Luis Javier Garrido

Los paramilitares

La violencia represiva se manifiesta en Chiapas de nuevo con toda intensidad, consecuencia de la decisión del gobierno federal de imponer a toda costa el Plan Puebla-Panamá (PPP), pero en vísperas de su segundo Informe Vicente Fox pretende negar su responsabilidad en lo acontecido.

1. Las formas de represión estatal son hoy más complejas, pero nadie puede dudar de la responsabilidad directa del gobierno foxista en lo que acontece en Chiapas, y la situación se tensa peligrosamente luego de la marcha de protesta de más de 18 mil indígenas en San Cristóbal contra el PPP, hoy proyecto central del foxismo.

2. En declaraciones reiteradas Fox ha expresado que no es ni será represor (16 de agosto), pero los hechos lo están desmintiendo, y la escalada de la violencia en Chiapas lo ponen a él y a las fuerzas armadas en entredicho.

3. El activismo propagandístico de Fox ha evidenciado su falta de interés en los asuntos de Estado y sus limitaciones, y entre éstas su temor a no tener ascendencia en las fuerzas armadas, a las que ha buscado cortejar, pues ha sido el presidente mexicano que ha encabezado más actos con los militares en sus dos primeros años de gobierno, signo inequívoco de su debilidad, habiéndoles otorgado en el presupuesto trato preferencial en vistas de que sigan cumpliendo el mismo papel que los pasados gobiernos priístas les hicieron desempeñar como brazo represivo del Ejecutivo (Proceso 1346), y su papel está otra vez en entredicho por lo que acontece en Chiapas.

4. El gobierno foxista habló durante dos años de "la transición" y es muy significativo que en este periodo no se planteara que esta noción debería haber significado para él respetar el estado de derecho, lo que tratándose del Ejército significaría que debió haber obligado a ceñirse a lo establecido por el artículo 129 constitucional, es decir, que en tiempos "de paz", como los actuales, "ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Sin embargo, el gobierno foxista, que ha sido más de continuidad que de ruptura, en diversas ocasiones refrendó a las fuerzas armadas el papel inconstitucional que desempeñaron durante el régimen priísta, haciéndolas actuar como policía judicial (o ministerial, como la llaman ahora), Ministerio Público y hasta autoridad agraria, educativa o de salud, y eso sigue latente no sólo en Chiapas.

5. "La transición", en la que nadie terminó de creer, para Fox significó la posibilidad de garantizar plena impunidad a los militares por los crímenes que hubiesen cometido en el pasado, incluyendo Tlatelolco. Y para garantizarlo, en una decisión a todas luces ilegal, en 2000 nombró procurador general de la República a un militar, al general Rafael Macedo de la Concha, quien fuera señalado por estar coludido en actos ilícitos, y que una vez en el cargo todos los días hace gala de su ignorancia, pero cuya responsabilidad central es cuidar la espalda a los militares que hubiesen delinquido en la lucha contra movimientos sociales o en el combate al narcotráfico. No sorprende que, cuando en 2001, Fox determinó saldar las cuentas con el pasado, y creó una fiscalía especial dependiente de la PGR para investigar los crímenes oficiales, ésta se abocó a lo acontecido en 1968 y en 1971, y sin fundamento los militares resultaron inocentes de antemano.

6. "La transición", de la que tanto se ufanó Fox, no llegó al Ejército, mucho menos a las decenas de miles de militares que mantuvo en Chiapas, y a los que ordenó disimular su presencia para aparentar que cumplía con una de las tres señales demandadas por el EZLN para reanudar el diálogo. De haber tenido vocación democrática, autoridad moral y política, desde el 1Ɔ de diciembre de 2000 Fox habría retirado a los militares de la entidad para reafirmar su respeto a la Constitución y a la Ley para el Diálogo del 11 de marzo de 1995 y como prueba de buena fe, pero no lo hizo y las consecuencias están a la vista. Los grupos paramilitares del priísmo, que según se denunció en múltiples oportunidades han sido no sólo preparados por las fuerzas armadas, sino que además son protegidos por los oficiales destacados en Chiapas, han vuelto a actuar, y todo hace suponer que ha sido con la protección militar.

7. La responsabilidad del gobierno federal en la escalada de violencia en Chiapas, que culminó con el homicidio de José López Santiz, miembro de las bases zapatistas de Altamirano (7 de agosto), y con el ataque de 200 miembros o simpatizantes de la OPDIC a las bases de apoyo del EZLN en las cañadas de Ocosingo, donde se efectuaba un acto contra el PPP (18 de agosto), es inocultable, sin pasar por alto la del gobierno estatal. Es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que está impulsando el PPP en Chiapas contra la voluntad de las comunidades, son las fuerzas armadas las que encubren a los paramilitares y es la PGR la que mantiene un marco de impunidad al negarse a investigar los delitos federales de estos grupos.

8. El informe de la tercera visita de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en Chiapas (CCIODH), que visitara la entidad del 16 de febrero al 3 de marzo pasados, y que recientemente fuera entregado tanto a las comunidades como a las autoridades mexicanas, es muy claro en ese aspecto, pues recuerda que Chiapas "continúa militarizado", que la población indígena sigue "siendo víctima de la masiva presencia militar" y que los grupos paramilitares "no han sido desarmados ni desarticulados" y que "ni siquiera han sido recuperadas las armas utilizadas en la matanza de Acteal".

9. La responsabilidad del gobierno de Fox en lo que acontece en Chiapas es muy evidente, tanto por su negativa a cumplir los acuerdos de San Andrés y su apoyo a la contrarreforma indígena, como por las violaciones de su gobierno al orden constitucional de la República, y ahora por su torpe decisión de pretender imponer a las comunidades chiapanecas el modelo neoliberal mediante el PPP y buscar quitarles no sólo sus tierras, bosques y ríos, sino destruir su modo de vida y su cultura, y muy difícilmente podrá escamotearla en su segundo Informe al Congreso.

10. La resistencia de los pueblos indios lleva miles de años, y eso es algo que Fox muy difícilmente podrá entender.