Las negociaciones entre PRI, PAN y PRD para renovar la mesa directiva de la Cámara de Diputados fracasaron definitivamente. El plazo para acordar el relevo a la actual mesa directiva concluyó ayer a las 12 del día sin que se alcanzara acuerdo alguno. Beatriz Paredes Rangel encabezará hasta el cinco de septiembre este cuerpo de gobierno y responderá el segundo Informe del presidente de la República, Vicente Fox.

Es cierto que el desaguisado no paraliza el funcionamiento de la Cámara de Diputados pero lastima inútilmente a un poder que desde hace tiempo resiente fuertes críticas. Más aún, si ese acuerdo no tiene que ver con asuntos sustantivos sobre los cuales se deba legislar sino sobre cuestiones de procedimiento, ¿cómo podrán explicar los diputados a sus votantes que no pudieron pactar quién responderá el Informe?

En los últimos meses se ha difundido en muchos medios de comunicación la imagen de una Cámara de Diputados severamente dividida, incapaz de legislar de acuerdo a las necesidades del país, empeñada en frenar las iniciativas presidenciales, integrada por representantes que perciben altos ingresos y se encuentran distanciados de sus votantes. Aunque algunos de estos señalamientos son justificados, otros no lo son; en la fabricación de esta percepción se encuentran los intereses de aquellos que quisieran un Legislativo dócil a la línea del Ejecutivo.

El descrédito que ante la opinión pública provoca la división de los legisladores, los coloca en franca desventaja frente al Presidente de la República. El Informe presidencial debiera ser un momento clave en la relación entre poderes que, teóricamente, deben equilibrarse. Un Congreso que no puede alcanzar un acuerdo mínimo en una cuestión de procedimiento tendrá enormes dificultades para servir de contrapeso legítimo a los otros poderes en asuntos de fondo. Una situación así provoca que, por más justificados que sean los señalamientos críticos que los diputados hagan a la gestión presidencial, éstos pierdan autoridad.

Es por ello que no deja de llamar la atención el que PRI, PRD, PVEM y PT responsabilicen del fracaso al "empecinamiento de los panistas". El PAN, que es el partido del gobierno a pesar de las diferencias que pueda tener con el Ejecutivo, llegó a la negociación con la exigencia de ocupar la presidencia de la mesa directiva y responder al Informe sin ofrecer nada a cambio. Este comportamiento reventó cualquier posibilidad de llegar a un consenso.

Diversos sondeos de opinión han mostrado que una gran cantidad de la población no tiene interés alguno en el Informe presidencial. Tal actitud no puede sólo explicarse a partir de la distancia de la ciudadanía con los asuntos públicos. El desapego por lo que sucede en las instituciones representativas tiene que ver también con las rebatiñas de los políticos profesionales por asuntos insustanciales para las grandes mayorías.