Mediante amenazas a disidentes ha mantenido el control sobre el sindicato del Metro

La intimidación, recurso constante de Espino

La impunidad, otra característica de su gestión: Frente de Trabajadores Democráticos

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

En la foto, Fernando Espino Arévalo, dirigente del Sindicato Metropolitano del Sistema de Transporte Colectivo (STC)-Metro, camina flanqueado por Humberto Gutiar Tobón a su izquierda y por Ruperto Martínez, El Mexicano, a su derecha, momentos antes de reprimir una manifestación del Frente de Trabajadores Unidos del Metro, la tarde del 25 de febrero de 1994 en la Plaza de la Constitución.

A ocho años de la agresión, José Guadalupe Castro González, uno de los líderes del Frente, quien en aquella ocasión tuvo que ser internado en el hospital Rubén Leñero por las lesiones que sufrió, recuerda que Espino Arévalo ordenó el desalojo, en la estación Cuitláhuac del Metro, de un tren que había salido de la terminal Cuatro Caminos de la línea 2, para conducir a sus "golpeadores" al Zócalo. Esa fotografía, junto con otras seis, fue integrada en el expediente de la denuncia penal por lesiones que en su momento se inició en contra del dirigente sindical en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual actualmente se encuentra en reserva.

Se trata, sin embargo, de una denuncia de varias, pues durante el tiempo en que Espino Arévalo ha permanecido al frente del sindicato, o como su líder moral en el puesto de asesor del comité ejecutivo general, han sido una constante los actos de represión, intimidación y despido de trabajadores disidentes.

También la impunidad ha sido una constante, señalaron integrantes del Frente de Trabajadores Democráticos del Metro, al extremo de que uno de los principales operadores de Espino, Carlos Daniel Martínez, ocupa actualmente un cargo administrativo en el STC, en el área de modernización de trenes.

Carlos Daniel se encargaba de "ponerle cuatros" a los trabajadores disidentes para despedirlos, con la complacencia de las autoridades. Sin embargo en la mayoría de los casos estos despidos se han revertido contra la empresa, pues los laudos del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje han ordenado la reinstalación de los trabajadores y el pago de salarios y prestaciones que se dejaron de devengar durante el tiempo que duró el proceso.

Un caso que costó al STC más de 100 mil pesos es el de Jorge Santibáñez, empleado de los talleres en Zaragoza, a quien el delegado sindical Domingo Arleguín acusó de estar ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando el jefe de la sección de mecánica, por instrucciones de Carlos Daniel, ordenó que le ofrecieran la bebida. No obstante que ni siquiera probó el alcohol, le levantaron un acta administrativa. Fue llevado al servicio médico, donde el doctor que lo examinó confirmó que no había ingerido bebida embriagante, pese a lo cual lo despidieron "por trabajar en estado inconveniente". Santibáñez llevó el caso al tribunal y lo ganó.

Espino Arévalo se ha valido del sindicato también para agredir a sus adversarios políticos; así, por ejemplo, en agosto de 1991 el entonces candidato a diputado federal por el Partido Popular Socialista para el distrito 37 del DF, José Remedios Maldonado Sotelo, fue agredido por varios sujetos -identificados como gente del líder del Metro, quien competía por el mismo distrito- cuando colocaba propaganda en la Unidad Modelo, sobre la calzada Ermita Iztapalapa.

También la consejera del PRD en el mismo distrito electoral, María del Refugio Luna García, denunció haber recibido llamadas telefónicas en las que le advirtieron que la golpearían y la matarían si seguía haciendo labor proselitista y denunciando irregularidades como las que se detectaron en el padrón electoral.

Luna García y los candidatos perredistas a diputados y a la entonces Asamblea de Representantes por el distrito 37, José Luis Hernández Jiménez y Gloria Duarte, denunciaron que unos 300 trabajadores del Metro que no pertenecían a dicho distrito estaban inscritos en el padrón.

El ex dirigente del sindicato Horacio Esparza Jaramillo permaneció más de dos años y medio en la cárcel, acusado por el sindicato de Espino de robo y daño en propiedad ajena, luego de que le disputó en las elecciones internas del 2 de julio de 1987 la secretaría del trabajo en una de las planillas y, pese a que ganó por considerable mayoría, el resultado fue desconocido. Trabajadores inconformes protestaron y se enfrentaron a golpeadores de Espino. El sindicato acusó a Esparza de causar destrozos en 16 vehículos y en mobiliario, y de saquear las oficinas, valuando los daños en casi 3 millones de pesos.

A diferencia de las numerosas denuncias contra Fernando Espino, la presentada contra su adversario sí procedió, en un proceso que el acusado calificó de "amañado" desde el Ministerio Público. Al final fue absuelto por el juez y puesto en libertad.