QUE SE HAGA JUSTICIA
Ayer,
ante la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la
secretaria general de ese organismo, Elba Esther Gordillo, rompió
finalmente el silencio público en el que había permanecido
en días recientes y afirmó que no ordenó la ejecución,
en 1981, del profesor Misael Núñez y que recurrirá
a todas las instancias legales para demostrar su inocencia. Al mismo tiempo,
pidió el cese del "canibalismo" en su contra y se dijo agraviada
porque desde "su casa" (refiriéndose, cabe suponer, al PRI) la han
acusado de un crimen que, reitera, no ha cometido.
De las palabras de la dirigente priísta podría
deducirse que se encuentra convencida de que el germen de las acusaciones
en su contra se encuentra en su partido. El propio presidente del PRI,
Roberto Madrazo, arropó ayer a Gordillo e instó a sus correligionarios
a "cerrar filas" ante las agresiones "de adentro y de afuera", y advirtió
-acaso como una confesión involuntaria- que deben defenderse mutuamente
porque "mañana podría ser cualquiera de nosotros" el que
resultase inculpado.
En todo caso, como se ha informado en este diario, las
acusaciones recientes contra Gordillo tienen un origen conocido: fue Carlos
Jonguitud Barrios quien, por su propia decisión, recordó
la presunta relación de la actual secretaria general del PRI con
los crímenes del 30 de enero de 1981. Tras estas declaraciones,
familiares de las víctimas, líderes y organizaciones sindicales,
así como diversas voces del ámbito político y social
han manifestado su opinión sobre estos hechos y, quienes así
lo juzgaron pertinente, presentaron denuncias ante las autoridades competentes.
Empero, si en el PRI se ha desatado una lucha de poder,
tal circunstancia no guarda relación con la necesaria clarificación
de los hechos y las responsabilidades en torno al asesinato de Núñez.
Por respeto a la memoria de las víctimas y a sus familiares; por
la obligación jurídica y moral de las autoridades de hacer
valer el estado de derecho y desmantelar las redes de complicidad e impunidad
que impidieron que, hace más de 20 años, se hiciera justicia
en este caso, y por la conveniente revalorización de quienes, desde
el magisterio democrático y otros movimientos sociales, contribuyeron
al desarrollo político del país, el crimen que arrebató
la vida a Núñez debe ser cabalmente esclarecido, sin importar
quiénes resulten responsables.
Tienen razón los mentores democráticos que
presentaron la denuncia contra Gordillo y Jonguitud cuando afirman "que
la transición democrática no puede estar en manos de gente
descalificada moralmente para poder expresarse ante la sociedad mexicana".
En consecuencia, corresponde a los tribunales dilucidar
si Gordillo y Jonguitud tuvieron relación con los asesinatos del
30 de enero de 1981. Que cada una de las partes implicadas presente las
pruebas que acreditan sus alegatos y que, en estricto apego a la legalidad,
a las garantías constitucionales y al estado de derecho, sea la
justicia la que exculpe o aplique el castigo que corresponda. Por el bien
de la nación, este doloroso episodio de la guerra sucia del régimen
y sus estamentos sindicales contra el magisterio democrático no
debe permanecer un día más en la impunidad y el olvido.