El consorcio, empujado a la bancarrota después de seis años en manos privadas

JASON NISSE THE INDEPENDENT

El funcionario de British Energy estaba exasperado. "Nuestro caso no es como el de Railtrack", exclamó, aludiendo a la empresa ferroviaria en bancarrota. Pero no es eso lo que muchas personas creen, entre ellas altos funcionarios del Departamento de Comercio e Industria.

Las acciones de British Energy llegaron la semana pasada a la menor cotización de su historia -54 peniques, 93 por ciento menos que su valor más alto después de la privatización- y los analistas de la City, el centro bursátil londinense, calculan que el consorcio requerirá pagar 450 millones de libras esterlinas en los próximos meses, todo lo cual induce a preguntarse si podrá evitar el colapso. Esta semana, The Independent tuvo conocimiento de un plan secreto, cuyo nombre en clave es Proyecto Azul, ideado por funcionarios del Departamento de Comercio e Industria bajo la dirección del experto nuclear Stephen Spivey, mediante el cual British Energy pasaría de nuevo a propiedad del Estado, movimiento que costaría al gobierno al menos 500 millones de libras.

¿Cómo es que British Energy, privatizada hace seis años con una dotación de algunas de las plantas nucleares más modernas y eficientes de Europa, y que genera la cuarta parte de la electricidad de Gran Bretaña, se encuentra hoy al borde del precipicio?

Los Nuevos Acuerdos Comerciales Eléctricos (NETA, por sus siglas en inglés) representaron una reforma de la industria eléctrica de Inglaterra y Gales que supuestamente abriría el mercado a la competencia y reduciría las tarifas domésticas, como antes había ocurrido con el mercado del gas. El problema es que el sistema no ha funcionado como debía, y British Energy está resintiendo lo peor del embate.

Los NETA, presentados a principios del año pasado, crearon un mercado de electricidad al mayoreo que permitió a minoristas como London Electricity, TXU y British Gas obtener el mejor precio de las empresas generadoras (entre ellas muchos distribuidores como el propio TXU y Powergen, pero también los consorcios British Energy y AES, que no venden al público).

Sin embargo, los NETA están plagados de problemas.

Uno está relacionado con el fracaso de Enron. Como era la comercializadora más grande del mundo en contratos eléctricos, su derrumbe abrió un hoyo en el mercado. Otros rivales estadunidenses como Dynergy, Entergy y Aquila Energy no han querido llenar el hueco o no tienen la capacidad financiera para ello. Esto significa que no se pueden poner en práctica algunas de las innovaciones de los NETA, por ejemplo la adquisición de derivados energéticos por parte de las compañías generadoras para hacer frente a dificultades como el cierre de la planta Torness de British Energy, a principios de este mes.

Otro es que empresas como TXU, London Energy o EON, la firma alemana propietaria de Powergen, pueden hacerse compras entre sí, con lo cual retiran su electricidad del mercado. Así, pese a la caída de 33 por ciento ocurrida en los precios al mayoreo de la electricidad en los dos años recientes, la esperada baja de tarifas al público aún no se ha presentado.

Estas dificultades, junto con otros asuntos relacionados con los NETA, han hecho que British Energy obtenga apenas 16 libras por megavatio hora (MWh), en comparación con el precio de 27 libras por MWh que se preveía cuando fue privatizada, y con las 21 por MWh que se requerirían apenas para salir tablas. El grupo perdió 493 millones de libras antes de impuestos el año pasado, de los cuales 300 millones están directamente relacionados con desventajas originadas por los NETA.

El caso de Ontario

Por lo menos la filial canadiense, que British Energy adquirió cuando gozaba del favor de la City, está operando satisfactoriamente, con una ganancia de 37 millones de libras que fue un punto luminoso el año pasado. Sin embargo, el mercado energético de Ontario fue desregulado en mayo, un año después de lo previsto. La firma británica dice tener contratos por adelantado para cinco años, los cuales la aislarán de cualquier caída de los precios de la energía en Canadá a corto plazo; que sus plantas producen energía a costo mucho menor que en Gran Bretaña y que espera adquirir una empresa comercializadora para afrontar los problemas de largo plazo. La City no está convencida.

