Ayer, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, afirmó que, en la perspectiva del gobierno federal, la construcción de una nueva terminal aérea para el valle de México ha perdido prioridad, y que las autoridades se tomarán su tiempo para decidir cuándo y dónde construir el aeropuerto que no será erigido en Texcoco.

Como se ha señalado en este espacio, la rectificación emprendida por la presidencia de Vicente Fox al respecto, así como la anulación del decreto expropiatorio que afectaba a los ejidatarios de San Salvador Atenco, fueron decisiones sin duda difíciles, pero ciertamente merecedoras del reconocimiento y el respaldo social, toda vez que manifestaron buena disposición de las autoridades a atender y entender los reclamos sociales. Pero, sin ánimo de achicar ese reconocimiento, lo declarado ayer por el titular de la SCT no es un buen indicio de claridad gubernamental. Dijo Cerisola que, a consecuencia de los atentados terroristas sufridos en Nueva York y Washington hace casi un año, las operaciones de tráfico aéreo han disminuido, y que ello ofrece un margen adicional de tiempo para construir la nueva terminal, un plazo "de dos a tres años (...) antes de que el aeropuerto de la ciudad de México llegara a la saturación". El argumento es débil, porque la indiscutible reducción del tráfico aéreo provocada por los ataques del 11 de septiembre ocurrió mucho antes de que el gobierno mexicano diera por cancelada la obra en Texcoco.

En otro sentido, es preocupante que, en tiempos en que las autoridades federales se quejan de la falta de liquidez y de recursos, se hayan invertido 60 millones de pesos en el proyecto Texcoco, suma a la que es necesario añadir las indemnizaciones gubernamentales a las seis empresas que participaron en la elaboración del plan maestro. Cerisola arguyó que los documentos y estudios generados pueden ser útiles en el nuevo proceso de toma de decisiones, pero si éste ocurre de aquí a tres años, es evidente que tales documentos serán obsoletos y que será preciso repetir los estudios pertinentes.

Sea como fuere, cabe esperar que en la nueva localización del aeropuerto metropolitano confluya, además de los análisis técnicos pertinentes, un intenso trabajo político de consulta a los sectores económicos y sociales involucrados y de generación de consensos, a fin de evitar una redición del conflicto social generado, de manera por demás inútil, en San Salvador Atenco. Sería deseable, asimismo, que el gobierno federal se desempeñara en este tema, con plena transparencia, y que ofreciera a la sociedad todos los elementos de información sobre las ubicaciones posibles de la terminal aérea, con sus ventajas y desventajas, así como sobre la urgencia real de la obra.