras organizaciones consultadas también coincidieron en que ahora sólo quedan las instancias internacionales, como la comisión y la corte interamericanas de derechos humanos y la OIT.

Amador Cortés, del CG-500, manifestó que esta decisión de la SCJN "es grave, pues nos mete en el agua helada, porque las leyes deberían avanzar para que velen por un desarrollo pacífico entre los pueblos de México. Al parecer era una línea política de los magistrados".

"Es aberrante además -agregó-, porque la resolución está ligada con la decisión política del Estado mexicano; ¿adónde tenemos que ir si en México no existen leyes para apelar por nuestros derechos? Es una posición de la ultraderecha que cierra la puerta, nos ignora, sentimos que (la SCJN) era una ventanilla por la que podría avanzar el mínimo reconocimiento de existencia de multiculturalidad del pueblo, pero con esta decisión se canceló el anhelo de vivir en paz con dignidad; seguiremos construyendo la multiculturalidad desde la perspectiva de los pueblos indios, ya que las leyes no sirven".

Se hicieron humo las esperanzas

En el CG-500 "esperábamos una respuesta favorable de la SCJN. Me sorprende muchísimo que no tengan una mínima sensibilidad para reconocer nuestra existencia como pueblos indígenas. En el Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, a realizarse el 12 y 13 de septiembre en Chilpancingo, las organizaciones y pueblos indígenas vamos a tomar decisiones sobre este hecho, ya que se trata de un tema de interés nacional", agregó Cortés.

Sofía Robles, de Ser, comentó: "había cierta esperanza en que iba a lograrse algo, en que la Corte iba a asumir su papel, pero realmente es una decepción muy grande ésta que estamos recibiendo y que como se ha dicho se tendrán que tomar otras medidas y sobre todo creo que los pueblos tienen que seguir firmes en la forma en que se han mantenido desde siempre".

Ahora, apuntó, las instancias internacionales son el camino para hacer explícito lo que está pasando aquí. Será necesario acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "insistir ante la OIT en que se está violando un derecho y no estamos siendo atendidos como debía de hacerse; eso de que la SCJN no puede revisar lo que haga el Congreso y los poderes legislativos de los estados, entonces ellos pueden seguir haciendo lo que sea y nadie les puede decir nada. Es grave que dentro de la instancia nacional no tengamos con quien quejarnos ni quien nos haga justicia".

Beas, por su parte, subrayó que sigue siendo una asignatura pendiente reconocer los derechos y la cultura de los pueblos indios en los términos de los acuerdos de San Andrés; "se van a tener que impulsar y realizar nuevas oleadas de movilización de las organizaciones indígenas, porque este es un reclamo que tiene raíces profundas. Seguiremos impulsando acciones para que los acuerdos se cumplan".

Por un lado "era previsible la cargada en la legislatura que aprobó la ley indígena, y por otro la sentencia que emitió la SCJN, porque al final de cuentas lo que se está ventilando en el fondo es el control sobre los recursos estratégicos que están en los territorios indígenas. De hecho, de muchas maneras se ha denunciado la disputa por agua, por petróleo, recursos minerales y biodiversidad, está en el fondo la disposición del Estado para entregarlos en manos de particulares".