En cuanto a cierres, la crisis reciente causó el de la planta generadora de Torness, en Escocia, después de que se rompieron dos de las 16 turbinas de circulación de gas. Esto condujo a su vez a realizar verificaciones de seguridad en otro reactor de diseño similar, el de Heysham, que podría quedar fuera de operación durante dos meses. El costo combinado de estos problemas podría ascender a 80 millones de libras y, a causa de las condiciones de los seguros en Gran Bretaña, que se detallan más abajo, podría recibir sólo 10 millones por este daño. Los observadores de la compañía están inquietos, sobre todo a raíz de que cometió la tontería de adelantar el cierre de la planta de Dungeness, en Kent, lo que indujo a concluir que había algún problema ahí. British Energy ya no está en condiciones de permitirse siquiera otro acceso de hipo.

Por lo que se refiere al desperdicio, mediante un acuerdo firmado en el momento de la privatización, British Energy paga al organismo público Combustibles Nucleares Británicos (BNFL, por sus siglas en inglés) 300 millones de libras al año para reprocesar el plutonio usado procedente de sus reactores. La empresa lo considera un desperdicio de dinero, pues nadie desea plutonio reciclado y aplicar ese tratamiento a los residuos cuesta cuatro veces más que cavar un hoyo profundo y enterrarlos, como se hace en Norteamérica y en la mayor parte de Europa.

Sin embargo, parece que no hay forma de poner fin al contrato, en particular porque British Energy es el mayor cliente de BNFL, que el gobierno pretende privatizar. Si se crea la propuesta autoridad administradora de responsabilidades, que tendría a su cargo todos los asuntos referentes a desperdicios nucleares en Gran Bretaña, hay la preocupación de que British Energy terminaría pagando más dinero en vez de menos. Un informe reciente del experto nuclear Mike Sadnicki sugiere que el consorcio podría estar incurriendo en una responsabilidad adicional de 5 mil millones de libras por este concepto, cifra que la empresa considera "fantasiosa".

En busca de reducir tarifas

Según informó The Independent a principios de este mes, British Energy cabildea para que se reduzcan las tarifas que se le aplican, pues alega que paga 14 mil libras esterlinas por megavatio al año para sus estaciones de energía, en comparación con las 9 mil 500 que pagan las estaciones de gas o carbón o las 3 mil que se cobran a los viejos reactores propiedad de BNFL. Desea un "campo de juego parejo" y señala que si pagara lo mismo que las generadoras de gas y carbón ahorraría 25 millones de libras al año.

Otro aspecto es el de los seguros. Después del 11 de septiembre, al grupo energético le resultó prácticamente imposible contratar seguros para sus reactores y el gobierno tuvo que intervenir. Este problema se ha aligerado y sólo ha conducido a una elevación de 7 por ciento en las pólizas, hasta unos 25 millones de libras al año.

Sin embargo, asoma a la esquina un nuevo contratiempo. Conforme a los términos de la privatización, el consorcio debe absorber sólo los primeros 200 millones de euros (126 millones de libras) por daños en caso de desastre y el resto es cubierto por el gobierno. Ahora, según un convenio internacional, ese límite se elevará a 700 millones de euros.

La empresa rehúsa revelar cuánto más le costará este cambio, pero la aseguradora industrial British Nuclear Insurers señala que, si bien "la póliza no se triplicará, sí se elevará para tomar en cuenta el incremento del riesgo".

Según la consultora Schroder Salomon Smith Barney, British Energy tendrá este año un desfasamiento del flujo de efectivo de unos 342 millones de libras. También tiene un bono de 110 millones que vence en marzo próximo. La empresa sencillamente no tiene 450 millones de libras en su cochinito para hacer frente a esos compromisos. Y con un valor de mercado de menos de 400 millones de libras, no podrá obtener ese dinero de la City.

Los funcionarios de la empresa aseguran contar con planes de contingencia, pero se niegan a explicarlos. Ahora que las principales agencias se disponen a recortar su calificación crediticia, al grupo le resultará difícil y oneroso emitir bonos, y se habla de que no será capaz de cumplir a tiempo con préstamos por 850 millones de libras.

En fin, que el Proyecto Azul podría ponerse en marcha antes de lo que pensábamos.