Exhuman restos de la matanza de Copapayo
En 1983, el ejército salvadoreño asesinó a 150 personas; familiares de víctimas quieren "darles cristiana sepultura''
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La Escopeta, El Salvador, 4 de septiembre. Un tic nervioso sacude el ojo derecho de Alfonso Sosa cuando recuerda la matanza de decenas de campesinos en el centro de El Salvador en la década de 1980.
Entre los asesinados por el ejército se hallaban los tres hijos adolescentes de este curtido campesino de 67 años, quien el miércoles ayudaba a médicos forenses a remover la tierra en busca de osamentas de las víctimas.
Unas 150 personas murieron en lo que se conoce como la matanza de Copapayo, cometida en 1983 por soldados del batallón Atlácatl -entrenado en esa época por Estados Unidos en operaciones de contrainsurgencia-, según denuncias de sobrevivientes al Centro de Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec.
''Fue terrible... pero lo que más me consolaba era haberlos enterrado, pues los chuchos (perros) los arrastraban", dijo Sosa al recordar la masacre.
En dos de las sepulturas colectivas que Sosa excavó en una sola de las cimas del cantón La Escopeta, fueron enterrados unos 20 cadáveres, entre ellos un hijo de 14 años.
''Aquí enterré como a 20, allá abajo fueron más", dijo al señalar una arboleda donde antes hubo una casa rural en la que los militares concentraron a unas 40 víctimas para ametrallarlas, pues en esa época aplicaban la táctica de tierra arrasada.
Recordó que en la casa encontró a ''muchas señoras abrazadas en la agonía de la muerte''. El lugar es conocido como cantón San Nicolás. El resto de las víctimas fueron asesinadas en el caserío de Copapayo, a unos 3 kilómetros del lugar.
Cuando algunos pobladores regresaron al sitio, casi tres semanas después del 3 y 4 de noviembre de 1983, en que ocurrió la masacre, todavía se escuchaban tiroteos en las áridas elevaciones de la zona, unos 70 kilómetros al noreste de San Salvador.
''Ahí están los caites (zapatos) de uno de mis tíos'', dijo señalando los restos de osamentas, ropa, vainillas de fusil M-16 y otros objetos encontrados en el primer día de excavaciones que dirige la juez de Cinquera, Juana Solórzano.
La exhumación fue ordenada por Solórzano ante una petición de familiares de las víctimas que quieren ''darles cristiana sepultura'', pues no han demandado justicia para castigar a los culpables.
Una ley de amnistía de 1993 impide
que se castigue a los que ordenaron o realizaron asesinatos colectivos durante el conflicto, que en más de una década cobró 75 mil vidas.
Tierra arrasada
Nayda Acevedo, asesora legal del Centro de Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec, dijo que se dieron a la tarea de concretar la petición de los familiares para enterrar los restos de las víctimas, y si ellos lo desean "dar a conocer la verdad".
''Hubo bombardeos y tropas terrestres que aplicaron la tierra arrasada, matando a la gente a quemarropa y a otros con diataganes (bayonetas)", dijo Acevedo al recordar testimonios de sobrevivientes.
Uno de ellos, Inés Sosa, de 59 años, dijo que los militares mataron a su mujer, 10 hijos y su madre cuando ametrallaron la pequeña embarcación en que pretendían huir.
Sosa, primo de Alfonso, dijo que con su familia acompañaban a los ex guerrilleros y que sobrevivió permaneciendo un día escondido bajo las plantas acuáticas del lago Suchitlán, embalse de la presa hidroeléctrica Cerrón Grande.
''Es duro ver que están matando a la familia (...) vi cómo los ametrallaron y cayeron al agua", dijo.
La mayoría de los sobrevivientes huyeron y fueron a centros de refugio como Mesa Grande, en Honduras, de donde no retornaron hasta 1987 y en todos esos años han estado pensando en recuperar las osamentas de las víctimas y sepultarlas, aunque nunca las olvidaron y cada año han puesto flores en el día de difuntos.
